Informe de HRW y Foro Penal

Así arremetió Maduro contra la oposición

Este año fue uno de los más difíciles para la oposición venezolana: la magnitud y la gravedad de la represión llegó a niveles inéditos en la historia reciente venezolana.

La policía arresta a uno de los manifestantes de una protesta en Caracas. Esta escena ocurre el 22 de julio de este año. / AFP

Los 88 casos que documentaron las organizaciones Foro Penal y Human Rights Watch en Venezuela (de cerca de 314 denuncias) confirman la gravedad de la represión que sufrieron los críticos del gobierno de Nicolás Maduro durante 2017.

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En agosto, cuando las protestas contra el gobierno venezolano entraban en su quinto mes, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ya señalaba al gobierno venezolano de detenciones arbitrarias, tratos crueles y torturas a disidentes.

Sin embargo, la situación no cambio, el gobierno jamás respondió a los señalamientos y continuó usando en forma sistemática fuerza brutal, incluidas torturas, contra manifestantes críticos y opositores políticos. Así lo señala un informe difundido hoy por Human Rights Watch y la organización venezolana Foro Penal. El documento de 73 páginas: “Arremetida contra opositores: Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela” demuestra cómo cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente y muchas de ellas describieron haber sufrido graves violaciones de derechos humanos en Caracas y 13 estados entre abril y septiembre de 2017. “Miembros de las fuerzas de seguridad golpearon violentamente a detenidos y los torturaron con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras técnicas brutales. También emplearon la fuerza excesiva contra personas en las calles, y detuvieron y procesaron arbitrariamente a opositores del gobierno. Aunque no fue la primera arremetida contra críticos del gobierno de Nicolás Maduro, la magnitud y gravedad de la represión en 2017 llegó a niveles inéditos en la historia reciente venezolana”, señala HRW.

“Los abusos perversos y generalizados contra opositores del gobierno en Venezuela, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “No se trata de abusos aislados u ocasionales por parte de agentes insubordinados, sino más bien de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas”.

El informe se basa en entrevistas realizadas a más de 120 personas, incluidas víctimas y sus familiares, abogados afiliados al Foro Penal que asistieron probono a víctimas en audiencias judiciales y profesionales médicos que atendieron a personas heridas durante las manifestaciones o en lugares próximos a ellas. “También evaluamos las evidencias disponibles que corroboraban los testimonios, incluidas fotografías, grabaciones de video, informes médicos y sentencias judiciales, y consultamos informes y declaraciones oficiales”, señalan los realizadores del documento.

Algunos testimonios

El perfil de los torturados, según HRW, es muy parecido: “mayormente disidentes o críticos, no solo aquellos líderes opositores conocidos, sino que se trata de ciudadanos de a pie que el Gobierno considera disidentes simplemente por participar en manifestaciones o por estar pasando cerca de una”. Así torturó el gobierno de Maduro a varios disidentes. A Ernesto Martin (seudónimo), de 34 años, agentes de inteligencia lo detuvieron en Caracas después de una marcha. Contó que lo esposaron de manos y pies, lo colgaron del techo y le aplicaron descargas eléctricas mientras le preguntaban por sus vínculos con la oposición. Afirmó haber sido golpeado y amenazado de muerte. Durante semanas, no se permitió a Martin ver a su familia, su abogado ni a un juez. Lo liberaron luego de advertirle que no podría hablar de política en sus redes sociales. Martin huyó del país.

A Armando López Carrera (seudónimo), de apenas 17 años, miembros de la GNB lo arrestaron durante un enfrentamiento entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad en Carabobo. Detalló que durante la detención fue obligado por agentes a caminar en cuclillas, le dieron golpes con palos, le cortaron el cabello, lo golpearon y lo obligaron a hacer ejercicios de entrenamiento militar, y también a inclinarse y mantenerse en equilibrio sobre pies y cabeza, sin usar las manos, por cerca de cinco minutos. Contó que permaneció hacinado con otras personas en una celda de castigo varios días.

“Los gobiernos comprometidos con solucionar la crisis venezolana deberían enviarles un mensaje claro: si el gobierno venezolano no demuestra tener la capacidad o voluntad para que los miembros de las fuerzas de seguridad respondan penalmente en Venezuela por los abusos que cometen, entonces la comunidad internacional promoverá que se haga justicia en el extranjero”, concluyó Vivanco.