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Un año después del éxodo masivo de los rohinyás, el futuro de esta minoría musulmana de Birmania sigue siendo muy incierto por la falta de recursos para atender las necesidades de los campos de refugiados y de voluntad política para respetar el acuerdo de repatriación.
El 25 de agosto de 2017, el ataque de rebeldes rohinyás contra puestos fronterizos desencadenó una sangrienta represión del ejército birmano contra esta minoría, que la ONU calificó de "limpieza étnica".
Unos 700.000 miembros de esta comunidad huyeron hacia Bangladés y se refugiaron en inmensos campamentos en la región de Cox's Bazar, en el sudeste de este país fronterizo con Birmania.
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El gobierno birmano aceptó en enero su repatriación. Pero ocho meses después, este acuerdo, firmado con el ejecutivo de Bangladés, sigue sin ser aplicado y menos de 200 rohinyás regresaron a Birmania.
La dirigente birmana Aung San Suu Kyi, muy criticada por la gestión de esta crisis humanitaria, negó esta semana cualquier responsabilidad en la no aplicación de este acuerdo y responsabilizó a las autoridades bangladesíes, que "deben decidir la rapidez" con la que regresan los refugiados.
El doble lenguaje del gobierno birmano, los retrasos múltiples y el temor a una nueva persecución violenta dificultan el retorno de los rohinyás.
Los miembros de esta comunidad también quieren recibir una compensación económica por haber perdido sus tierras, que fueron incendiadas o requisadas por el ejército birmano.
Birmania deniega la ciudadanía a esta minoría musulmana desde 1982, privándoles así el acceso a la educación y a la sanidad.
"No regresaremos, ya que (las autoridades birmanas) no son sinceras con nosotros", asegura Nay Lin Aung, una refugiada que reside en un campamento.
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Sin embargo, Bangladés, uno de los países más pobres y con la mayor densidad de población en el mundo, tiene grandes dificultades para hacerse cargo del millón de rohinyás que se refugiaron en este país durante los últimos años.
El gobierno bangladesí advierte ahora con la posibilidad de instalarlos en una isla amenazada por las inundaciones.
Donaciones insuficientes
La vida en los campos de refugiados rohinyás resulta cada vez más difícil.
La ONU impulsó en marzo una petición para recaudar 1.000 millones de dólares destinados a sufragar las necesidades de los campamentos, pero solo se consiguió un tercio de estas donaciones, lo que preocupa a los observadores.
"Las donaciones suelen ser importantes durante el primer año (...) pero luego resulta mucho más difícil de obtenerlas", reconoce Peter Salama, director del Programa de gestión de situaciones de urgencia para la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las epidemias de difteria, cólera u otras enfermedades están bajo control en los campos de rohinyás, pero podrían producirse nuevos brotes a causa de la falta de recursos.
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El Banco Mundial anunció en junio que desbloquearía un fondo de 500 millones de dólares para ayudar a Bangladés.
También crece la presión internacional sobre Birmania. Estados Unidos anunció a mediados de agosto sanciones contra cuatro comandantes y dos unidades militares birmanas, acusados de estar implicados en la "limpieza étnica" de los rohinyás.
El Consejo de Seguridad de la ONU debería reunirse la próxima semana para tratar este tema. Pero Birmania cuenta con el apoyo de China, uno de los miembros permanentes del Consejo.
Al mismo tiempo, las oenegés están reuniendo varios testimonios en los campos de refugiados para denunciar al ejército birmano ante la Corte Penal Internacional.