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¿Qué está pasando hoy en El Salvador? El país se sume en una profunda crisis política, luego de que el Congreso, apoyado por el presidente Nayib Bukele, votara la destitución de varios magistrados, creando un enredo legal por la existencia de dos salas de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La primera medida adoptada el sábado por la nueva Asamblea Legislativa unicameral, donde los aliados de Bukele tienen 61 de 84 escaños, fue destituir a los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la más importante de ese tribunal, y nombrar a sus reemplazantes, cuyos nombres ya tenía listos.
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La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, había contenido varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción, porque consideró que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.
El presidente ha tenido duros calificativos contra ellos y los acusó de no permitirle cuidar de la vida de sus compatriotas. “¿Dictador? Los hubiera fusilado a todos o algo así. Salvar mil vidas a cambio de cinco [los magistrados], pero no soy un dictador”, ironizó Bukele en agosto pasado.
Los diputados oficialistas acusaron a los magistrados de “fraude a la Constitución” y de ejercer funciones propias del Ejecutivo en sus fallos sobre el manejo de la pandemia.
La Sala Constitucional declaró inconstitucional la medida legislativa y señaló en el fallo que estas decisiones atentan contra la forma de gobierno republicano que señala la Carta Magna.
Autoritarismo de Bukele
Sin embargo, el mandatario salvadoreño justifica la decisión diciendo que es una “limpieza de casa”, destituyendo, con el apoyo del Congreso, a un grupo de jueces de la Corte Suprema y al fiscal general, encendiendo las alarmas sobre intentos de concentración de poder.
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“Condenamos categóricamente este golpe de Estado, avalado por el presidente Bukele y ejecutado por diputados de los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC”, todos aliados del gobernante dijeron en un comunicado 25 organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, entre ellas gremios empresariales.
“Mediante la cooptación de la justicia pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes responden a una sola persona”, agregaron.
El Parlamento destituyó también al fiscal general, Raúl Melara, a quien cuestionó por tener filiaciones con el opositor partido derechista ARENA. Entrada la madrugada del domingo eligieron a su sucesor, Rodolfo Delgado.
“Líderes políticos” de “oposición”, en otros países, criticando lo que nuestros diputados hicieron ayer.
— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) May 2, 2021
Un mensaje a los pueblos de esos “líderes”:
Jamás los apoyen.
Si los llevan al poder irán a negociar con el mismo régimen que ahora los tiene en la miseria.
Eso desean.
Tanto los nuevos magistrados como el fiscal fueron escoltados por la policía para asumir sus cargos de inmediato. Luego, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza, ingresó entre aplausos a la sala de la Asamblea Legislativa.
“Falta mucho por cambiar en nuestro país, pero está claro que no pueden hacerlo todo en un día. Sé que la mayoría del pueblo salvadoreño espera con ansias la segunda plenaria” que se realizará el lunes, detalló Bukele, quien ante las críticas, se mostró dispuesto a seguir trabajando con la comunidad internacional, pero aclaró: “Estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia”.
Preocupaciones y reacciones
El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo este lunes que en El Salvador se está cuestionando “el funcionamiento del Estado de derecho”, después de la decisión de la Asamblea Legislativa de ese país de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, Raúl Melara.
“Siguiendo con preocupación los últimos eventos en El Salvador, que cuestionan el funcionamiento del Estado de derecho y la separación de poderes”, escribió Borrell en Twitter.
“La seguridad jurídica y fiscal de los magistrados en el ejercicio de sus funciones debe ser plenamente garantizada”, añadió el alto representante.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, expresó la “grave preocupación” de su país por la destitución de magistrados “y señaló que un poder judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática”.
En tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA), advirtió que “cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional, están alterando la esencia de funcionamiento del mismo”.
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Ante lo ocurrido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Bukele “garantizar la separación de poderes y el orden democrático”.
“Haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial, el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo)”, advirtió en tanto el director ejecutivo para las Américas de la oenegé Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.