Amnistía Internacional llama a esclarecer la muerte de Óscar Pérez en Venezuela

La directora adjunta para las Américas de AI, Michelle Kissenkoetter, expresó su preocupación por el uso ilegal de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en este y otros casos.

La falta de claridad en lo sucedido el pasado 15 de enero en la localidad de El Junquito, en Caracas, preocupa a Amnistía Internacional (AI). En entrevista con la Agencia Anadolu, la directora adjunta para las Américas de esta organización, Michelle Kissenkoetter, llamó a las autoridades venezolanas a esclarecer los hechos que concluyeron con la muerte de al menos siete personas, entre estas Óscar Pérez, un expolicía científico que se sublevó en 2017 en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

“Las fuerzas de seguridad emplearon un arma militar diseñada para matar y que brinda poca probabilidad de supervivencia. A pesar de que no sabemos detalles del enfrentamiento, lo que sí está claro es que un arma de este calibre no es apropiada, ni está permitida, para operaciones de mantenimiento del orden público”, explicó Kissenkoetter.

No es la primera vez que AI alza la voz por el uso intencional de la fuerza letal en operaciones de mantenimiento del orden público, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. En el marco de las protestas de 2017 en contra del gobierno de Maduro –que dejaron 120 muertos–, ya habían condenado lo que consideran “un patrón extremadamente preocupante”.

“Hemos denunciado que parecen ser no solo ejemplos de reacción ilegal por parte de algunos funcionarios específicos, sino que parece haber una política de violencia detrás de estas actuaciones”, dijo Kissenkoetter.

Desde el Gobierno se han referido públicamente a Pérez y a su grupo –del cual al menos cinco miembros habrían fallecido también este lunes–, como “terroristas”. A juicio de Kissenkoetter, esto demuestra un irrespeto al Estado de Derecho: “Alegar que alguien sea terrorista o acusar verbalmente a alguien de un crimen no es fundamento suficiente para justificar el uso letal de la fuerza o el uso de fuerza tal cual”.

La directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional insistió en que el operativo emprendido en contra de Pérez y su grupo desconoce completamente el debido proceso enmarcado en el derecho internacional.

“El uso letal de la fuerza solo se permite en casos extremamente limitados y en este caso solo era permitido si la vida de otros estaba en riesgo por parte de estas personas (…). Tiene que ser una situación progresiva. No se puede ir directamente y mucho menos con uso letal de las fuerzas. Tenían muchas opciones a su disposición. Si resulta que se estaban rindiendo, esto es un caso muy serio de una violación muy grave e inclusive un crimen bajo el derecho internacional”, sentenció Kissenkoetter.

En este sentido, exhortó a las autoridades venezolanas a emprender una investigación “imparcial, independiente, exhaustiva y transparente”, que permita a familiares de los caídos, organizaciones de derechos humanos y periodistas acceder a la información.

Enfatizó en la importancia de que la hagan autoridades civiles de la nación, pues acotó que desde AI han observado, también con preocupación, “un patrón de militarización” del sistema penal y judicial venezolano.

La madrugada del lunes, fuerzas de seguridad del Estado venezolano rodearon el escondite donde estaban Pérez y su grupo. A través de vídeos que colgaron en las redes sociales se conoció que estos declararon varias veces su rendición. Sin embargo, las fuerzas abrieron fuego con lanzagranadas, antitanques y metralletas contra la vivienda.

Al mediodía, el gobierno emitió un comunicado oficial en el que indicaba que miembros de la “célula terrorista” habían sido “abatidos”; y cinco “criminales” fueron “capturados y arrestados”. No fue sino 24 horas más tarde cuando se confirmó la muerte de Pérez y cinco de los suyos, además de una mujer que les acompañaba en la residencia.

Pérez, de 36 años, se hizo conocido el 27 de junio de 2017, en medio de la oleada de protestas contra Maduro, cuando sobrevoló Caracas en un helicóptero policial. El también actor y sus hombres lanzaron cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y dispararon contra el Ministerio de Interior (MI).