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El fin de semana pasado se abrió el primer centro de atención transitoria para migrantes venezolanos, una medida que atiende a los que han llegado a Norte de Santander. Con una crisis humanitaria en la zona limítrofe, el Estado colombiano sigue sin ofrecer una propuesta integradora que atienda a la nueva realidad migratoria en la frontera colombo-venezolana.
Colombia parece no recordar su pasado. Desde 1950, Venezuela se convirtió en el receptor principal de la mano de obra colombiana calificada, no calificada y campesina. En los años 70, el boom petrolero venezolano generó un aumento del 250 % en los ingresos fiscales, por lo que aumentó de la mano de obra colombiana. Para atender la masiva migración ilegal, Venezuela creó el V Plan de la Nación, que tenía como objetivo la legalización de los indocumentados.
El 2002 fue considerado el año de mayor desplazamiento forzado en Colombia. Las cifras oficiales arrojan 2,5 millones de colombianos que cruzaron la frontera (aunque extraoficialmente se habla de cinco millones), convirtiéndose Venezuela en el país con la mayor cantidad de migrantes en América Latina.
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En un informe sobre la dinámica migratoria, publicado por la académica Raquel Álvarez de Flores, se explica que los siete departamentos colombianos que comparten frontera con Venezuela sufrieron el impacto del conflicto armado. La economía ilegal basada en el narcotráfico, el enfrentamiento de grupos armados y la respuesta militar del Ejército propiciaron un desplazamiento forzado de colombianos. Según la Acnur, el 99 % de los solicitantes de refugio en Venezuela son de nacionalidad colombiana.
El cambio de dirección de los flujos migratorios entre ambas naciones exige acciones capaces de enfrentar los retos de este nuevo fenómeno. El Centro de Atención Transitorio, a cargo de la Cruz Roja Colombiana, da atención a los inmigrantes regulares que ingresan con pasaporte y tienen pasaje de salida. Una medida que no responde a la crisis actual. Según un conteo del Servicio Jesuita de Refugiados (SJR), en Cúcuta duermen en las calles entre 350 y 450 venezolanos. El Centro de Atención sólo ha podido recibir a 35 de estas personas; la mayoría no cumple con el perfil.
Según Óscar Calderón, coordinador del SJR Norte de Santander, culpar a los venezolanos por los problemas estructurales de seguridad, empleo y educación de Cúcuta es desconocer la historia de la región. Desde hace por lo menos 10 años, el Norte de Santander ha encabezado los índices de desempleo. Si la tasa de desempleo en Colombia es de 9,4 %, en Cúcuta no baja de 17 %. “Los venezolanos han agudizado una crisis que ya existía. No crearon el problema, pero lo han fortalecido”, dice Calderón.
De igual forma ocurre con el empleo informal: Cúcuta cuenta con un 75 % de informalidad laboral. Los venezolanos también han llegado a practicar el rebusque. El sistema educativo de ambas naciones no es equiparable. Para poder culminar el bachillerato, los jóvenes venezolanos que llegan a Colombia deben tener pasaporte y visa. Además tienen que superar la prueba Saber, que en la mayoría de los casos los retrasa hasta dos grados del curso que venían haciendo, lo que genera deserción escolar.
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La respuesta del Gobierno tampoco puede ser la deportación. Los puntos controlados por Migración Colombia son la minoría frente a los pasos informales. La Cancillería sólo reporta 500.000 venezolanos que han ingresado al país, pero deja fuera de su censo a los indocumentados, que son la mayoría.
La decisión de migrar no obedece únicamente a un acto voluntario. La pobreza, la falta de empleo, la escasez de medicamentos, la crisis alimentaria y la violencia desmesurada son algunos factores que han obligado a los venezolanos a realizar migraciones forzadas hacia los países vecinos.
Ante la ausencia de un plan de respuesta activo por parte del Gobierno, los migrantes han llegado a sectores marginales y hay casos en los que incurren en actividades ilícitas y de contrabando. Su llegada también ha propiciado que muchos empresarios aprovechen la situación para pagar la mano de obra por debajo de lo legal, hasta llegar a remunerar el trabajo sólo con un plato de comida.
Calderón explica que esta falta de políticas integradoras genera xenofobia entre los cucuteños. Con la primera oleada de venezolanos, los residentes no fueron indiferentes: brindaron alimento y refugio. Sin embargo, el Gobierno criminalizó estos actos de generosidad. “El Estado condenó con señalamientos y multas a quienes entregaban comida en los parques”. Se inició entonces un discurso que generaliza y encasilla a los venezolanos como delincuentes. Un abandono de la solidaridad que volvió aún más vulnerable a esta población.
No hay que olvidar que el 60 % de los venezolanos que llegan a la frontera tienen vínculos familiares con colombianos. Son ciudadanos que en su momento se vieron beneficiados por las garantías sociales que Venezuela otorgaba como Estado receptor. ¿Por qué el amparo no ocurre a la inversa? Para Calderón, se debe a que por primera vez Colombia deja de ser un país en tránsito y se convierte en un país destino.
Más allá de una línea limítrofe, hablamos de seres humanos. De venezolanos y colombianos que inflan la cifra de desplazamiento forzado. De políticas migratorias que, en vez de reformarse, se recrudecen con las deportaciones. Se presenta una falta de garantías, de solidaridad con un país vecino que acogió a los colombianos en su peor momento. Nos referimos a colombianos que vuelven a su país y a miles de refugiados venezolanos a quienes les urge la ayuda humanitaria.
* Periodista venezolana.