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Australia es hoy el único lugar del mundo donde no circularán periódicos con información de, lo que es quizás, la noticia más importante del año para los australianos. El cardenal George Pell, originario de Victoria (Australia) y considerado el número tres del Vaticano, fue condenado por la justicia de su país por cargos relacionados con abuso sexual, según indican fuentes del caso. Mientras la prensa internacional podrá hacer seguimiento de esta historia, medios locales deberán guardar silencio: un tribunal australiano emitió una orden de mordaza para mantener alejada a la prensa de los detalles del juicio.
“Censurados”, titula la portada de The Herald Sun. “El mundo está leyendo una historia muy importante, relevante para los victorianos. The Herald Sun fue prevenido de publicar detalles sobre esta significativa noticia. Pero créanos, es una historia que merece leer”, remata el encabezado. “Un australiano de alto perfil con una reputación mundial ha sido condenado por un crimen horrible. El mundo habla de ello y los sitios de noticias de renombre en el extranjero publican extensas historias sobre el caso, pero The Daily Telegraph y otros medios australianos tienen prohibido hablarle de ello”, afirma el editorial de otro periódico nacional.
George Pell, australiano de 77 años, es acusado de múltiples casos de abuso sexual a menores. Una parte de las denuncias corresponde al momento cuando él cumplía servicio en Melbourne, en la década de 1990; la otra es de su tiempo como sacerdote en Ballarat, en 1970. Por ello se convirtió en el funcionario de más alto rango del Vaticano en recibir una condena. El juez que lleva el caso emitió una orden de restricción al público, en mayo del 2018, tres meses antes del comienzo de las audiencias. No fue una decisión anormal en Australia.
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La legislación australiana es compleja y las condiciones de los juicios varían dependiendo del estado en donde se adelante el proceso. Por ejemplo, si el juicio contra Pell se realizara en Queensland, el acusado no podría si quiera ser identificado. En Victoria, donde actualmente se realiza, sí. La cobertura de los juicios con causas penales puede ser restringida en distintas etapas del proceso, dependiendo de la prioridad que el tribunal y los legisladores le den al principio de justicia abierta, que permite (o no) el acceso a personas para observar los hechos en la sala del juicio, aunque con algunas excepciones, como en el caso de Pell. En este caso, los legisladores optaron por realizar un proceso a puerta cerrada para proteger los derechos a la privacidad y a un juicio justo del acusado, pues las denuncias de abuso sexual son tomadas con mucha delicadeza en el país, debido al daño de alta gravedad que pueden causar a la reputación de una persona.
“Muchas de las restricciones de cobertura son problemáticas en la era digital”, afirma Mark Pearson, profesor de periodismo en la Universidad Griffith e investigador para el Gobierno de Australia. Varios periodistas y medios en Victoria han sido multados por desacato a las órdenes judiciales en procesos penales. Algunos simplemente por desafiar a la ley, amparándose en la libertad de prensa, otros por desconocimiento puro de las restricciones que imponen los legisladores.
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Las órdenes de mordaza son muy conocidas en Australia, pero tras el caso Pell, fueron reconocidas por muchos medios internacionales, pues las consecuencias legales de violar las restricciones no solo atemorizan a los medios australianos sino también a los del exterior. El estadounidense Daily Beast fue uno de los primeros en publicar información sobre el juicio. “Entendimos las consecuencias legales e incluso criminales por publicar la historia. Pero en última instancia fue una decisión fácil. Tienes a un alto funcionario del Vaticano condenado por un crimen horrible. Eso es importante. El público merece saberlo”, dice su editor en jefe, Noah Shachtman, quien añade que su medio hizo lo posible para mantener la información neutra, para cumplir con las órdenes del tribunal australiano. Además, se restringió el acceso a la publicación geográficamente para que desde Australia no se pudiera acceder a ella.
“El secreto que rodea el caso judicial, y ahora el veredicto, es ofensivo. Especialmente porque se hace eco del secreto que siempre ha sido una parte tan terrible del abuso generalizado por parte de los sacerdotes”, señala Margaret Sullivan, columnista de The Washington Post. No solo ella considera que la restricción a la información es un problema. El coordinador de la Red de Sobrevivientes de Abuso por Sacerdotes en Australia, Steven Spaner, afirmó en una nota que se sentía frustrado por la falta de noticias sobre el caso Pell. El Vaticano, del otro lado, se ha mantenido a una fina distancia del tema. “La Santa Sede tiene el mayor respeto por los tribunales australianos. Somos conscientes de que existe una orden de supresión y la respetamos”, afirmó el vocero del Vaticano, Greg Burke.
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La noticia de Pell cerró un año lamentable para la imagen de la Iglesia Católica, salpicada de escándalos por abuso sexual en casi todos los continentes. Las expectativas para recuperar la confianza de los fieles están depositadas en la cumbre mundial de obispos del 2019, en la que se discutirá la crisis de la institución por la ola de acusaciones que surgieron en el 2018. La condena al “número tres” también es un golpe al papa Francisco, pues él lo nombró en varios cargos en la Santa Sede, como el de ministro de Economía, uno que ostenta Pell hasta el momento.
El caso Pell también ha sido una enorme prueba para el sistema judicial de Australia, acusado de ser más favorable con los acusados que con los denunciantes, y, por supuesto, para la libertad de prensa en el país. La ley de mordaza se extenderá por lo menos hasta que la sentencia contra el cardenal se lea en febrero del 2019. Mientras tanto, los medios de comunicación deberán permanecer mudos. La historia de la condena de Pell será recordada en el país como la portada que nunca fue, mientras el silencio deba persistir.