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Tardó en suministrar material de protección al personal sanitario, dudó en imponer a la población el uso de mascarillas -que sigue sin ser obligatorias en el exterior y algunas personas evitan incluso en interiores-, se resistió a aplicar el primero (marzo-junio) y segundo (noviembre) confinamientos y a controlar los viajes internacionales. Ahora el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, asume la responsabilidad de la dirección que tomó el gobierno frente a la pandemia y lamentó que la nación se haya convertido en la primera de Europa en superar las 100.000 muertes por COVID-19.
“Es difícil calcular la pena contenida en esa sombría estadística, los años de vida perdidos, las reuniones familiares a las que no se ha asistido y, para tantos familiares, la oportunidad perdida incluso de decir adiós”, afirmó Johnson en rueda de prensa. “Lamento profundamente cada una de las vidas que se han perdido y, por supuesto, como primer ministro, asumo total responsabilidad de todo lo que ha hecho el gobierno”, agregó.
El miércoles, el gobierno informó que impondrá una cuarentena de diez días en hoteles a los viajeros procedentes de los países suramericanos, Portugal y Suráfrica por las nuevas variantes del coronavirus, y declaró “ilegal” abandonar el país por motivos de “ocio”.
En una comparecencia en la Cámara de los Comunes (baja), el líder conservador explicó que a fin de disminuir el riesgo que plantea la pandemia, cualquier persona a la que no se pueda negar la entrada en el país -como los nacionales británicos- será aislada “sin excepción” en alojamientos proporcionados por el Gobierno durante 10 días a su llegada.
Como parte de una medida que contemplaba desde hacía unos días el Ejecutivo para contener la propagación de las nuevas variantes del virus, las autoridades británicas dispondrán de personal que irá al aeropuerto a recoger a esos ciudadanos para transferirlos a los lugares de aislamiento dispuestos para ese fin.
Los vuelos directos con los países sudamericanos, así como con Portugal y Suráfrica, ya están prohibidos desde mediados de enero, pero los viajeros británicos todavía pueden regresar a su país a través de rutas indirectas.
“Quiero aclarar que en virtud de las regulaciones para quedarse en casa, es ilegal salir para viajar al extranjero por ocio (...). Preguntaremos en puertos y aeropuertos a los ciudadanos por el motivo de su marcha y les ordenaremos regresar a sus hogares si no cuentan con una razón válida para viajar”, avisó Johnson el miércoles.
En el país más castigado de Europa por la pandemia, su ejecutivo se enfrenta a incesantes críticas desde que se registró el primer muerto por COVID-19 el 5 de marzo de 2020 y poco después se comprobó que el país no tenía capacidad para realizar pruebas de diagnóstico ni rastrear eficazmente los contactos.
Para convencer al ejecutivo de instaurar el primer confinamiento, un epidemiólogo advirtió que de no hacerlo podrían registrarse 250.000 muertes. Tras hacerlo, las autoridades sanitarias consideraron que si se limitaban los fallecimientos a 20.000 sería “un buen resultado”.
Enfrentado a una imparable tercera ola desde el descubrimiento en el sur de Inglaterra de esta mutación del virus, entre 30 % y 70 % más contagiosa según científicos británicos, el país ha sido muy criticado desde el principio de la pandemia por sus políticas erráticas.
Ahora, pese a que todo el país está confinado por tercera vez, con las escuelas cerradas, desde hace semanas no cesa de batir récords de muertos y los hospitales siguen superados frente al aumento de pacientes con síntomas graves.
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El viernes, Johnson provocó conmoción al anunciar, contra todo lo que se creía hasta ese momento, que la variante británicas del virus puede estar asociada a una mayor mortalidad, aunque basándose en datos iniciales aún por precisar.
En el caso de hombres de unos 60 años, la mortalidad en el país era con la anterior cepa de 10 pacientes por 1.000 enfermos y con la nueva estaría entre 13 y 14 por 1.000, explicó el principal consejero científico del ejecutivo, Patrick Vallance.
Sin embargo, Vallance quiso “subrayar que hay mucha incertidumbre en torno a estas cifras” y que se necesita “más trabajo para tener una comprensión precisa”.
Esta variante ya ha sido detectada en al menos 60 países y territorios a pesar de las crecientes restricciones impuestas a los viajes.
Ante esta situación, el gobierno británico ha centrado su estrategia en su masiva campaña de vacunación, iniciada el 8 de diciembre.
Desde entonces ha inoculado a 6,8 millones de personas con las vacunas desarrolladas por Pfizer/BioNTech y AstraZeneca/Oxford. Pero este ritmo podría verse amenazado por los retrasos en las entregas de las próximas dosis.
Después de que el estadounidense Pfizer hubiese advertido la semana pasada de retrasos en la producción de las vacunas, el viernes el británico AstraZeneca hizo un anuncio similar respecto al continente europeo.
Ello causó preocupación y descontento en Bruselas, que reaccionó proponiendo controlar las exportaciones de vacunas del COVID-19 fabricadas en su propio territorio. Pfizer produce en una fábrica de Bélgica las vacunas que suministra al Reino Unido.
Sin embargo, el secretario de Estado británico para la vacunación, Nadhim Zahawi, consideró el martes que esto de afectará a sus esfuerzos.
“Confío en que tanto AstraZeneca como Pfizer (...) nos proporcionarán las cantidades que necesitamos para cumplir nuestro objetivo a mediados de febrero”, declaró al canal a Sky News.
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