Primeros avances de la educación inclusiva para personas con discapacidad en el país

Desde este año, los más de dos millones de colombianos con limitaciones físicas, mentales, sensoriales o múltiples pueden estudiar en los mismos centros educativos que el resto de la población pero con garantías especiales para su aprendizaje. Aquí, los avances, el funcionamiento y los retos del proceso.

Linda Rueda De la Hoz
05 de abril de 2018 - 10:00 a. m.
Imagen de referencia. / Getty Images.
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“La discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Yo mismo he sufrido una neuropatía motora durante la práctica totalidad de mi vida adulta, y no por ello he dejado de desarrollar una destacada carrera profesional como astrofísico y de tener una feliz vida familiar” -  Stephen W Hawking.

 

La educación es un derecho fundamental. Eso incluye niños, niñas y jóvenes sin distingo de etnia o cualquier condición económica, víctimas del conflicto armado, desplazados, víctimas de violencia, trabajadores, vulnerados, extranjeros, con capacidades y talentos excepcionales, con trastornos de aprendizaje o con discapacidad. ¿Qué tan preparado está el sistema educativo colombiano para enfrentar esa diversidad?

La conclusión de Alicia Vargas, funcionaria de la Dirección de Calidad del Ministerio de Educación (MEN), es contundente: "nuestro sistema educativo sigue siendo muy tradicional, con maestros que planean sus clases pensando en una media de estudiantes que no existe. Entonces, le aprenden unos pocos, quedando por fuera una gran población”. 

Por ello, el MEN empezó a trabajar en la educación con enfoque inclusivo. Con mayor ahínco, en la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, en un nuevo esfuerzo por derribar los muros que han separado durante años a esta población de las puertas del sistema educativo regular.

En 2012, el DANE realizó la Encuesta de Calidad de Vida, cuyos resultados dejaron en evidencia el pobre trabajo del gobierno para garantizar el derecho a la educación de personas con discapacidad, que representan el 6,3% (2.624.898) de la población colombiana, de acuerdo al censo de 2005. Pese a que la ley general de la educación, 115 de 1994, hablaba de apoyar a las instituciones y programas orientados a brindar el servicio de educación a las personas con discapacidad, las cifras retratan las dificultades queexistían para su ingreso, permanencia y promoción en el sistema educativo.

La encuesta reveló que el  80% del total de personas con discapacidad, entre 5 y 9 años, no había alcanzado ningún nivel educativo y el 13,2% había cursado solo preescolar. En cuanto al grupo de 10 a 17 años, el 47,1% no había aprobado ningún nivel educativo y el 33,9% solo había aprobado básica primaria.

En vista de ello, en 2013 se aprobó la Ley 1618, “por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”. Así se implementaron metodologías extraordinarias para posibilitar su educación, pero que nada tenían que ver con inclusión.“Teníamos instituciones especializadas, que son las que solo atienden niños con discapacidad y, en algunos colegios, programas con aulas especiales. Es decir, un salón dentro del plantel, en el que estaban todos los niños con todo tipo de discapacidad, independientemente de la edad, grado escolar y demás variables”, explicó Vargas.

Pero, como a Alix María Monsalvo, madre de tres niños con discapacidad mental cognitiva, a muchos padres esas no le parecían opciones adecuadas. “Yo no quiero que a mis hijos los tengan de menos, apartados. Quiero que los traten igual que a los demás”. Ella quería encontrar una institución donde sus niños ejercieran su derecho en un aula regular. Sin embargo, una y otra vez solo encontró rechazo.

Ante esa falta de garantías, el Ministerio de Educación en 2017 expidió el decreto 1421, “por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad”. “La educación inclusiva lo que dice es que las instituciones tienen que desarrollar un proceso de educación en el que se reconoce, valora y da una respuesta pertinente a la diversidad de estudiantes”, explicó Vargas, funcionaria del MEN.

La idea es que, a partir de este año, las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la educación de forma ordinaria, junto a sus iguales sin discapacidad. "No será de un día al otro", afirmó Vargas. El decreto reconoce que este nuevo enfoque deberá implementarse de manera progresiva, "porque el proceso de inclusión exige mucha más dedicación y mucho más trabajo por parte de los educadores, que cuando se piensa que todos los estudiantes son iguales”.

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¿Qué colegios pueden recibir personas con discapacidad?


Según el decreto, "será obligatorio que cualquier colegio reciba niños, niñas y jóvenes con discapacidad, porque en la definición también está que el colegio más conveniente es que el que está más cerca a la casa del estudiante”, explicó la funcionaria de la Dirección de Calidad del MEN.

Sin embargo, apenas se inicia la sensibilización al personal directivo y docente de las instituciones, por lo que muchas siguen colocando barreras. “Para mí ha sido duro”, contó Alix María Monsalvo. Sus hijos de 14, 12 y 6 años tienen un retraso intelectual moderado, condición que hace que su proceso de aprendizaje y maduración sea más lento. “Fui a un colegio y me los rechazaron. Me dirigí a la Secretaría de Educación de Barranquilla y me enviaron al mismo colegio. Al niño de 6 años le hicieron un examen y dijeron que había pasado a Transición. Sin embargo, cuando presentaron el caso ante el rector, dijeron que no me lo podían recibir, porque él tenía que estar en aula especial”.

De nuevo, de la oficina de cobertura de la Secretaría de Educación Distrital la enviaron a otra institución. Allí también le pusieron trabas, asegurando que no había cupo y exigiendo la confirmación de que la secretaría enviaría un equipo de apoyo. “Hasta que mandaron un memo a la institución y al día siguiente ya los niños estaban estudiando”, resaltó Alix María Monsalvo.

"Muchos padres nos han dicho que encuentran las puertas cerradas", agregó Vargas. "Lo que deben hacer es dirigirse a la secretaría y exponer el caso, pues para eso en el decreto se incluyó un artículo de no discriminación". El artículo reza: Ningún establecimiento educativo podrá rechazar la matrícula de un estudiante en razón a su situación discapacidad, ni negarse a hacer los ajustes razonables que se requieran. Cualquier proceso de admisión aportará a la valoración pedagógica y a la construcción del PIAR. Así mismo, no podrá ser razón para su expulsión del establecimiento educativo o la no continuidad en el proceso.


El PIAR, herramienta para una verdadera inclusión


Beatriz Bayuelo es madre de un niño de 13 años con Síndrome de Down. Su hijo estudiaba en un colegio público, pero varias razones la motivaron a matricularlo en un centro de atención para personas con discapacidad. “Donde él estudiaba la profesora le daba clases como si fuera un niño regular. Ella no cambió el currículo, seguía sus lecciones y le pedía todo lo que pedía a los demás. No le adaptó el pensum académico a su discapacidad”.

Por casos como ese, en la construcción de la nueva reglamentación se incluyó el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR). “Una herramienta con la cual tendremos toda la información sobre los estudiantes, sobre sus procesos de aprendizaje, la valoración pedagógica, social, la verificación de su diagnóstico”, explicó Eliana Peñaloza, terapeuta ocupacional y directora del programa de educación inclusiva de la Secretaría de Educación (SED) de Barranquilla con Uninorte. A partir de esa información se harían los ajustes razonables que necesita cada niño desde lo curricular, para garantizar su aprendizaje, participación, permanencia y promoción en el sistema educativo regular.

“Además, el PIAR sirve como insumo para los planes de mejoramiento de las instituciones educativas y para la construcción del plan de implementación de la educación inclusiva a corto, mediano y largo plazo”, continuó Peñaloza. Es decir, las necesidades relacionadas a cambios en la infraestructura, capacitaciones, construcción de actividades ideales para que todos los niños participen, quedan contenidas en estos planes, que progresivamente se irán desarrollando.

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Se acabaron las auxiliares dentro de las aulas


Antes del decreto, lo común era que los colegios exigieran una docente auxiliar, conocidas como "sombras", en las aulas en las que se incluyeran estudiantes con discapacidad. Sin embargo, eso quedó abolido. “Cuando se inicia en una institución la implementación del programa de educación inclusiva, la Secretaría de Educación envía un equipo interdisciplinario. Hacen parte licenciados en educación especial, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, entre otros profesionales de la salud, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes”, indicó Rosa Chegwin, licenciada en educación especial, docente de apoyo pedagógico del programa de inclusión. 

Según explicó Chegwin, luego de que los padres hacen el proceso de ingreso de sus hijos a la institución, el colegio se encarga de reportar a través del sistema de matrículas el tipo de discapacidad del nuevo estudiante. De acuerdo a los registros, la secretaría envía una docente de apoyo, junto al equipo de profesionales. Ese grupo interdisciplinario se encarga de hacer la caracterización de la población con discapacidad y de guiar a los directivos y docentes en la construcción del PIAR en varias instituciones. Así que realizan visitas cada semana, hacen seguimiento a los procesos de cada niño y velan por el desarrollo de los planes establecidos.


Un niño con discapacidad equivale a un niño


¿Cuántos niños máximo tiene una docente en un aula si incluye estudiantes con discapacidad? “Existe el imaginario de que un niño con discapacidad es tan difícil de manejar que hace por 10 o por 3, pero no es así. La anotación que nos hicieron los de la Organización de las Naciones Unidas, es que en el marco de los derechos humanos un niño vale por un niño. Un ser humano es un ser humano, independientemente de las condiciones que tenga”, expresó.

Por tanto, la relación técnica no es diferente a la de un aula sin niños con discapacidad. Además, insistió Vargas, “teniendo en cuenta el porcentaje de esa población existente en el país, una distribución normal dejaría a los docentes con uno o dos niños con discapacidad. Tener 10, por ejemplo, sería técnicamente un error”.

No obstante, algunas Secretarías de Educación cuentan con actas en las que se definen cuántos niños menos tendrá un docente en el aula si incluye un estudiante con uno u otro tipo de discapacidad. Esto, teniendo en cuenta el grado escolar y que cada caso es diferente, pues hay condiciones que requieren de mayor atención y dedicación si lo que se busca es la calidad del servicio. 


¿Están capacitados los docentes para atender este llamado del gobierno?


Así como muchos padres sienten temor de que sus hijos asistan a un colegio regular, muchos docentes se inquietan al sentir que no han sido formados para atender esas necesidades de educación especial. A lo que apunta el MEN es a una educación con enfoque diferencial, basada en el Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA).

“Con este enfoque, básicamente lo que hacemos es recordar al maestro que su misión es garantizar que todos los niños y niñas aprendan. No unos sí y otros no. El énfasis está en cualificar la didáctica y la pedagogía del maestro”, recalcó Alicia Vargas. Esto partiendo de la premisa de que todos los estudiantes, con o sin discapacidades, tienen necesidades y procesos de aprendizaje distintos, puesto que vienen de contextos diferentes.

La directora del programa de inclusión de la SED Barranquilla, Eliana Peñaloza, explicó también que la ventaja del DUA es que los estudiantes que no tienen discapacidades se convierten en colaboradores. “Parte de lo que tenemos que garantizar como sociedad, no solamente es que el niño con discapacidad se incluya en el sistema, sino que los niños que no tienen discapacidad se preparen para entender la diferencia y ser incluyentes también. En este enfoque de trabajo colaborativo si la profesora tiene 30 estudiantes que no tienen discapacidad, lo que tiene son 30 personas que le pueden ayudar”.

De otra parte, Alicia Vargas reconoce que hay discapacidades que requieren que el maestro tenga cierta formación. Por ejemplo, necesitan capacitarse en lenguaje de señas, braille, exploración de espacios para personas ciegas, entre otras cosas. “En esto ya estamos acompañando a las secretarías de educación, para que esas instituciones territoriales empiecen a incluir todo esto en el proceso de formación de sus maestros”.

Además, Vargas indicó que para el proceso de implementación de la educación inclusiva, el Ministerio ha construido documentos de guía al que los rectores y docentes pueden acceder. “Así, también se avanza en el proceso de autoformación, pues a través de nuestra web cada vez habrá más formas de actualizarse”.


La ventaja de formarse en una institución educativa regular


Paola Mora es madre de una niña de 11 años, quien presenta déficit cognitivo. Cuando la diagnosticaron, por orden de la EPS la retiró del colegio al que asistía, para matricularla en uno especializado. Sin embargo, sin notar avances en su aprendizaje, la neuropsicóloga que la atiende le recomendó incluirla en un colegio regular. Así, con la ayuda de sus compañeros, podría superar sus dificultades de lenguaje.

“La matriculé en un colegio privado en el que le han brindado mucho apoyo. Hemos visto el avance. Me explicaron la manera en que iban a trabajar con ella, adaptaron el currículo y le manejan las actividades de acuerdo a sus necesidades”, manifestó Mora.  

De eso se trata la educación inclusiva: aprovechamiento máximo de las relaciones entre niños con y sin discapacidad. “Lo que buscamos es que los estudiantes con discapacidad estén en un espacio común, en el salón con otros, bajo el principio de que estos niños no solamente aprenden con lo que la maestra quiere formalmente educar, sino que aprenden de los demás”, dijo la funcionaria del MEN, Alicia Vargas.

Beatriz Bayuelo, madre del niño con Síndrome de Down, reconoce que cuando su hijo estudiaba en el colegio regular sus compañeros se convirtieron en colaboradores. “Los demás niños estaban pendientes de él. Cuidaban que no se saliera del salón. Si iba al baño otro niño cuidaba la puerta y así”.

Precisamente una de las principales ventajas de este enfoque es que los niños aprenden a convivir en medio de las diferencias. “Es más, si habláramos de convivencia no tendríamos por qué hacerlo de inclusión”, expresó Eliana Peñaloza, directora del programa de inclusión en Barranquilla.

No obstante, para ella es importante destacar que no todos los casos de discapacidad se deben trabajar en el colegio. “Hay ciertos tipos de discapacidad que son complejos y siempre hay que pensar en que la prioridad es salud, no educación ¿Qué pasa con un niño con trastorno bipolar con agresividad, que atenta contra él mismo o contra los demás? Tendría que prevalecer su bienestar”.

Peñaloza aclara que en esos casos no se trata de negar el servicio de educación, sino de buscar otras alternativas. “Que un docente asista al centro terapéutico en el que lo atiendan, por ejemplo”. Sin embargo, hasta el momento no hay un documento oficial que indique qué tipo de discapacidades son o no aptas para que el niño pueda asistir al aula regular.

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¿Y si a mi hijo le hacen bullying?


La otra razón por la que Beatriz Bayuelo retiró a su hijo del colegio regular en el que estudiaba, tiene que ver con el miedo al matoneo por parte de estudiantes de grados superiores. “Él estaba en la jornada de la tarde a la que solo asistían niños de primaria. Pero, lo volvieron jornada única y mi mamá me dijo: “cuidado le van a hacer un daño al niño. Mira que ahora hay muchachos más grandes’. Dejé que terminara el año y lo retiré”.

Ese temor a que la inclusión se convierta en exclusión no es solo de los padres, sino también de las instituciones y, sin duda, es uno de los factores que ha alejado a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad de la posibilidad de educarse. “A la niña me la rechazaron en un colegio privado y el argumento de los profesores fue que le iban a hacer bullying, que le podían hacer daño”, contó Paola Mora.

Sin embargo, su niña de 11 años le ha manifestado que está contenta con la experiencia en su actual institución. “Ella se va feliz para el colegio. En el primer añito, me acuerdo que cuando hablé con la profesora sobre la condición de la niña, lo comentaron con las estudiantes”.

Respecto a esa situación, Rosa Chegwin, licenciada en educación especial y parte del programa de educación inclusiva, resaltó que todo se trata de sensibilizar. "Por ejemplo, en una institución hay un niño al que sus compañeritos llamaban: el niño sin mano. Entonces hablamos con ellos y les enseñamos que ese niño tiene que ser llamado por su nombre, porque esa discapacidad no lo define”.

Añadió que todo eso se contempla en el plan de implementación del programa. “Ya tenemos agendadas actividades de sensibilización con películas que demuestran que las personas con discapacidad también pueden tener éxito. Y haremos más cosas para trabajar en ello”.


Un gran reto


La expedición del decreto 1421 de 2017 ha sido el paso más contundente que se ha dado en materia de garantías para el acceso a la educación de personas con discapacidad. Sin embargo, queda mucho por hacer.

“Hay profesores que no quieren, coordinadores, rectores, padres de niños regulares y padres de niños con discapacidad que no quieren. Es un reto enorme, pues hay una gran barrera empezando desde el no querer”, señaló Eliana Peñaloza, directora del programa de educación inclusiva que adelanta la Secretaría de Educación de Barranquilla, en convenio con la Universidad del Norte. Por ello, considera es importante trabajar en la sensibilización. 

También, reiteró la importancia de la formación del personal docente. "Los profesores están diciendo: ‘yo no estudié eso, no tengo título de tal cosa’. Entonces, hay que empezar a formar, desde la universidad a los nuevos docentes y desde las secretarías a los que ejercen”.

Otro de los temas que requiere trabajo es la evaluación de los casos. “Defiendo la inclusión, pero también soy creyente de que no todas las discapacidades son para las instituciones educativas. Justamente, hay necesidades individuales y para poder responder a ellas hay que evaluar cuál es la prioridad”, manifestó Peñaloza.

Además, está el tema de la infraestructura de los colegios. “Deben hacerse las adecuaciones para que sean instituciones accesibles y seguras para personas con discapacidad”, recordó.

El otro aspecto que según Peñaloza se debe tener en cuenta, es la cobertura. “El MEN no se imaginó el impacto que tendríamos al recibir en las aulas a los niños de Venezuela. Tenemos que ver cuántos estudiantes tiene cada docente, cómo están manejando eso, cómo es el ambiente en las aulas. Revisar ese tema es importante, pues hay que pensar en la calidad de la atención”.

Y por último, lo que considera más importante, la implementación del Diseño Universal de los Aprendizajes. “El maestro no solo tiene niños con discapacidad, sino niños con trastornos de aprendizaje y demás diferencias. Entonces, se debe trabajar para que todos aprendan y ese, creo, es el mayor reto”.

Por Linda Rueda De la Hoz

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