Una idea para salvar la U

El Espectador continúa divulgando las propuestas para resolver la crisis de la universidad pública en el país. MANE dice que hay recursos y que el verdadero debate es sobre las prioridades fiscales del Estado.

Una de las edificaciones averiadas en la U. Nacional es la del Herbario Nacional. Así protegen su colección. / Andrés Torres

La situación presupuestal es un punto central de la profunda crisis de la educación superior en Colombia. Esta crisis se gestó décadas atrás, cuando se empieza a concebir a la educación como una mercancía y a las instituciones de educación superior como empresas que deben administrarla. Eso significa que la educación entendida como un derecho de la sociedad tiende a desaparecer, pues el Estado, el encargado de garantizarla, se va desligando cada vez más de su responsabilidad. Bajo esta lógica aparece el lucro a partir del negocio de la educación, en donde los estudiantes y sus familias tienen que pagar para hacer uso del derecho que les pertenece; es lo que se conoce como el subsidio a la demanda.

El esquema de financiación que adoptó la Ley 30 de 1992, que en su espíritu inicial buscaba garantizar un presupuesto adecuado para las universidades públicas asegurando que hubiera un aumento en pesos constantes, terminó por volcarse en contra de las mismas, pues a partir del año 2000, luego de una sentencia del Consejo de Estado que determinó que todos los recursos que recibieran las universidades deberían ir a la base presupuestal de las mismas, los incrementos quedaron sujetos al índice de precios al consumidor (IPC).

En dos décadas de aplicación de este esquema de financiación, las universidades públicas crecieron en cobertura (la matrícula creció 237%), infraestructura, planta y formación docente, metodologías pedagógicas, inversión tecnológica, etc., crecimiento que no correspondió con el de sus recursos.

Prácticamente, la universidad pública tuvo que marchar con los recursos calculados para su funcionamiento en 1993, viéndose volcada a la generación de recursos propios mediante la venta de servicios y el incremento del costo de las matrículas, lo cual significa fuertes procesos de privatización. De ahí que sectores de la educación superior denunciaran la política de desfinanciación implementada en los últimos años.

Como consecuencia de la implementación de este modelo tenemos un agudo déficit presupuestal. La dirección de la U Nacional asumió la idea de “adaptabilidad” a esa situación y le apostó a “gestionar” por su propia cuenta los recursos para su funcionamiento y, con ello, a seguir desligando al Estado de su responsabilidad social con la educación. Ello se manifiesta, entre otras medidas, en el endeudamiento con órganos multilaterales de crédito que ponen en riesgo la existencia misma de la universidad, el costo de las matrículas (especialmente en posgrados) y la alarmante venta de servicios de docencia e investigación.

Hay graves problemas de infraestructura (en la sede Bogotá casi el 60% de los edificios tienen fallas estructurales y varios están cerrados, a punto de derrumbarse) y, junto con ello, cientos de estudiantes desarrollando sus actividades académicas en condiciones precarias, sin que se cuente con recursos para solventar la situación.

Además, no se cuenta con recursos adecuados para desarrollar políticas efectivas de bienestar universitario (alojamiento, transporte, alimentación, etc.) que respondan a las necesidades básicas del estudiantado, siendo la deserción uno de los problemas más graves de la educación superior.

La crisis financiera es profunda y la U Nacional, sigue inexorablemente su camino hacia la profundización de la privatización.

Iniciativas como la estampilla para la Universidad Nacional ayudan a solventar problemas inmediatos, pero no los de fondo.

La educación superior pública requiere de un cambio estructural en el modelo de financiación que parta de que el Estado garantice, a través de los recursos suficientes, el derecho fundamental a la educación de todos los colombianos. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) ha estructurado una propuesta que contempla esto partiendo del subsidio a la oferta, la autonomía presupuestal, costos marginalmente crecientes y el no lucro a través del derecho a la educación, esto acompañado de veeduría y control fiscal que velen por la aplicación transparente de los recursos, y de criterios de equidad en la distribución de los mismos.

Para ello son necesarios el pago del déficit del gobierno nacional con la universidad pública, la asignación anual de un incremento mínimo del 4% en el presupuesto general de la Nacional y un aumento en relación con el crecimiento anual del PIB, así como la generación de un índice de precios de la educación superior acorde al crecimiento de las IES.

Es posible en el mediano plazo alcanzar la gratuidad total en la educación superior pública. Hay recursos para ello. El debate de fondo está en las prioridades fiscales del Estado.

* Vocero nacional de la MANE

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