Africanos para África

El gobierno israelí anunció la deportación de aproximadamente 38.000 migrantes africanos ilegales, la mayoría proveniente de Eritrea y Sudán, en un plazo de tres meses. En un primer momento fueron notificados los refugiados que solicitaron asilo, que no están casados ni tienen hijos.

Inmigrantes africanos protestan frente a la Embajada de Ruanda en la ciudad de Herzliya. / AFP

La nueva política ha sido condenada por rabinos, escritores, académicos, médicos y sobrevivientes del Holocausto, que enviaron cartas a las autoridades israelíes solicitando su anulación.

El 2 de febrero, académicos especializados en derecho internacional indicaron en un documento que el plan de deportación del gobierno viola las “leyes internacionales de derechos humanos, la jurisdicción internacional sobre el estatuto de refugiados y el principio de no devolución”.

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Según las autoridades migratorias, además de los 38.000 adultos, hay 4.000 niños en situación irregular. Sin embargo, el Ministerio del Interior señaló que menores de edad, mujeres y padres de menores no serán contemplados.

A partir de ahora, los inmigrantes ya notificados deberán tomar la decisión de escoger entre dos caminos, ambos bastante difíciles:

1. Si deciden irse “voluntariamente”, recibirán US$3.500 y tiquetes de avión, con destino al continente africano.

2. Si insisten en quedarse, en el mes de abril podrán ser encarcelados por tiempo indefinido y considerados “infiltrados ilegales”.

Israel ha sido desde hace años un lugar atractivo para los inmigrantes africanos. La mayoría de ellos llegan a Israel desde Egipto, evitando así cruzar el mar Mediterráneo. Según la OIM, 3.116 personas murieron en 2017 al intentar hacer esta travesía.

No obstante, la mayoría de estos inmigrantes africanos viven en condiciones miserables y son discriminados por segmentos de la población que residen en el sur de Tel Aviv.

La entrada de un significativo número de inmigrantes ilegales a través del Sinaí egipcio, sobre todo a partir de 2007, hizo que Israel construyera una cerca eléctrica a lo largo de esta frontera.

Es importante recordar que la ley que rige la política migratoria de Israel es de 1950 y garantiza la ciudadanía israelí a los judíos de todo el mundo, pero los extranjeros que profesan otra fe y que residen legalmente en el país deben realizar un proceso burocrático que puede demorar hasta cinco años.

A finales del año pasado, el diario israelí Haaretz afirmó que el gobierno de Benjamín Netanyahu pagaría a los países receptores más de 4.000 euros por cada migrante acogido.

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A pesar de que hay rumores de posibles acuerdos con Ruanda, tanto este país como Uganda lo han negado. Por otro lado, el gobierno israelí tiene conciencia de que estos inmigrantes no pueden ser devueltos a Eritrea ni Sudán, porque esto representaría un alto riesgo para sus vidas.

Según fuentes locales, el gobierno pretende reemplazar a los solicitantes de asilo africanos por trabajadores palestinos, “una visa de trabajo por cada dos migrantes salientes”.

El gobierno israelí ha justificado su decisión al reiterar que “defender las fronteras es un derecho soberano de Israel” y que estos inmigrantes no son refugiados, sino inmigrantes económicos.

La dramática situación de los africanos en Israel, aunque clasificados como inmigrantes económicos, recuerda que desde 1991 el desplazamiento en el mundo por conflictos bélicos y otros motivos variados no se ha detenido. Según cifras de Acnur, los números hablan por sí solos.

Después de tanto tiempo, el problema sigue sin solución y los “desplazados” siguen con categoría de moneda de cambio de muy bajo precio, lo que denota la deshumanización de la movilidad humana.

* Profesora U. Externado de Colombia.

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