Ver o no ver: esa no es la cuestión

Más allá de las discapacidades visuales, la falta de acceso a la educación y la salud para la población invidente sucede por una carencia de programas y atención. 59% de ella en edad activa está desempleada.

Las instituciones han sido dotadas con tecnologías para la población con discapacidad visual, entre ellas teclados Braille.
Las instituciones han sido dotadas con tecnologías para la población con discapacidad visual, entre ellas teclados Braille.

Invidente, el anciano se sienta día a día en una de las bancas de la carrera 15 con calle 73, con una canasta de dulces y cigarrillos colgada de los hombros. Viste de paño, zapatos de gamuza, gafas oscuras y, de tiempo en tiempo, una visera que lo cubre del sol cansino de mediodía. Está allí, vende, habla con quien se sienta a su lado, se va en la noche. Se lo ve, las más de las veces, solo; la carencia de luz oculta la banca cuando comienza la noche, de modo que nadie se fijaría en su persona salvo por un detalle: en una de sus manos lleva una maraca. Entre venta y venta, el hombre la baila en un mismo ritmo monótono. No canta, tampoco baila. Sólo mueve la maraca y el sonido se escucha hasta la otra acera, y se escucha también desde una cuadra antes de llegar a la 73.

Hay quien dice, en la calle, que da tristeza verlo solo, a su suerte. Hay quien dice, además, que sin la maraca ninguno de los transeúntes se fijaría en él. Que serían tan invidentes como él.

Ver o no ver no es el problema: el problema es carecer de herramientas para que los invidentes accedan a los mismos contenidos y derechos de las personas que pueden ver. Que un invidente, o una persona con capacidad visual baja, lea a Borges si así lo desea. Que accedan a pensiones, cesantías y un trabajo digno. “Se evidencia que persisten brechas significativas para la población con discapacidad visual en educación, salud y trabajo”, dice el más reciente estudio Brechas y retos en la inclusión social de esta población del Instituto Nacional para Ciegos (INCI). En él, la organización analiza el estado de esa población en dichos sectores. Y falta camino por labrar.

Hay que ir por partes. Para conocer la situación de quienes poseen discapacidad visual, el primer paso es realizar un registro de estas personas: saber, en efecto, cuántos son y dónde están. Y allí se forma el primer nudo: mientras que en el censo de 2005, 1’134.085 personas aseguraban tener dificultades visuales —en general—, el registro del Ministerio de Salud y Protección Social dice que son 367.290. Estas cifras chocan de nuevo con las que posee el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que tiene entre sus cuentas a 1.793 niños en condición de discapacidad, 392 de ellos con discapacidad visual diagnosticada. El Ministerio, por su parte, registra a 306 niños entre 0 y 6 años. Cifras distintas y distantes.

Los desequilibrios en esas cifras parecerían inocuos, pero determinan el resto del proceso. Si no se tienen cifras concretas sobre quiénes la sufren, ¿a quiénes atenderán y en qué zonas? ¿Se podrá prestar un servicio igualitario si no están todos registrados? De allí que el siguiente rubro, la salud, sea el primero en sufrir desventajas. Si se limita a las cifras del Ministerio, que registra a 367.290 personas con discapacidad visual, el 87,8% de ellos están afiliados a Sisbén niveles I y II. Eso significa dos cosas: que, aún con afiliación en salud, no tienen acceso a una rehabilitación completa por falta de herramientas y, en segundo lugar, que ese mismo porcentaje vive en una situación económica que los obliga a someterse a ese nivel de salud.

“Según el Ministerio de Salud, el 82% de los niños con discapacidad visual registrados de estratos 1 y 2 no son beneficiarios de algún servicio del ICBF (…). Existe una baja caracterización de niños con discapacidad en dicho registro”, dice el estudio. Y es en ese sector donde la brecha es más visible. Mientras que en 2011 el Programa de Atención Integral a la Primera Infancia del Mineducación atendía a 69 personas con baja visión o ceguera, en 2012 la cifra se redujo a 50. ¿En dónde quedaron el resto de pacientes? Sólo 50 menores de 5 años son tratados gracias al programa. Si de nuevo se limita el lector a las cifras del Minsalud, ¿en dónde quedan los 256 restantes?

Las buenas noticias, aunque no todas, vienen con la educación. “La Red Colombiana de Universidades por la Discapacidad trabaja aportando conocimiento y experiencias para el proceso de la inclusión de las personas con discapacidad a las instituciones de educación superior, entre ellas las universidades Nacional, de Antioquia, del Valle, el Rosario y la Popular del Cesar, las que en su mayoría tienen estudiantes con discapacidad visual”, cuenta Olga Lucía Ruiz, subdirectora general del INCI.

El estudio asegura que 11.179 personas con discapacidad visual se encuentran matriculadas en el sistema de educación en niveles preescolar, básico y medio. De ellas, 93% están en instituciones públicas y 7%, en privadas. El panorama parece bueno, pero tiene matices. Mientras que la tasa de analfabetismo general en el país es de 5,8% para 2012, entre la población invidente es de 31,1%. Dicho de otro modo: buena parte de este grupo se queda por fuera del sistema educativo, pese al alto número que ingresa.

El siguiente matiz, con tintas abismales, tiene que ver con el proceso: de aquellos 11.179 matriculados en colegios, se matricularon sólo 228 en las universidades en 2012. Y esto lanza otra cifra: 10.951 no tienen nivel profesional. De ellos, 5.394 se encontraban matriculados en el Sena, sólo 250 de ellos titulados y el resto en busca de formación para el trabajo. Otros 2.871 estaban, para 2012, en otras instituciones técnicas. Sumando y reduciendo, paso a paso, es posible llegar a la cifra final: 2.686 no tienen ningún tipo de formación más allá del bachillerato.

En salud y educación, la balanza se inclina más hacia las carencias que hacia los beneficios. Un tercer factor afecta dicho horizonte: el empleo y la seguridad. Aunque el 92,6% tienen afiliación a salud, sólo el 22,8% está inscrito a pensión y el 13,5% a cesantías. El desempleo en esta población, dice el estudio, es seis veces mayor que el de la población colombiana, es decir, 59%.

El restante 41%, en efecto, tiene trabajo. Pero, ¿bajo qué condiciones? Una cifra: 121.457 ganan menos de $500.000 al mes y 9.457 menos de $1 millón. Trabajan, dice el estudio, sobre todo como jornaleros (contratados por una empresa), empleados particulares y por cuenta propia. El 72, 5% de ellos no tienen contrato. La traducción es sencilla: aún las empresas no abren espacios suficientes para esta población.

Ver o no ver, entonces, no es la cuestión: la cuestión es abrir espacios para que quienes tienen discapacidad visual puedan tener una vida digna. Espacios que se vean de verdad.

 

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