Cabildos abiertos, la apuesta de la oposición en Venezuela para salir de la crisis

Opositores venezolanos participan hoy miércoles, en una manifestación para exigir el fin de la crisis y en respaldo a la Presidencia interina de Juan Guaidó, / EFE

El pasado 23 de enero, en el marco de los multitudinarios Cabildos Abiertos que la oposición venezolana a través de la Asamblea Nacional (AN) organizó para conmemorar los 61 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, una noticia recorrió al mundo: Juan Guaidó, Presidente recién electo de la AN (la institución renueva su Junta Directiva cada 5 de Enero) juró frente a los centenares de miles de personas que asistieron a la convocatoria de Caracas, que asumía como encargado provisional la presidencia de Venezuela. Ratificó que sus funciones estaban circunscritas a llevar adelante la estrategia acordada en la AN y refrendada en más de 400 consultas populares realizadas en todo el país entre el 11 y 22 de enero. La hoja de ruta acordada se sintetiza en:

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1)      Salir de la usurpación en la que Nicolás Maduro incurre por ilegitimidad de origen a partir del 10 de enero pasado.

2)      Iniciar la Transición Democrática en un país sometido a un proceso de deriva autoritaria creciente.

3)      Convocar a elecciones libres como única vía para volver a tener un presidente producto de la legitimidad democrática.

Este intento de supeditación y control omnímodo, no solo del Estado sino de la sociedad en su conjunto, tuvo un primer rechazo en el 2001, con el movimiento ciudadano “Con mis hijos no te metas” al decreto 1011 mediante el cual el gobierno intentaba controlar la educación. La presión social logró la derogatoria. Posteriormente vino el acontecido 2002, con el golpe de Estado y el Paro Petrolero derrotados por el gobierno. Sin embargo, la oposición en el 2004 logró activar el referéndum revocatorio presidencial dado que, a pesar de las derrotas anteriores, se mantenía un creciente malestar contra el gobierno de Chávez. No obstante, éste logró ganar el tiempo necesario para activar las Misiones que desde entonces se convirtieron en el mecanismo no solo clientelar de captación del voto, sino inclusive de organización electoral del partido de gobierno. Las Misiones, a partir del 2005, se convirtieron en la base de una institucionalidad paralela, alimentada por el presupuesto que directamente empezó a manejar el Presidente, al margen del discutido y aprobado por el poder legislativo. Si a esto le agregamos el control del Consejo Nacional Electoral (CNE), las elecciones cada vez se hacían menos competitivas.

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Desde entonces, media un periodo de muchos bajos y pocos altos (como la victoria en el referéndum del 2007) para la oposición democrática venezolana. Hay que esperar hasta marzo del 2013, con la primera elección de Maduro, para que empiecen a perfilarse otra vez las posibilidades de lograr una transición democrática. La oposición pierde por escaso margen unas votaciones impugnadas. En el 2015, las elecciones parlamentarias, le dan la mayoría calificada a la oposición de los dos tercios la AN. Esa votación mostró que electoralmente la oposición era mayoría, que empezaba a evidenciarse una ruptura entre las expectativas de la población y la incapacidad de quienes conducían el país de satisfacerlas.

Posteriormente, el cercenamiento político a la AN y a la participación ciudadana a partir del 2016, ha sido un factor fundamental para expresar la necesidad de la transición democrática, debiendo señalar como primer hecho relevante en esta nueva fase de profundización autoritaria, la anulación del revocatorio presidencial previsto en el 2016, mediante una decisión judicial subalterna. En 2017, el propio Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió las sentencias 155 y 156 para anular las competencias de la AN, dando lugar a 3 meses de cruentas manifestaciones de rechazo. Ese mismo año, se conforma en agosto la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), resultado de elecciones que fueron convocadas bajo criterios distintos al voto universal y directo, seguramente atendiendo a la máxima presidencial pública, notoria y comunicacional, de que solo se puede concurrir a un evento electoral para ganarlo. Ésta por lo visto se siguió al pie de la letra también un mes después, en las elecciones regionales, en las que la ANC, pasando por encima de la decisión soberana del electorado del Estado Zulia, destituye al gobernador electo y el CNE no le dio respuesta a las pruebas de forjamiento de actas en el Estado Bolívar, en ambos casos en perjuicio de los electores opositores.

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El 20 de mayo del 2018, Maduro gana unas elecciones, con la mayoría de los principales partidos de oposición inhabilitados, y buena parte de su dirigencia en el exilio, perseguidos o presos. Por ello ni la AN ni buena parte de la comunidad internacional democrática reconocen la legitimidad de su segundo mandato.

Ante esta larga e intensa deriva autoritaria, se puede entender porque se han privilegiado mecanismos de transición como los cabildos abiertos. Estos constituyen uno de los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía previstos en la Constitución, de carácter vinculante en la toma directa de decisiones, sin que medie toda la arquitectura que el régimen se ha diseñado para mantenerse en el poder a pesar de que más del 80% de población lo adversa. Además, la plaza, la calle, se ha convertido en el escenario, ideal para que un político como el Presidente (E) Guaidó, junto especialmente a los otros también jóvenes diputados que iniciaron su trayectoria con el triunfo en el referéndum de 2007, entren en contacto cara a cara con la gente, con los que  han refrendado sus propuestas, inclusive las más controversiales como la amnistía, dándole la posibilidad al propio Maduro de acogerse a la misma. La transición que se está gestando en Venezuela, entonces no es solo de fondo, sino también de forma, y como sabemos en democracia, tanto lo uno como lo otro, son relevantes.

*Profesor de la Universidad Central de Venezuela miembro de la red académica del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario.