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El presidente brasileño, Michel Temer, anunció este sábado la creación de un ministerio de la Seguridad Pública, un día después de ordenar a las fuerzas armadas que dirijan la lucha contra el crimen organizado en el violento estado de Rio de Janeiro.
"A partir de la próxima semana o la otra, quiero crear un ministerio extraordinario de la Seguridad Pública para coordinar todos los esfuerzos", afirmó Temer a la salida de una reunión en Rio junto al gobernador local y diversos ministros, donde definieron las líneas del nuevo dispositivo de seguridad en ese estado. Esta nueva cartera será similar a un ministerio del Interior.
En Brasil, la policía está controlada por los gobiernos de cada estado del país, pero el decreto firmado por Temer el viernes, bajo el título de "intervención federal", concedió el mando al general Walter Souza Braga Netto, subordinado directamente al presidente, y no a las autoridades de Rio.
El general, que también participó de la reunión del sábado, había comandado ya el dispositivo de seguridad de los Juegos Olímpicos de Rio-2016. "Sería intolerable dejar la situación cómo estaba en Rio porque crea problemas en los otros estados. Hay que proteger a los más vulnerables, y para ello debemos unir nuestros esfuerzos", añadió Temer, quien la víspera había definido al crimen organizado como una "metástasis que se propaga por el país".
El nuevo decreto ya está en vigor, aunque aún debe ser validado por el Congreso, que ha fijado la votación para el lunes próximo. La intervención se prolongará hasta el 31 de diciembre, último día de funciones del actual gobierno.
Reservas
Inédita desde 1985, cuando finalizó la dictadura militar, esta "medida extrema", como la definió Temer el viernes, se tomó después de las escenas de violencia registradas durante el Carnaval de Rio, consideradas "inaceptables" por el ministro de Defensa, Raul Jungmann, el pasado miércoles.
Pese a que el propio gobernador local admitió que hubo un error de planificación, los datos parciales del oficial Instituto de Seguridad de Rio (ISP) indican que no se trató de un feriado atípico para los preocupantes parámetros de violencia del segundo estado más rico de Brasil.
Durante los cinco días de fiesta, se registraron 5.865 denuncias de delitos este año, por las 5.773 de 2017, con menos registros por la huelga policial, o las 9.016 de 2016.
"No hubo ninguna explosión de violencia en Rio durante el Carnaval", aseguró el viernes su directora, Joana Monteiro, al diario O Estado de Sao Paulo, atribuyendo el aumento de la sensación de inseguridad a factores como la mayor circulación de imágenes impactantes o la dispersión de los crímenes a todos los puntos de la ciudad.
El aumento de la violencia diaria ya venía abrumando, sin embargo, a las autoridades locales desde hace meses, por lo que el gobierno federal envió en julio 8.500 refuerzos militares, sin lograr resultados significativos.
A ocho meses de las elecciones presidenciales, el decreto ha suscitado reacciones políticas paralelas entre la oposición. La izquierda sospecha de la intervención de los militares en un país aún marcado por los primeros años duros de la dictadura.
"La situación en Rio es grave, pero debemos permanecer alerta para que estas medidas no estén acompañadas por la represión de los movimientos sociales y la suspensión de los derechos constitucionales", dijo en Twitter Gleisi Hoffmann, líder del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece el expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, a la cabeza de las encuestas de voto para las elecciones de octubre.
Para Miro Teixeira, del partido ecologista Rede, de la presidenciable Marina Silva, "la población de Rio necesitaba una medida como esta, porque todo el mundo tiene miedo". "Algo tenía que hacerse. Si va a funcionar plenamente, es otra historia. Es un intento que tenemos que apoyar", aseguró.