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En junio de 2020, el presidente de la Comisión Independiente sobre el Abuso Sexual de menores en la Iglesia Católica en Francia (Ciase, por sus siglas en francés), Jean-Marc Sauvé, estimó que el número de víctimas en el país desde la década de 1950 era de al menos 3.000 y que el número de perpetradores de agresión sexual era de por lo menos 1.500, pero advirtió que la cifra podría ser mucho mayor. Tenía razón.
El martes de esta semana, Sauvé apuntó que “es muy posible que las víctimas alcancen la cifra de 10.000”. Los trabajos de investigación en curso y la recopilación de testimonios continúan elevando el número de casos, y se presagia que aún con estas labores la cifra sea menor a la real.
“La gran pregunta para nosotros es: ¿cuántas víctimas se presentaron? ¿Es el 25 %? ¿10 %, 5 % o menos?”, dijo Sauvé.
Desde que la Iglesia católica francesa estableció la comisión en 2018 tras los escándalos de abuso del arzobispo Philippe Barbarin se han recibido 6.500 testimonios concernientes a 3.000 víctimas diferentes. De estas historias, el 62 % de las víctimas son hombres y el 38 % son mujeres. Y aunque la comisión tiene acceso a los archivos de la diócesis y de las instituciones religiosas en Francia, la falta de recopilación de datos sobre los católicos practicantes en el país ha hecho que sea más difícil desarrollar las labores de investigación, pues dificulta el rastreo de los escándalos.
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La crisis en la Iglesia por las décadas de abuso sexual infantil por parte de sus sacerdotes tiene su origen en un encubrimiento generalizado y sistemático por parte de los líderes religiosos y otros clérigos que, en lugar de contactar a las autoridades para examinar las acusaciones, reubicaron en silencio a los abusadores en otro lugar del mundo, donde tenían el mismo contacto con grupos de niños.
En mayo de 2019, el papa Francisco impuso nuevas reglas en la Iglesia para que todas las diócesis establezcan sistemas de denuncia y los clérigos no encubran los abusos de sus compañeros.
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“Todos los que estamos en el liderazgo debemos saber que si la gente ama a la Iglesia nos van a denunciar cuando hacemos algo mal”, le dijo el arzobispo Charles Scicluna, principal investigador de abuso en el Vaticano a CNN.
Las investigaciones han provocado reacciones encontradas entre las asociaciones de víctimas. Algunas aplauden los esfuerzos de la Ciase por reunir testimonios, aunque son conscientes del dolor que representa para las víctimas revivir estos episodios traumáticos del pasado. Otras organizaciones simplemente cuestionan la capacidad y sobre todo la voluntad de las autoridades francesas para presentar cargos contra los abusadores y para compensar a las víctimas.
En Alemania, por ejemplo, un informe de 2008 reveló que hubo por lo menos 3.600 personas abusadas sexualmente por el clero entre 1946 y 2014. Se acordó una compensación para las víctimas de US $60.000, pero se considera que este monto es insuficiente y que deja a las víctimas con sentimientos encontrados y con connotaciones negativas. La diferencia importa. Las víctimas de abuso sexual infantil se enfrentan a un aumento de los problemas de salud física y mental y a menores ingresos a lo largo de su vida. El costo para una víctima puede ser de más de US $ 280.000 a lo largo de su vida, según un estudio de 2018 de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins
“(Es una forma de decir), de niña eras una buena prostituta, y este es tu pago, aunque con 40 años de retraso. Ahora, por favor, váyase y no nos moleste más”, le dijo una víctima de abuso a Samina Karim, una profesora de Trabajo Social en la Universidad de Bradford.
Karim destaca que es necesario comprender mejor el impacto de los pagos y las compensaciones, pues acceder a estos sigue siendo una experiencia compleja para las víctimas. Es como si se le estuviera poniendo un precio al trauma.
“Como mínimo, las víctimas deben saber que es posible que recibir una indemnización no les ofrezca un cierre. Y pueden quedarse más molestos y necesitar apoyo adicional. Esto es importante dado que las víctimas y los sobrevivientes ya han experimentado una falta de poder y control, por lo que es correcto que cualquier respuesta tenga en cuenta cómo el funcionamiento del poder puede afectar aún más a quienes sufrieron”, apunta Karim en The Conversation.
Hay otro gran escándalo relacionado con las compensaciones monetarias a las víctimas: la Iglesia ha suspendido los pagos del Programa de Compensación. Quizás el ejemplo más reciente e ilustrativo es el de la Diócesis de Erie en el noroeste de Pensilvania, que congeló su Programa de Reparación de Sobrevivientes Independientes, cuyo dinero provenía de una línea de crédito garantizada por las inversiones diocesanas, citando la “agitación económica de la pandemia”.
Aunque es la única diócesis que suspendió el programa de compensación a las víctimas, los líderes de la Iglesia sí han intentado cortar el flujo de dinero que va para las víctimas a través de declaraciones de bancarrota. Esto otorga una “solución atractiva”, pues la quiebra asegura un acuerdo masivo silencioso con las víctimas en las demandas existentes y bloquea las nuevas.
“En muchos casos, las iglesias preceden a la quiebra transfiriendo y reclasificando activos. El efecto es reducir la cantidad de dinero disponible para las víctimas de abuso por parte del clero. Eso y los acuerdos universales del Capítulo 11 (de la Ley de Quiebras) y las protecciones de reclamos adicionales han sido un doble golpe efectivo para limitar los pagos”, señaló Bloomberg.
Esto, para la Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes es una medida “hiriente y engañosa”, y demuestra que los sobrevivientes deben buscar justicia en los tribunales en lugar de programas administrados por los clérigos.
“La Iglesia Católica se ha comportado como un negocio. No se ha comportado como una religión que se rige por las reglas que defiende”, señaló Terry McKiernan, presidente de BishopAccountability.org, a Bloomberg. Según esta organización que rastrea el abuso sexual por parte del clego, la Iglesia pagó cerca de US $750 millones por abusos sexuales desde la década de 1980 hasta 2002. La nueva ola de demandas podría costarle a la Iglesia más de US $4mil millones.
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