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Chito Bersaluna, el verdugo de Bulacán, la provincia con más muertes en Filipinas

El campo de batalla de la guerra contra las drogas en Filipinas está en la provincia de Bulacán, al norte de Manila, capital del país. La escalada de asesinatos allá coincide con la llegada de un polémico militar. Según un informe de Amnistía Internacional, son 27 las ejecuciones extrajudiciales diarias.

La guerra de las drogas en Filipinas deja más de 27.000 asesinatos. / AFP

Bulacán rompió todos los récords de muertes en Filipinas el 16 de agosto de 2017. Y eso que en el marco de la guerra contra las drogas de Rodrigo Duterte, presidente del país desde 2016, es difícil cruzar los límites. Ese día se lanzó una operación policial tan violenta que 32 personas murieron en solo 24 horas.

La maniobra armada de las autoridades incluyó 49 redadas, en las que los agentes arrestaron además a 107 personas, incautaron 367 bolsas de shabú (clorhidrato de metanfetamina, una droga muy popular entre las clases bajas filipinas), 765 gramos de marihuana, 34 armas de fuego de diversos calibres, 114 balas y dos granadas, según el comunicado de la Policía de la provincia, en donde aclaró: “Esta operación fue un éxito en la lucha implacable contra las drogas”.

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Lejos de despertar el rechazo popular, operaciones como esta aumentaron el respaldo a Duterte y los uniformados repitieron el libreto una y otra vez. Otra sangrienta megaoperación, que registró la prensa, se presentó en marzo de 2018: ese día en apenas dos horas murieron 13 personas. “Los agentes no tuvieron más remedio que disparar a matar”, respondieron los policías.

Y al parecer, nunca han dejado de disparar, según el último informe de Amnistía Internacional, que señala que, a diario, hay una media de 27 ejecuciones extrajudiciales. La Policía señala que “estas cosas pasan” y admite apenas 6.600 fallecidos. Pero el informe de AI casi que quintuplica las cifras: 27.000 personas han caído abatidos en estas operaciones. Y otras que se hacen al margen de la legalidad.

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Duterte promovió la formación de escuadrones de la muerte, grupos de personas que no pertenecen a las Fuerzas Armadas, pero que matan sin pensarlo dos veces. Y ninguno es investigado. De acuerdo con la Alianza Filipina de Activistas por los Derechos Humanos (Pahra, por su sigla en inglés), dos tercios de los asesinatos fueron cometidos por pistoleros civiles, muchas de las cuales son mujeres. El negocio de la muerte ha florecido en Filipinas, de la mano de Duterte: “Si gano, abran funerarias; estarán llenas. Va a ser una guerra sucia y sangrienta”, prometió.

El hombre del terror

Según el reciente informe de Amnistía Internacional, el campo de batalla de la guerra contra las drogas que comenzó en Manila, capital filipina, se trasladó a la provincia de Bulacán, al norte, donde solo en 2018 se registraron más de 500 asesinatos, en silencio y lejos del foco mediático.

La escalada de asesinatos en la provincia coincide con el nombramiento, en abril de 2018, del superintendente Chito Bersaluna como jefe provincial de la Policía en Bulacán, después de dirigir el cuerpo en el distrito de Caloocan, al norte de Manila, donde los primeros meses de la campaña fueron especialmente sangrientos.

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Bajo su mando en Caloocan se produjo, en agosto de 2017, el asesinato a sangre fría de Kian Loyd de los Santos, de 17 años, cometido por tres agentes condenados un año después a cuarenta años de prisión, la única condena sobre los abusos de la campaña en tres años. En cámaras de video quedó registrado cómo los uniformados le dan un arma al joven y luego le disparan.

Ante la evidencia, Duterte no tuvo más remedio que despedir a uno de los suyos: Bersaluna, quien fue llamado a testificar ante el Comité del Senado de Orden Público y Drogas Ilegales, por el asesinato de De los Santos. Bersaluna admitió que su gente le había “confirmado” la participación del menor en la venta de drogas. “Además de lo que se decía en las redes sociales”, admitió. Durante su paso por la policía de Caloocan también se registraron altas cifras de asesinatos, arrestos y confiscaciones por parte de la Policía.

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Pero meses después fue ascendido a jefe de Policía en Bulacán. “Esto no debe ser controvertido; después de todo, yo ya había salido de la Policía”.

Y a dos meses de asumir su nuevo cargo, ya alardeaba con sus cifras. El balance: 123 sospechosos de traficar drogas muertos desde enero hasta junio en 848 operaciones antidrogas, que también llevaron al arresto de 1.216 sospechosos. Su antecesor, Romeo Camarat no era mejor: “Queremos sembrar estupor y horror entre las personalidades de la droga. Los demás van a pensárselo dos veces antes de seguir con su comercio”, declaraba.

“Esas mierdas pasan”, fue la respuesta del senador Ronald Bato dela Rosa, exdirector de la Policía Nacional y arquitecto de la guerra contra las drogas, ante las ejecuciones extrajudiciales y las muertes colaterales.

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Pero el entusiasmo de los filipinos por el presidente y su guerra contra las drogas sigue creciendo. Duterte goza de cifras de popularidad que rozan el 90 % y por eso rechaza las críticas internacionales; el único que lo ha aplaudido es Donald Trump. Al parecer, suficiente en estos tiempos.

“Ningún gobierno de ninguna nación conoce la situación real de los asuntos internos de un país mejor que su propio gobierno. Cualquier intento de interferir sobre cómo este gobierno mantiene la paz y el orden es una afrenta y una injerencia en su soberanía”, señaló el portavoz presidencial, Salvador Panelo.