El aumento de las matrículas es un tema que cada año genera preocupación entre los padres de familia. Y no es para menos, teniendo en cuenta que los incrementos de las universidades privadas superan el 6%, según el Observatorio de la Universidad Colombiana. Es decir, que quienes ingresaron pagando $5 millones, tendrían que pagar al final de la carrera cerca de $8 millones.
Según el Ministerio de Educación, las instituciones de educación superior (IES) de carácter privado gozan de autonomía para incrementar el valor de las matrículas, siempre y cuando no sobrepasen el índice de inflación correspondiente al año anterior. Si eso ocurre, deberán justificarlo a través de un informe, según lo establecido en el decreto 1075 que se firmó en 2015. Pero ¿es suficiente? ¿Pueden los padres estar tranquilos de que no hay un abuso por parte de las universidades?
José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, cree que este tema debe verse en perspectiva teniendo en cuenta la calidad de las instituciones y la complejidad de las carreras. Y asegura que “en este sector, desafortunadamente, más calidad siempre está atada a mayores costos”. Aunque no desconoce que pueden existir abusos de algunas instituciones, especialmente de aquellas que no están certificadas en alta calidad.
Restrepo explica que cuando una IES hace un incremento tiene que considerar varios factores: “El valor de la inflación del año siguiente; el Índice de Precios del Consumidor (IPC) de educación, que está siempre por encima del IPC general del país, y el comportamiento de la tasa de cambio”.
Otra justificación a ese incremento son los certificados de alta calidad que exigen mejoras en infraestructura, equipos y hasta aumento a los sueldos de los docentes. Para curarse en salud, advierte el experto, es necesario apoyar el decreto con una entidad reguladora especializada que garantice que el sistema tenga un compromiso con la calidad. “Muchos de mis colegas no están de acuerdo con crear una superintendencia. Personalmente, prefiero una superintendencia de alto nivel con presencia del sector académico a tener un funcionario de tercer o cuarto nivel haciendo una tarea de inspección y vigilancia. Es necesario separar las instituciones que hacen la política pública y las que controlan a las instituciones educativas”.
Por el contrario, Carlos Hernando Forero, director de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), cree que el Ministerio debe tener la capacidad para esta labor y considera fundamental que las universidades sean cuidadosas, ya que si no evalúan bien esas alzas, así sean justificadas, podrían correr el riesgo de quedarse sin aspirantes e, incluso, de que algunos de sus estudiantes no puedan continuar. “Los precios no pueden ser inaccesibles. La calidad tiene un costo, pero a veces uno se encuentra con sorpresas. Por ejemplo, un semestre de administración de empresas en Colombia puede costar entre $1 a $15 millones. Esas diferencias tan brutales no deberían existir”.
Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, recuerda que en 1998 se presentó una crisis que produjo una gran migración de estudiantes de universidades privadas a públicas por los altos costos, e insiste en que debe analizarse cada caso. Las instituciones que son costosas muchas veces sí reinvierten recursos en los estudiantes, mientras que hay otras que los usan para otros fines. Lo importante, al final, es que sean los padres y los estudiantes los que evalúen si la inversión es justificada. De no ser así, es una obligación denunciar para que sea el Ministerio el que actúe.
Según el Ministerio de Educación, las instituciones de educación superior (IES) de carácter privado gozan de autonomía para incrementar el valor de las matrículas, siempre y cuando no sobrepasen el índice de inflación correspondiente al año anterior. Si eso ocurre, deberán justificarlo a través de un informe, según lo establecido en el decreto 1075 que se firmó en 2015. Pero ¿es suficiente? ¿Pueden los padres estar tranquilos de que no hay un abuso por parte de las universidades?
José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, cree que este tema debe verse en perspectiva teniendo en cuenta la calidad de las instituciones y la complejidad de las carreras. Y asegura que “en este sector, desafortunadamente, más calidad siempre está atada a mayores costos”. Aunque no desconoce que pueden existir abusos de algunas instituciones, especialmente de aquellas que no están certificadas en alta calidad.
Restrepo explica que cuando una IES hace un incremento tiene que considerar varios factores: “El valor de la inflación del año siguiente; el Índice de Precios del Consumidor (IPC) de educación, que está siempre por encima del IPC general del país, y el comportamiento de la tasa de cambio”.
Otra justificación a ese incremento son los certificados de alta calidad que exigen mejoras en infraestructura, equipos y hasta aumento a los sueldos de los docentes. Para curarse en salud, advierte el experto, es necesario apoyar el decreto con una entidad reguladora especializada que garantice que el sistema tenga un compromiso con la calidad. “Muchos de mis colegas no están de acuerdo con crear una superintendencia. Personalmente, prefiero una superintendencia de alto nivel con presencia del sector académico a tener un funcionario de tercer o cuarto nivel haciendo una tarea de inspección y vigilancia. Es necesario separar las instituciones que hacen la política pública y las que controlan a las instituciones educativas”.
Por el contrario, Carlos Hernando Forero, director de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), cree que el Ministerio debe tener la capacidad para esta labor y considera fundamental que las universidades sean cuidadosas, ya que si no evalúan bien esas alzas, así sean justificadas, podrían correr el riesgo de quedarse sin aspirantes e, incluso, de que algunos de sus estudiantes no puedan continuar. “Los precios no pueden ser inaccesibles. La calidad tiene un costo, pero a veces uno se encuentra con sorpresas. Por ejemplo, un semestre de administración de empresas en Colombia puede costar entre $1 a $15 millones. Esas diferencias tan brutales no deberían existir”.
Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, recuerda que en 1998 se presentó una crisis que produjo una gran migración de estudiantes de universidades privadas a públicas por los altos costos, e insiste en que debe analizarse cada caso. Las instituciones que son costosas muchas veces sí reinvierten recursos en los estudiantes, mientras que hay otras que los usan para otros fines. Lo importante, al final, es que sean los padres y los estudiantes los que evalúen si la inversión es justificada. De no ser así, es una obligación denunciar para que sea el Ministerio el que actúe.
Según el Ministerio de Educación, las instituciones de educación superior (IES) de carácter privado gozan de autonomía para incrementar el valor de las matrículas, siempre y cuando no sobrepasen el índice de inflación correspondiente al año anterior. Si eso ocurre, deberán justificarlo a través de un informe, según lo establecido en el decreto 1075 que se firmó en 2015. Pero ¿es suficiente? ¿Pueden los padres estar tranquilos de que no hay un abuso por parte de las universidades?
José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, cree que este tema debe verse en perspectiva teniendo en cuenta la calidad de las instituciones y la complejidad de las carreras. Y asegura que “en este sector, desafortunadamente, más calidad siempre está atada a mayores costos”. Aunque no desconoce que pueden existir abusos de algunas instituciones, especialmente de aquellas que no están certificadas en alta calidad.
Restrepo explica que cuando una IES hace un incremento tiene que considerar varios factores: “El valor de la inflación del año siguiente; el Índice de Precios del Consumidor (IPC) de educación, que está siempre por encima del IPC general del país, y el comportamiento de la tasa de cambio”.
Otra justificación a ese incremento son los certificados de alta calidad que exigen mejoras en infraestructura, equipos y hasta aumento a los sueldos de los docentes. Para curarse en salud, advierte el experto, es necesario apoyar el decreto con una entidad reguladora especializada que garantice que el sistema tenga un compromiso con la calidad. “Muchos de mis colegas no están de acuerdo con crear una superintendencia. Personalmente, prefiero una superintendencia de alto nivel con presencia del sector académico a tener un funcionario de tercer o cuarto nivel haciendo una tarea de inspección y vigilancia. Es necesario separar las instituciones que hacen la política pública y las que controlan a las instituciones educativas”.
Por el contrario, Carlos Hernando Forero, director de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), cree que el Ministerio debe tener la capacidad para esta labor y considera fundamental que las universidades sean cuidadosas, ya que si no evalúan bien esas alzas, así sean justificadas, podrían correr el riesgo de quedarse sin aspirantes e, incluso, de que algunos de sus estudiantes no puedan continuar. “Los precios no pueden ser inaccesibles. La calidad tiene un costo, pero a veces uno se encuentra con sorpresas. Por ejemplo, un semestre de administración de empresas en Colombia puede costar entre $1 a $15 millones. Esas diferencias tan brutales no deberían existir”.
Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, recuerda que en 1998 se presentó una crisis que produjo una gran migración de estudiantes de universidades privadas a públicas por los altos costos, e insiste en que debe analizarse cada caso. Las instituciones que son costosas muchas veces sí reinvierten recursos en los estudiantes, mientras que hay otras que los usan para otros fines. Lo importante, al final, es que sean los padres y los estudiantes los que evalúen si la inversión es justificada. De no ser así, es una obligación denunciar para que sea el Ministerio el que actúe.
Según el Ministerio de Educación, las instituciones de educación superior (IES) de carácter privado gozan de autonomía para incrementar el valor de las matrículas, siempre y cuando no sobrepasen el índice de inflación correspondiente al año anterior. Si eso ocurre, deberán justificarlo a través de un informe, según lo establecido en el decreto 1075 que se firmó en 2015. Pero ¿es suficiente? ¿Pueden los padres estar tranquilos de que no hay un abuso por parte de las universidades?
José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, cree que este tema debe verse en perspectiva teniendo en cuenta la calidad de las instituciones y la complejidad de las carreras. Y asegura que “en este sector, desafortunadamente, más calidad siempre está atada a mayores costos”. Aunque no desconoce que pueden existir abusos de algunas instituciones, especialmente de aquellas que no están certificadas en alta calidad.
Restrepo explica que cuando una IES hace un incremento tiene que considerar varios factores: “El valor de la inflación del año siguiente; el Índice de Precios del Consumidor (IPC) de educación, que está siempre por encima del IPC general del país, y el comportamiento de la tasa de cambio”.
Otra justificación a ese incremento son los certificados de alta calidad que exigen mejoras en infraestructura, equipos y hasta aumento a los sueldos de los docentes. Para curarse en salud, advierte el experto, es necesario apoyar el decreto con una entidad reguladora especializada que garantice que el sistema tenga un compromiso con la calidad. “Muchos de mis colegas no están de acuerdo con crear una superintendencia. Personalmente, prefiero una superintendencia de alto nivel con presencia del sector académico a tener un funcionario de tercer o cuarto nivel haciendo una tarea de inspección y vigilancia. Es necesario separar las instituciones que hacen la política pública y las que controlan a las instituciones educativas”.
Por el contrario, Carlos Hernando Forero, director de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), cree que el Ministerio debe tener la capacidad para esta labor y considera fundamental que las universidades sean cuidadosas, ya que si no evalúan bien esas alzas, así sean justificadas, podrían correr el riesgo de quedarse sin aspirantes e, incluso, de que algunos de sus estudiantes no puedan continuar. “Los precios no pueden ser inaccesibles. La calidad tiene un costo, pero a veces uno se encuentra con sorpresas. Por ejemplo, un semestre de administración de empresas en Colombia puede costar entre $1 a $15 millones. Esas diferencias tan brutales no deberían existir”.
Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, recuerda que en 1998 se presentó una crisis que produjo una gran migración de estudiantes de universidades privadas a públicas por los altos costos, e insiste en que debe analizarse cada caso. Las instituciones que son costosas muchas veces sí reinvierten recursos en los estudiantes, mientras que hay otras que los usan para otros fines. Lo importante, al final, es que sean los padres y los estudiantes los que evalúen si la inversión es justificada. De no ser así, es una obligación denunciar para que sea el Ministerio el que actúe.