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El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) pidió hoy a Guatemala que anule la "actividad judicial" del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez.
"Guatemala debe suprimir la actividad judicial de Iván Velásquez, sesgado militante extremista, y de Pinilla Cogollo, fue integrante de grupo criminal. Con politiquería judicial no se derrota la corrupción", manifestó Uribe en su cuenta de Twitter.
El exmandatario y actual senador se refirió así a la decisión del presidente del país centroamericano, Jimmy Morales, de no renovar el mandato de esa Comisión, cuyo periodo vence en septiembre de 2019.
Velásquez y Uribe han mantenido una histórica pelea que inició cuando el jefe de la Comisión era magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y criticó al exmandatario por los cambios que realizó a la Constitución del país para poder reelegirse.
A esto se sumó que en ese entonces el magistrado encabezó las investigaciones por parapolítica, tras las cuales se condenaron a varios políticos cercanos al expresidente, entre ellos su primo Mario Uribe Escobar.
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Jimmy Morales notificó hoy de su decisión al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la cual tomó alegando el "fortalecimiento" de las instituciones y para garantizar la lucha contra la corrupción.
Las investigaciones de la Cicig y de la Fiscalía han salpicado a miembros cercanos de Morales, a su partido durante las elecciones que lo llevaron al poder y a dos de sus familiares más cercanos, su hijo José Manuel y su hermano Sammy, quienes deben enfrentar un juicio por un caso de fraude al Estado en 2013.
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Ante la decisión, el procurador de Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, aseguró que el presidente centroamericano perdió "la objetividad".
A esta voz de protesta se sumaron los partidos políticos de oposición y la fiscal María Consuelo Porras, quien instó al Gobierno y a la ONU para que lleguen a un acuerdo sobre la Cicig.
El año pasado Jimmy Morales intentó expulsar del país al jefe de la Cicig, pero una decisión de la Corte de Constitucional frenó esta acción y pidió solventar las controversias mediante un diálogo, como señala el artículo 12 del ente.