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La relación entre Colombia y Venezuela bajo la administración Santos no difiere mucho de lo que han sido las relaciones con el hermano país desde el ascenso del chavismo a Venezuela. Grandilocuencia discursiva de hermandad, profunda desconfianza mutua, desinstitucionalización de la relación, falsas acusaciones y constantes agresiones hacia el pueblo y los gobernantes colombianos. Si bien, el Estado colombiano le debe al gobierno del fallecido Hugo Chávez haber sentado a las Farc en la mesa de negociación de La Habana, esto no dejó de tener un alto costo para la relación bilateral.
No se puede negar que sin el concurso venezolano no hubiera sido posible la materialización del proceso de paz con las Farc, pues tanto Chávez como Maduro ayudaron decididamente en el proceso. Y hasta el 2015 el Gobierno colombiano fue excesivamente generoso en su agradecimiento con un régimen cada vez más dictatorial. La cercanía de la canciller, María Ángela Holguín, con el presidente Nicolás Maduro llenó de particularidades la relación.
Las extradiciones de Walid Makled y Lorent Saleh a Venezuela cuestionaron el proceder del Gobierno por mantener la buena relación. En el caso del Saleh se cuestiona si Colombia debió entregarlo a las autoridades venezolanas, que hoy lo someten a tortura y violación de sus derechos. En la misma dirección, cuando el embajador colombiano en Venezuela, Luis Eladio Pérez, fue víctima del linchamiento mediático de Diosdado Cabello, la Cancillería colombiana le dio la espalda, dejando solo al funcionario diplomático, que posteriormente renunció.
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Pero en 2015 la relación se volvió insostenible. Nicolás Maduro venia acusando a Colombia de ser el origen de todos los males de Venezuela, no dudaba en atribuir al contrabando de extracción la crisis económica en la que se sumía el país, y afirmaba que el paramilitarismo colombiano era la causa para que Venezuela se hubiera convertido en uno de los países más inseguros y peligrosos del mundo.
El establecimiento venezolano actuaba contra Colombia de forma pasivo-agresiva, hasta que a mediados de 2015 intentó fijar de forma unilateral la frontera marina y submarina, que aún se encuentra en discusión. De forma arbitraria y con evidente mala fe, el gobierno venezolano fijaba unas zonas en coordenadas que partían desde el territorio colombiano. Ante lo cual, después de más de 15 días, la Cancillería emitió una nota de protesta que nunca fue contestada, pero que llevó a la derogación del decreto y la presentación de otro, pero sin hacer alusión directa a las problemáticas coordenadas.
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En agosto del mismo año, el gobierno venezolano deportó arbitrariamente a miles de colombianos después de derrumbarles sus casas, en el marco de las llamadas Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP). Más de 22.000 compatriotas pasaron la frontera entre deportados y los que huían de las acciones indiscriminadas de las autoridades venezolanas. No se puede negar que en la zona de frontera y entre las viviendas que se tumbaron se efectuaban acciones delictivas, pero la individualización de los responsables y el debido proceso le fue negado a los colombianos, causando el desplazamiento y violando la normativa internacional.
Después un hijo de colombiana, Nicolás Maduro Moros, cerró la frontera por lo que se sabe el periodo más largo de la historia. La frontera viva más importante de América Latina y la zona de mayor fraternidad de los pueblos se interrumpió por una medida arbitraria de Caracas, lo que terminó fomentando más ilegalidad, que era la supuesta justificación del cierre.
Al deterioro democrático que vive Venezuela se sumó la pauperización de las condiciones de vida de los ciudadanos: en menos de cuatro años la regresión económica es de más del 50 % del PIB, en materia de salud el retroceso es de 50 años y de más de 40 años en materia de educación. El Estado venezolano se niega a entregar cifras económicas y sociales, incluso las epidemiológicas, que son vitales para la relación de vecindad. El resultado de la gestión del gobierno chavista de Nicolás Maduro es la diáspora del pueblo venezolano y un gran número de ellos en condiciones de asistencia humanitaria.
A pesar de lo cuestionable que es la gestión del Gobierno de Juan Manuel Santos en el manejo de la relación bilateral y lo criticable que puede ser su pasividad en el establecimiento de la dictadura, se debe reconocer que su accionar fue reactivo ante la avasalladora migración venezolana, pero en la dirección correcta.
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El decreto 1288 de julio de 2018, con el que Santos cierra su gobierno, marca las bases de la política pública para el manejo de la migración venezolana en la dirección correcta. Propugnando por convertir el tema en una política de Estado y no solo de gobierno, propendiendo por un manejo fundamentado en derechos humanos para la migración venezolana y marcando una tendencia para el continente.
El himno de Venezuela: “Gloria al bravo pueblo”, cierra con “seguid el ejemplo que Caracas dio”, haciendo referencia a la inspiración que la capital venezolana imprimió en la gesta independentista del hermano país, del continente y, por supuesto, de Colombia, donde generales como Bolívar, Sucre o Urdaneta jugaron un rol fundamental en nuestro proceso libertador. Hoy, cuando el gobierno de Nicolás Maduro se niega a reconocer la tragedia humanitaria y la diáspora que ha causado el chavismo, el Estado colombiano da ejemplo de solidaridad con la migración venezolana.
* Investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.