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El pasado miércoles, la ministra de Educación, Yaneth Giha; la ministra del Trabajo, Clara López, y el director del Sena, Alfonso Prada, aterrizaron en la capital del Valle con el fin de socializar el decreto de educación terciaria que sería aprobado vía fast track, mecanismo que busca agilizar los trámites en el Congreso que tienen que ver con los acuerdos de paz y el posconflicto. (Vea el decreto).
Durante este mes, se ha estado haciendo una socialización regional en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Villavicencio, Ibagué y Cali con el objetivo de crear un documento final para entregarlo al presidente Juan Manuel Santos en las próximas dos semanas. La ministra Giha trinó desde su cuenta que con este proyecto se “busca garantizar la formación pertinente en las regiones afectadas por el conflicto”.
Ahí empiezan los problemas. Para la academia, la propuesta se está haciendo a la ligera, entre muchas razones, por la falta de discusión pública que se le ha dado al tema. Gabriela Delgado, profesora de la Universidad Nacional y exdirectora de fomento a la investigación en Colciencias, considera que “todo se convirtió en paz para aprobar absurdos”.
El Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), presentado por la exministra de Educación Gina Parody en mayo de 2016 y que se venía cocinando desde 2012 por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), tiene como objetivo fomentar la inclusión social y generar equidad e igualdad de oportunidades entre los jóvenes que culminan su educación media.
Para lograrlo, dicen algunos académicos, la cartera pretende poner en la misma balanza la educación universitaria y la educación técnica y tecnológica, de manera que si un graduado del Sena quiere dar el salto a la universidad, no tiene que arrancar desde cero para continuar con su pregrado, sino que su trayectoria sería tenida en cuenta.
Ahora bien, aunque el Sena aclara que el decreto no sería aprobado vía fast track, dado que no pasará por el Congreso, fuentes del Ministerio de Educación le dijeron a El Espectador que sí es el mecanismo más pertinente, porque “asegura que la oferta educativa que se requiere y las posibilidades de movilidad laboral para las víctimas del conflicto lleguen en un tiempo oportuno, priorizando la educación y la formación de calidad como elemento para la consolidación de la paz”.
A Víctor Manuel Gómez, profesor de Sociología de la Educación de la Universidad Nacional, no le gustó para nada la idea de aprobar, sin ningún debate público con la academia, un decreto que podría reformar la Ley 30 de 1992. Sin embargo, el Ministerio de Educación lo niega y dice que sólo se trata de “facilitar la oferta pertinente y de calidad en el sector rural”.
“El fast track es una manera elegante de meterle un gol a la educación superior en Colombia bajo el argumento del posconflicto. Aquí están inmersos los intereses particulares del Sena y de las instituciones privadas de formación para el trabajo y el desarrollo humano que quieren hacer parte del sistema de educación superior, pero no tienen ninguna base académica ni de investigación para serlo”, dice Gómez.
No obstante, el director del Sena, Alfonso Prada, asegura que “ha habido bastante apoyo a la iniciativa, pues han asistido a las socializaciones más de 800 instituciones. Así que no puede haber más consenso que ese”. Además comenta que “no se está equiparando un técnico profesional con un profesional universitario, sino que se le están dando oportunidades a la gente de la ruralidad para acceder a la educación superior”.
Lo que no entiende Gómez es “¿cuál es la necesidad de inventarse una parafernalia para cumplir lo que ya de oficio debería estar cumpliendo el Sena de manera muy eficiente y no está haciendo? Porque hay que reconocer que Colombia carece de un sistema público de educación técnica postsecundaria de alta calidad”. Tal como está planteado, dice él, un técnico podría llegar a estudios universitarios mediante ciclos y acumulación de créditos y "el efecto perverso es que tendremos técnicos premodernos de baja calidad y 'universitarios' sin las competencias intelectuales requeridas"
Por su parte, Delgado compara este decreto, que busca “soterrar” la discusión técnica de la educación superior, con lo sucedido durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando se estableció el modelo de promoción automática en el que estaba prohibido rajar a los estudiantes. Transcurridos los ocho años de este gobierno salieron a relucir las fallas académicas del modelo porque, prácticamente, los cartones se regalaban. “Ojalá las técnicas y tecnológicas tuvieran el nivel de las internacionales. Pero nos van a nivelar por lo bajo con tal de ver cartones”, concluyó la experta.
Cuando se le dio vida al SNET, recuerda Delgado, el principal objetivo era promover el tránsito entre programas, generar movilidad estudiantil y de los docentes, y reconocer los títulos en el país y en el exterior. Pero ahora, con el nuevo decreto, “el máximo objetivo es dar reconocimiento social y salarial al nivel técnico y tecnológico sin que se piense en lo más mínimo en lo curricular”, asegura.
Aunque el decreto aún no es una realidad, Mintrabajo, Mineducación y Sena trabajan conjuntamente para tener listo el documento final que será entregado al presidente. La idea es que Santos lo apruebe entre febrero y marzo de este año.