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Desde 1922, Turquía ha intentado ser aceptada por Occidente. Ingresó en el Consejo de Europa en 1949, en la OTAN en 1952 y solicitó por primera vez en 1959 su entrada a la Comunidad Económica Europea, sin éxito. La no integración de Turquía a Europa siempre fue justificada por razones de inestabilidad política o crisis económica. Sin embargo, en marzo de 2016, la Unión Europea había pactado un acuerdo con Turquía, coincidencialmente cuando el presidente Recep Tayyip Erdogan se había vuelto más autoritario.
Entonces no importaba que Ankara presentara déficit democrático, retroceso político e institucional, terrorismo y relaciones comerciales dudosas con el Estado Islámico. Turquía, uno de los brazos más efectivos de la OTAN, sería transformada en el muro de contención de los refugiados que intentaran llegar a Europa —vía Grecia—, millones de ellos desplazados de la OTAN, víctimas de sus guerras inventadas y de su dinámica industria militar.
Turquía no sólo detendría el paso de los migrantes al continente europeo, sino también recibiría refugiados devueltos, ahora denominados “migrantes irregulares”. En contrapartida, recibiría un aporte de 6.000 millones de euros que serían desembolsados a finales de 2018 para atender a los más de 2 millones de refugiados sirios que se encuentran en territorio turco, y no se exigiría visa a los turcos para viajar por Europa a partir de junio de 2016. Así, se promovería gradualmente la integración de Turquía a la Unión Europea. Para muchos, este acuerdo hería los derechos fundamentales de la Carta de la Unión Europea y se preguntaban con qué argumento los 28 países podían considerar a Turquía un lugar “seguro” para los refugiados.
Posteriormente, Erdogan afirmó que la UE no estaba cumpliendo sus acuerdos, pero que Ankara seguiría recibiendo a los refugiados de Siria y de otras partes del mundo. Ahora llega la fuerte crisis diplomática Holanda-Turquía, después de que Holanda no autorizara el aterrizaje del avión del canciller turco Mevlüt Cavusoglu y posteriormente prohibiera el ingreso de la ministra de Asuntos Familiares, Fatma Betïl Sayan, al consulado de Turquía en Róterdam, con la justificación de que ambos pretendían celebrar actos políticos en Holanda con el objetivo de buscar apoyo para el referéndum que ocurrirá el próximo 16 de abril en Turquía.
La decisión del primer ministro holandés de impedir las reuniones de los representantes del gobierno turco en Róterdam se produjo como respuesta a presiones de sus compañeros de partido y de la oposición, quienes advirtieron que un acto político turco en el país “conllevaría riesgos para el orden público y la seguridad”, en vísperas de elecciones generales.
El veto holandés desató una fuerte tensión diplomática entre ambos países y declaraciones ofensivas por parte del gobierno de Erdogan. Mientras Holanda intenta bajar los niveles de tensión, Turquía los agudiza y amenaza.
La decisión de Holanda, justificable desde su perspectiva, podría transformarse en un tiro por la culata, pues podría incrementar el sentimiento antieuropeo en ciertos segmentos de la sociedad turca a casi un mes de la votación del referendo que pretende ampliar los poderes constitucionales del presidente y que pareciera tener respaldo de la mayoría de la población.
* Profesora U. Externado de Colombia.