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En Perú crece la indignación con los empleados que se aprovecharon de su cargo para aplicarse a escondidas la vacuna contra el coronavirus, antes incluso de quienes están en primera línea en la lucha contra la pandemia.
“¿Qué hemos hecho mal como país y como personas para poner al Perú con todas sus posibilidades y riquezas en una situación tan precaria y difícil? Dijo el presidente interino, Francisco Sagasti, al exponer su pesar por el llamado “Vacunagate”, el escándalo de las vacunaciones en secreto que se administraron dos de sus ministras, el expresidente Martín Vizcarra y otros altos funcionarios antes de que cualquier ciudadano accediera a las dosis.
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El mandatario recordó que la crisis ética y moral revelada con las vacunaciones secretas se suma a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, a la crisis económica y también a la crisis política surgida de las últimas elecciones de 2016, cuando el Ejecutivo y el Legislativo recayeron en signos políticos opuestos.
“Desde las profundidades tenemos que buscar esa capacidad de regeneración moral y ética sin la cual la recuperación económica, la paz social, la salud y la seguridad no podrán estar a disposición nuestra”, indicó Sagasti.
¿Se afecta el plan de vacunación?
A una semana del inicio oficial de la vacunación en el país, un total de 108.610 personas que trabajan en la primera línea de atención de la pandemia han sido vacunadas en los centros de salud públicos y privados.
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El ministro de Salud, Oscar Ugarte, ha insistido en que la campaña de vacunación no sufrirá ningún perjuicio y continuará con su programación, a raíz del escándalo por el uso irregular de una parte de las vacunas del laboratorio chino Sinopharm enviadas al país para los ensayos en un grupo de voluntarios.
¿Hay más vinculados al escándalo?
Hasta el momento, se ha conocido que 487 personas, entre investigadores y funcionarios públicos, como el expresidente Martín Vizcarra, la excanciller Elizabeth Astete y la exministra de Salud Pilar Mazzetti, recibieron las dosis que los inmunizaron contra el COVID, entre septiembre e inicios de este mes.
De otro lado, la Defensoría del Pueblo advirtió este martes que “urge cautelar la distribución de oxígeno para hospitales a nivel nacional”, dado el grave déficit de este recurso para los pacientes más complicados con la enfermedad.
“En 24 horas aumentaron de 15 a 26 los nosocomios en donde solo queda 1 día de disponibilidad del insumo. 18 de ellos, se encuentran en provincias de nivel extremo de riesgo, según (la Superintendencia Nacional de Salud) SuSalud”, indicó la Defensoría en su cuenta de Twitter.
Nuncio Apostólico en el “Vacunagate”
El Arzobispo de Lima, Carlos Castillo, afirmó que está “entristepersonas que se vacunó en secreto contra el COVID-19 con dosis del laboratorio chino Sinopharm.
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“Estamos entristecidos e indignados porque es una persona tan buena y cercana a nosotros. Él se ha vacunado por motivos que él tiene que explicar, me parece que su explicación hasta ahora no es suficiente”, aseguró Castillo en la emisora RPP Noticias.
El arzobispo limeño sostuvo que saber que Girasoli figura en la lista de vacunados le “duele de sobremanera” y enfatizó que los miembros de la Iglesia católica deben “también superar la indiferencia hacia los problemas de la gente”.
Ocho años de prisióncido e indignado” tras conocer que el Nuncio Apostólico en Perú, Nicola Girasoli, fue una de las 487
Los funcionarios peruanos, como el expresidente Martín Vizcarra, sus familiares e “invitados”, que hacen parte del escándalo de vacunación en Perú, pueden ser condenados hasta a ocho años de prisión por delitos de corrupción en Perú.
“Sin duda alguna, estamos ante hechos delictivos”, afirmó este miércoles a Efe el abogado penalista Carlos Rivera, antes de mencionar acciones tales como negociación incompatible, concusión, cohecho y complicidad en corrupción de funcionarios, por los que la Fiscalía peruana ya ha abierto una investigación preliminar.
“Este caso tiene que llegar a los tribunales porque el hecho ilegal es absolutamente evidente”, remarcó Rivera antes de recordar que los implicados admitieron su participación, aunque aseguran que cometieron “un error”, y “la evidencia de los hechos es demoledora”.
El caso Vizcarra
En el caso del expresidente Vizcarra, quien ha admitido que se vacunó junto con su esposa y su hermano mayor, aunque asegura que lo hizo como voluntario de los ensayos clínicos, Rivera sostuvo que puede ser incluido en el delito de concusión o acusado de cohecho.
“A Vizcarra me parece que no se le podría acusar de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo porque él más allá de ser presidente de la República, la propia ley de contrataciones del Estado establece que un presidente no negocia nada”, acotó.
Por otra parte, para el experto, Málaga debe ser considerado “como un privado”, ya que el ensayo de las vacunas estuvo a cargo de una universidad particular, pero sí puede ser incluido “en calidad de cómplice” en una acusación por corrupción de funcionarios, que contempla las mismas penas que los otros delitos.
“A pesar del rol tan protagónico que ha tenido, en un caso de corrupción de funcionarios seguramente va a ser considerado como cómplice primario, en el sentido de que su intervención ha sido decisiva para cometer ese hecho delictivo”, acotó.}
16 funcionarios retirados del cargo
El gobierno peruano ha retirado de sus cargos a 16 funcionarios públicos que fueron vacunados irregularmente. “El 14 de febrero conocimos que de 16 funcionarios vacunados, ocho eran del ministerio de Salud y ocho de Relaciones Exteriores, todos ellos ya no forman parte del equipo de Gobierno”, declaró Bermúdez en rueda de prensa.
La titular del gabinete añadió que dos exfuncionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros que fueron vacunados, uno de ellos fue designado por la cancillería, y el otro fue contratado por el exprimer ministro Walter Martos, bajo la gestión de Vizcarra.
“Ninguno de estos dos funcionarios fue contratado por mi gestión, y ninguno trabaja ya en la Presidencia del Consejo de Ministros”, apuntó.
“Del total de personas vacunadas (487), alrededor de 25 % eran funcionarios públicos al momento de recibir la vacuna. Actualmente, ninguno de ellos forma parte del gobierno”, afirmó Bermúdez.