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Desde que el pasado lunes el Tribunal Supremo anunciara la sentencia judicial que condena a penas de prisión de entre 9 y 13 años a los líderes del denominado ‘procés’, Cataluña vive en una constante ebullición.
Miles de ciudadanos han salido a las calles de todo el territorio para expresar su repulsa a una condena que les parece “injusta” y una “venganza” contra el movimiento independentista catalán, que en los últimos años ha sacado músculo desde que en 2010 el Tribunal Constitucional tumbara ¬pese haber sido aprobado ampliamente mediante referéndum¬ el Estatuto que le otorgaba a esta región ciertas singularidades respecto a otros territorios españoles.
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Cataluña vive desde entonces una relación particular consigo misma. La polarización ha bajado al asfalto, a los balcones, a las conversaciones del día a día. Según los sondeos, la aritmética social del independentismo oscila entre la mitad y la mitad más o menos uno de la población, un resultado que hace imposible tomar decisiones de calado aunque las instituciones del territorio estén en manos de secesionistas que en estos años han impulsado medidas tan controvertidas como la aprobación de una legalidad paralela acerca de las leyes de desconexión con el resto del Estado o la celebración de un referéndum sobre la independencia, ambas decisiones condenadas por la Justicia española.
En frente, la otra mitad de catalanes. A favor de la unidad de España y, por ende, en contra de cualquier intento de secesión por parte de sus vecinos. Una Cataluña que los partidos constitucionalistas llaman “silenciada”, pues la consideran infrarrepresentada en las instituciones y en la vida pública.
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Una Cataluña que tiene mucho que decir y que, aunque a veces no haga ruido, también está presente. Así lo demostraron, por ejemplo, las últimas elecciones autonómicas de diciembre de 2017 al albur del artículo 155 —suspensión de la autonomía— de la Constitución que impuso el expresidente Mariano Rajoy tras el referéndum ilegal, donde el partido de Ciutadans (constitucionalista) ganó los comicios con más de un millón de votos.
Según el Centro de Estudios de Opinión, cerca del 70 % de los catalanes estaría dispuesto a la celebración de un referendo legal y pactado con el Estado para decidir sobre el futuro de la región, o, por lo menos, para saber qué resultados arroja una votación clave para avanzar en alguna dirección que ofrezca una solución a medio-largo plazo.
La historia de Cataluña siempre ha estado vinculada a la manifestación pública, la protesta y la lucha. El territorio fue duramente reprimido durante la Guerra de Sucesión en 1714, donde se erigió la figura de Rafael de Casanova como héroe de la insurrección catalana contra Felipe de Anjou; y también fue muy castigado durante la dictadura franquista, hecho que precipitó el exilio de su entonces presidente, Josep Tarradellas.
La Diada (fiesta catalana) de 1977 fue una jornada histórica donde miles de catalanes salieron a celebrar el cambio de régimen tras la muerte de Franco y donde demandaban “libertad, amnistía y Estatuto de autonomía”, fiesta que culminó un mes y medio más tarde con el regreso de Tarradellas a Barcelona tras el exilio.
Ahora, el territorio enfrenta otros retos, como el de encauzar su futuro. La relación entre el gobierno autonómico y el gobierno central no es el mejor ejemplo de diálogo, y la sentencia del alto tribunal no hace sino alejar más las posiciones entre independentistas y constitucionalistas.
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Un fallo jurídico que sin embargo ha sacado a la calle no solo a partidarios de la secesión, sino también a personas que apoyan la unidad de España. Cataluña se enfrenta a sí misma en esta travesía que por momentos se complica con la acción de violentos y la represión policial.
El viernes, en la quinta jornada de manifestaciones cerca de 525.000 personas se congregaron en el centro de Barcelona. Miles de ellas llegaron a pie en cinco marchas diferentes desde distintos puntos de esa región para lanzar un grito pacífico. Uno que se vio ahogado por la violencia que se desató en una marcha paralela, llevando la situación a un punto delicado.
Además una respuesta contundente desde Madrid puede volver a dinamitar todo, algo que los catalanes no se pueden volver a permitir. Otra vez no.