Un camino para garantizar la educación superior

Andrés Mora, estudiante de doctorado de la U. Nacional, propone que el Estado ahorre por cada niño de preescolar para garantizarle el ingreso a la universidad.    

El herbario de la U. Nacional es uno de los espacios que padece problemas de infraestructura y en el que los funcionarios tienen que trabajar en difíciles condiciones. / Andrés Torres - El Espectador

La propuesta se basa en la creación de un fondo de recursos que, al subsidiar la oferta educativa en el nivel superior, posibilitará la entrega de una asignación ciudadana lo suficientemente grande para que cada persona ejerza con mayor oportunidad su derecho a la educación después de culminar sus estudios secundarios. La propuesta funcionaría bajo los siguientes supuestos:

1. Se establece un horizonte temporal de 14 años. Este horizonte temporal comprende el período de permanencia de un niño que ingresa —de manera obligatoria— a la educación preescolar a los tres años de edad y se gradúa al finalizar la totalidad del ciclo comprendido en la educación secundaria. Se espera que el nivel preescolar comprenda tres años de educación y que, por lo tanto, los estudiantes que culminen sin tropiezos su trayectoria educativa (sin deserción o repitencia) culminen sus estudios escolares a los 16 años de edad. Los retornos producidos por el fondo durante este período de tiempo no está sujeto a impuestos.

2. Por cada niño de tres años que ingrese al primer año de educación preescolar la Nación realizará una única asignación inicial de $7’717.812 pesos. Bajo supuesto de una tasa de interés real compuesta del 12% efectivo anual, este monto ascenderá durante los 14 años que el estudiante permanece en el sistema educativo a un valor de $37’717.812. Cada estudiante recibirá al momento de ingresar a la educación superior pública, de manera incondicional, individual y universal, la suma de $30’000.000 reales para financiar sus estudios. Los $7’717.812 restantes se reinvertirán en el fondo con el propósito de disminuir los costos futuros de la asignación ciudadana.

Si un estudiante repite algún año escolar, el rendimiento generado por el año adicional será reinvertido en el fondo, luego cada estudiante obtendrá en todos los casos un monto de $30’000.000. Bajo la modalidad de reinversión presentada, el costo de la asignación ciudadana ascenderá a $102,5 billones de 2011 para un período de 56 años. $93,5 billones serán requeridos durante los primeros 14 años de implementación del programa. Dada la estrategia de ahorro y reinversión propuesta, el programa ascenderá a $8,97 billones durante los subsiguientes 42 años de implementación. Se propone que el programa inicie en 2011 y que la primera entrega de la asignación ciudadana se realice en 2024.

3. Se ha determinado una asignación ciudadana de $30’000.000 porque, a precios de 2011, los costos semestrales de los estudios universitarios, técnicos y tecnológicos ascienden a un promedio de entre seis y ocho salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2011 ($3’186.000). Se suponen estudios no inferiores a cinco años. Los ciudadanos que busquen estudios técnicos, tecnológicos o profesionales de menor duración tendrán la posibilidad de ahorrar parte de su asignación para utilizarla como deseen. Asimismo se ha escogido una asignación ciudadana de $30’000.000 porque, al suponer una tasa de interés real anual del 12%, la asignación ofrecerá un rendimiento de $3’600.000, es decir, $300.000 por mes. Quienes lo prefieran, entonces, tendrán una renta básica de ciudadanía mensual que duplica el valor de la línea de pobreza para Colombia en 2011 ($120.000).

Actualmente, para el caso específico de las 32 universidades públicas de Colombia, el aporte estatal por estudiante es, en promedio, de $4’000.000 anuales. Con la propuesta aquí presentada se garantizaría un aporte de $7’500.000 anuales para carreras de ocho semestres o de $6’000.000 anuales para carreras de diez semestres (es decir, un aumento del 87% o del 50% anual por estudiante, respectivamente).

Se proyectan 14 años de educación, de los cuales tres corresponden a la educación preescolar y once conciernen a los niveles de educación primaria y secundaria. Durante cada año de entrega de asignaciones ciudadanas se espera ahorrar el mismo monto necesario para cubrir el valor de la asignación de la misma población al comienzo del proceso. Por este motivo, el valor del aporte que realizará Colombia para garantizar una asignación ciudadana después de 14 años se reduce de una manera drástica, pues la inversión disminuye de un promedio de $6,68 billones entre los años 2011-2024 a un promedio de $214.000 millones entre los años 2025 y 2066 (gráfico Nº 1).

Con esta propuesta, el sistema de universidades estatales recibirá anualmente un promedio de $27,2 billones. La propuesta es también perfectamente financiable en Colombia. El promedio de inversión anual asciende al 1,1% del PIB proyectado para el año 2011. Este monto equivale únicamente al 30% del gasto en seguridad y defensa o al 19% del gasto total en deuda estatal para el año 2011. De hecho, la asignación ciudadana sería perfectamente financiable si se desmontan las gabelas tributarias ofrecidas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (que ascienden al 1,6% del PIB) o si se mantiene el impuesto a las transacciones financieras y el impuesto al patrimonio (que sumados equivalen al 1,1% del PIB) (Perry, 2010). Betancourt (2005) ha presentado también una propuesta de reforma tributaria progresiva que alcanza a generar recursos cercanos al 1% del PIB.

Conclusión

Bajo argumentos cuestionables relacionados con supuestas restricciones presupuestales (mientras Colombia invierte actualmente cerca del 5% del PIB en gastos de defensa y seguridad, únicamente invierte el 1,08% del PIB en educación superior), el Gobierno insiste en la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento de las instituciones de educación superior a través de alternativas que reducen los montos directos proveídos por el Estado y que incrementan aquellos recursos provenientes del mayor esfuerzo fiscal de los entes territoriales, de los recursos propios generados por las instituciones de educación superior, del aumento de las matrículas, del acceso particular a los créditos del Icetex y de otros recursos públicos como las regalías.

Es evidente que bajo este modelo serán las familias y los individuos quienes a través de mayores matrículas o acceso al crédito tendrán que asumir de manera privada los costos de la educación superior en el país.

Es en este punto donde la propuesta de financiación aquí presentada adquiere mayor sentido económico, político y social. En efecto:

• Más que avanzar hacia lógicas focalizadoras y de subsidio a la demanda, la propuesta presentada le apuesta a modelos universalistas y de fortalecimiento de la oferta que garanticen el establecimiento de lógicas solidarias e igualitarias en la política social en general y en la política educativa en particular.

• Más que insistir en la configuración de un Estado que impulsa la creación de cuasi mercados para la asignación eficiente de servicios educativos, la propuesta aquí presentada le exige al Estado asumir las responsabilidades y obligaciones emanadas de las cartas de derechos humanos y la Constitución Política de 1991 en un horizonte que reconozca la educación superior como un bien público y al Estado como el garante último y esencial de los derechos económicos sociales y culturales.

• Más que considerar a los estudiantes como sujetos de necesidades susceptibles de ser engranados en las lógicas del desarrollo capitalista contemporáneo, considera a los estudiantes como sujetos de derechos, capaces de generar pensamiento crítico e innovador, preparados para emprender procesos de transformación social.

• Más que asumir el tema presupuestario y financiero como una restricción implacable para el ejercicio de los derechos, la propuesta asume que los presupuestos públicos y el volumen y las orientaciones del gasto social son el resultado de las correlaciones de fuerza que hacen presencia en la sociedad y de la voluntad política de los gobiernos.

Una propuesta de asignación ciudadana para Colombia: el camino para garantizar el derecho universal a la educación superior.

* Politólogo y magíster en ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante del doctorado en estudios políticos y relaciones internacionales en esa misma universidad.

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