La desintegración regional y el coronavirus en América Latina

Un trabajador de salud toma la temperatura a habitantes de Coata, en la región peruana de Puno, cerca a la frontera con Bolivia.

Foto: Agencia AFP

Una de las debilidades que evidencia la crisis ocasionada por el coronavirus en América Latina ha sido la ausencia de respuestas en clave regional. La falta de multilateralismo y confianza mutua se acompaña de resistencias a cualquier atisbo de supranacionalidad, una falta de liderazgo y una agenda de mínimos que, mayormente, gravita en exclusiva en torno a cuestiones económicas y comerciales.

De lo anterior dan buena cuenta la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico. En la primera, la mayoría de sus declaraciones institucionales han redundado en la importancia de recuperar los espacios comerciales tan pronto se supere la alerta sanitaria. De hecho, apenas se han impulsado tres medidas con escaso alcance: la primera, el intercambio de información; dos, promoción de mecanismos de cooperación reembolsable, aunque siempre de forma unilateral, y la tercera, mantenimiento de reuniones virtuales para, “de ser necesario”, coordinar acciones en áreas de interés regional.

Mucho menos cabe esperar de la Alianza del Pacífico, formada por los cuatro países del continente más escépticos a la integración regional: México, Colombia, Perú y Chile. Sus acciones apenas se han reducido a aspectos específicos de la relación comercial, como el i) levantar limitaciones comerciales para el intercambio de bienes médico-sanitarios y ii) promover cierto grado de intercambio tecnológico.

No ha sido mucho mayor la respuesta de Mercosur. Se ha promovido el manejo conjunto de estadísticas, cierto nivel de intercambio comercial y la necesidad de buscar financiación proveniente de organismos como la Corporación Andina de Fomento o el Banco Interamericano de Desarrollo. La negociación de tratados de libre comercio, como con la Unión Europea, Corea del Sur o Canadá han quedado en stand by, siendo la única medida tan destacable como pírrica la dotación de un fondo inicial de 16 millones de dólares para la adquisición de material de testeo y el apoyo al eje “Investigación, Educación y Biotecnología aplicadas a la Salud”, centrado en cuestiones que atañen a la COVID-19.

Como otras veces, la única estructura regional que ha ofrecido mecanismos multilaterales ha sido el Sistema de Integración Centroamericano que, a inicios de marzo, impulsaba la declaración “Centroamérica unida contra el Coronavirus”. Ello, comprometiendo hasta 1.900 millones de dólares con los que prevenir, contener y superar, en clave regional, los efectos de la pandemia en torno a tres ejes centrales (salud y gestión del riesgo; comercio y finanzas; seguridad, justicia y migración) y dos transversales (comunicación estratégica; gestión de la cooperación internacional).

Del regionalismo posliberal poco se puede decir. El proyecto bolivariano de ALBA y UNASUR están al borde de la desaparición, producto de una crisis institucional casi irreversible. Sólo la CELAC ha ofrecido algunas medidas, como la creación de la Red de Expertos en Agentes Infecciosos y Enfermedades Emergentes y Reemergentes, o ciertas alianzas estratégicas con Naciones Unidas para complementar estrategias posibles frente a la COVID-19.

Por su parte, la OEA nuevamente ha dejado constancia de su escasa relevancia en el continente. Lo único destacable en estos meses ha sido la reelección de su secretario general, Luis Almagro, además de acciones puntuales de apoyo, como en México o El Salvador. Nada que ver con la Organización Panamericana de Salud, que semanalmente ha elaborado informes y ruedas de prensa, ofreciendo instrumentos regionales de diagnóstico, gestión y pronóstico, y apoyo directo a los Estados que la conforman.

En conclusión, una de las lecciones que debe aprender el continente es la compatibilidad (aún por llegar) entre el nivel estatal y regional, pues más allá de recelos y susceptibilidades hoy irresolutas, la integración ofrece medidas conjuntas a problemas compartidos que terminan por coadyuvar las respuestas que puedan provenir del nivel gubernamental.

*Doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Complutense de Madrid