Caso Cienfuegos: un misterio en las relaciones de EE. UU. y México

El general y exministro de Defensa Salvador Cienfuegos, quien fue detenido el pasado 15 de octubre, ya fue liberado y enviado a su país

Foto: Agencia EFE

Si algo ha demostrado el año 2020 es que cualquier cosa puede pasar. El último bombazo mediático en México estalló esta semana, cuando en un momento tan histórico como inédito una jueza de Nueva York aceptó el inusual pedido del gobierno estadounidense de desestimar los cargos contra el general y exministro de Defensa Salvador Cienfuegos, quien fue detenido el pasado 15 de octubre. Ya fue liberado y enviado a su país. Sí, el militar acusado y detenido por supuestamente ser el patrón de uno de los carteles más violentos del narcotráfico ya está en territorio mexicano y su llegada abre uno de los retos más importantes para una justicia local altamente cuestionada.

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Cienfuegos no es cualquier militar. Durante su carrera estuvo en los cargos más altos a los que se puede aspirar, tanto que se convirtió en uno de los símbolos del ejército mexicano. “El secretario de Defensa en México es un tipo que no solo dirige el ejército y es un militar, sino que informa directamente al presidente. No hay nadie por encima de él excepto el presidente”, aseguró a The New York Times Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores. Lo cierto es que una vez más la guerra del narcotráfico entrelaza a Estados Unidos y al país centroamericano en un tenebroso juego de intereses.

Los cargos por los cuales se le acusaba eran narcotráfico y lavado de dinero por ayudar al cartel H-2 “a traficar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos” entre 2015 y 2017, a cambio de millonarios sobornos. Esos crímenes son castigados con un mínimo de 10 años de cárcel y una pena máxima de cadena perpetua.

Sin embargo, la desestimación invalida cualquier investigación o sospecha en su contra. El general está lejos de ser condenado, comenzando porque desde territorio mexicano algunos ponen en duda la capacidad de las autoridades estadounidenses. “Las investigaciones criminales de Estados Unidos no quieren decir que sean veraces. Y esto forma parte de una afectación a las relaciones diplomáticas entre dos países que deberían entenderse mejor”, aseguró a El Sol de México Javier Oliva Posada, profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

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Santiago Roel, director de la organización Semáforo Delictivo, le aseguró a este diario: “El ejército en México es fuerte y desde hace unos 14 años a la fecha tiene mucha presencia porque se ha exacerbado esta lucha contra el mercado negro de las drogas. Todo esto impuesto por Estados Unidos. Hay mucha conexión entre el ejército y la armada de México, que cuentan con buen prestigio, con agencias estadounidenses como la DEA. Es una guerra muy cruenta y estúpida, porque el mercado se combate con principios económicos, no con balas, algo que no hemos entendido”.

Porque más allá de la inocencia o culpabilidad del general, hay que tener en cuenta la rareza del operativo diplomático que llevó a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para traer de regreso a Cienfuegos. Mucho más extraña es la decisión por parte de Estados Unidos de liberarlo. “Ahora el general, y todos sus secretos, se regresan a casa por razones poco claras. La DEA y los investigadores del Departamento de Justicia deben estar más que furiosos ahora”, escribió en su cuenta de Twitter el experto en seguridad y defensa del centro de análisis Washington Office on Latin America (WOLA) Adam Isacson.

¿Qué hay detrás de semejante anomalía? Para Roel, todo se trata de un juego de presiones internas. “Creo que todo esto deriva de una rebeldía dentro de los altos mandos del ejército mexicano. Se sintió traicionado por la DEA, por el presidente, que los atacó al enterarse de la detención. Nadie sabía que iba a ocurrir. Creo que de ahí viene una alta presión por parte de los altos mandos del ejército con un mensaje muy sencillo: o liberan al general o dejamos de cooperar con la DEA. Ante esa rebeldía tan fuerte el gobierno mexicano no tuvo más que explicarle a Estados Unidos”.

Para el experto, la DEA necesita al ejército mexicano para continuar de forma fluida la guerra contra el narcotráfico en el país centroamericano. “A la DEA no le conviene porque juega un juego muy perverso en el mundo, más en países como Colombia o México. En lugar de resolver el problema de una manera racional y humana, como sería la regulación de sustancias psicoactivas, insiste en una guerra a balazos, pero es absurdo. Para continuar el juego tienen que tener el apoyo del ejército mexicano, así que deciden liberar a Cienfuegos porque el costo sería altísimo”, afirmó.

Garfias concuerda con Roel y complementó que el senador del partido oficialista Morena Ricardo Monreal admitió que el arresto del general pudo haber causado malestar en la élite del ejército nacional. Eso sí, ahora los ojos están puestos en la efectividad del sistema judicial mexicano, criticado tanto por sus altos niveles de impunidad como de corrupción.

El tema es delicado, pues voces de todo el país advierten que el caso podría verse enlodado de forma estrepitosa. El país ocupa el puesto 60 de 69 de un índice de impunidad global elaborado por la privada Universidad de las Américas, que mide variables como la corrupción de autoridades, cantidad de personas en espera de sentencia y número de jueces por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, las autoridades ya advirtieron que se actuará con total rigurosidad y transparencia. “Hay confianza tanto en Estados Unidos como en México de que la investigación correspondiente será realizada con los más altos estándares de efectividad y de honestidad”, afirmó el pasado jueves el canciller Marcelo Ebrard.

Ahora todos los ojos están puestos en la Fiscalía General de la República, que tendrá la dura tarea de llevar a cabo una investigación sin precedentes en México. “No tenemos la menor duda de que la FGR llevará a cabo, a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero, una investigación a la altura del prestigio de México y de la dignidad de nuestro país”, enfatizó Ebrard.

¿Qué puede pasar ahora? Juan Velásquez, quien fuera asesor del general Cienfuegos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, le dijo a la columnista de Excelsior Yuriria Sierra: “La Fiscalía General de la República tiene un expediente que Estados Unidos le mandó con 700 hojas en las que supuestamente hay pruebas en contra de Cienfuegos. Si la Fiscalía General de la República estima que esas pruebas son suficientes para llevar a juicio a Cienfuegos, entonces le pediría orden de aprehensión a un juez en México (…) Lo llevarían a una prisión militar y lo enjuiciarían en el fuero civil, en el fuero federal civil, no en el fuero militar”.

Eso sí, el caso llega a un sistema judicial corroído y sin credibilidad, por lo que una posible sentencia a favor del general, aunque fuera inocente, resultaría problemática para el gobierno de López Obrador. “No es necesario un sesudo análisis para suponer que la investigación que se seguirá en México es el camino más corto hacia la exoneración. Por lo pronto, el canciller ya nos adelantó que Cienfuegos fue repatriado como “ciudadano libre” y el presidente nos asegura que no hubo pactos secretos ni intercambios de nada”, afirmó en una columna publicada por Excelsior Francisco Garfias.

Roel, por su parte, aseguró: “No hay un Poder Judicial independiente y efectivo en México, es una de las grandes fallas del sistema político mexicano. Juzgar a un personaje de esta altura nunca se ha dado y ahora menos con la presión de Estados Unidos. López Obrador ha estado apoyándose en el ejército, así que no se va a dar. Siempre ha estado la sospecha de que el plomo llega a todos los niveles, el crimen organizado por definición trabaja de la mano con la autoridad, por plata o con plomo. Ya no sabremos de qué tamaño eran las pruebas que tenían contra el general, por lo que siempre quedará la sospecha”.