58 países se unieron para acabar con venta de productos para torturar

Durante la 72° Asamblea General de la ONU, se conformó la Alianza Mundial para el Comercio sin Tortura, de la que hace parte Colombia y que fue impulsada por la Unión Europea, Argentina y Mongolia.

AFP

Los 28 estados miembros de la Unión Europea, Colombia y otros 29 países conformaron este lunes la Alianza Mundial para el Comercio sin Tortura, que busca “poner fin al comercio de productos que se emplean para aplicar la pena capital y para infligir torturas”. La iniciativa fue impulsada por la Unión Europea, Argentina y Mongolia.

Esta alianza se formó como respuesta a que, a pesar de que el derecho internacional prohíbe de manera explícita la venta de este tipo de elementos, en el mercado todavía se puede encontrar productos “destinados a matar y producir dolor”, como “porras con púas metálicas, cinturones para aplicar descargas eléctricas y dispositivos que sujetan a las personas por la cintura o las extremidades mientras las electrocutan”.

La comisaria de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, aseguró: “Estos productos no tienen otra finalidad que la de infligir un dolor terrible a las personas y matarlas. Jamás deberíamos permitir que se comercie con ellos como con cualquier otro producto. Ha llegado el momento de tomar medidas concretas para detener este vil comercio”.

Así las cosas, los 58 países, de África, América, Europa y Asia, que se unieron en esta alianza trabajarán desde cuatro líneas: tomar medidas para controlar y restringir las exportaciones de estos productos; dotar a las autoridades aduaneras de los instrumentos adecuados con una plataforma para supervisar los flujos comerciales; proporcionar asistencia técnica para ayudar a los países a establecer y poner en marcha leyes que prohíban dicho comercio, e intercambiar prácticas para conseguir sistemas de control y cumplimiento eficientes.

Pero este no es el primer esfuerzo internacional para acabar con el comercio de productos utilizados para la tortura. Ya en noviembre pasado, la Unión Europea había cambiado su normatividad para evitar que desde los países miembros se exporten instrumentos que puedan ser utilizados para torturar.

 

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