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El fujimorismo volvería a disputar una presidencia en Perú de la mano de Keiko Fujimori, la influyente política que durante los últimos años ha sido el músculo de la oposición desde el Congreso del país. A falta de pocos votos por contar, todo parece estar decidido. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori pondrá frente a frente a dos visiones radicalmente opuestas de Perú y del modelo de Estado, una antagónica dupla de la que saldrá el próximo jefe o jefa de Estado para gobernar el país los próximos cinco años.
Acostumbrados los peruanos a votar en segunda vuelta por el mal menor, esta vez el reto es para muchos más doloroso, pues prácticamente cuatro de cada cinco electores no votó por ninguno de los dos en primera vuelta y consideran que, gane quien gane, habrá consecuencias indeseables.
De hecho, Keiko es la cara opuesta a Castillo por donde se le mire, a excepción de la convicción en gobernar con mano dura. Los orígenes de ambos candidatos ya marcan una brecha importante. Desde su humilde provincia andina de Chota, Castillo, un maestro de escuela rural y líder sindicalista, llegó a la segunda vuelta impulsado por el voto izquierdista conservador del campo andino, cansado como buena parte del país de la política tradicional y la corrupción sistémica en el aparato estatal.
Fujimori, por su parte, hija y heredera política de expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), personifica la política que aborrece Castillo y además es percibida por muchos como la causante directa de la enorme inestabilidad política vivida en Perú en los últimos cinco años después de que no reconociese su derrota electoral en 2016.
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La candidata del partido de derecha autoritaria Fuerza Popular también representa para muchos la corrupción que pesa como una lacra sobre el país, pues ha sido imputada por presunto lavado de dinero en sus anteriores campañas electorales, lo que le llevó a prisión preventiva durante 15 meses entre 2018 y 2020.
Además, Fujimori es defensora a ultranza de la economía de mercado practicada en Perú como un dogma desde el mandato de su padre, con una intervención mínima del Estado y enfocada en poner la menos trabas y reglas posibles a la inversión privada con la idea de que esta sea principal fuente de trabajo e ingresos de la población.
Es la permanencia de este modelo lo que está en juego, pues si bien ha reducido notablemente la pobreza en los últimos 30 años, no ha reducido las desigualdades.
Así lo ven mayoritariamente las comunidades rurales como las de Castillo, donde están las minas o yacimientos petrolíferos en los que se instalan empresas extranjeras de las que no perciben un beneficio directo de su presencia, pues muchas veces el canon pagado por esas compañías es malgastado por las autoridades locales.
Otros de los puntos que están en juego es la Constitución nacional, pues la vigente se oficializó en 1993 tras un referéndum propiciado por el “autogolpe” protagonizado por Alberto Fujimori donde disolvió el Parlamento e intervino la Fiscalía, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
Para Castillo esa carta magna es la responsable de que en los últimos años se hayan perpetuado las desigualdades entre las clases altas y las más bajas, mientras que para Keiko Fujimori es innegociable la persistencia de la Constitución al considerar que fue responsable del crecimiento económico sin precedentes en la historia del país de los últimos 15 años.
Justamente el destino de Alberto Fujimori está a punto de definirse con estas elecicones. Keiko ya anticipó que indultará a su padre haciendo uso de la prerrogativa extraordinaria que tiene el presidente, pese a que se había opuesto a ella cuando lo hizo Pedro Pablo Kuczynski en 2017, un indulto que luego fue anulado por la Justicia por irregularidades.
A Alberto Fujimori, de 82 años y con diversos males crónicos propios de su avanzada edad, le quedan por cumplir unos doce años de cárcel, por lo que no saldría en libertad hasta 2033, cuando tuviera 95 años, pero las familias de las matanzas de las que fue autor mediato (con dominio del hecho) se oponen a cualquier concesión.