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La postura de Colombia frente al conflicto árabe-israelí fue siempre equilibrada. En 1947, cuando en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas se votó un plan de partición, el país decidió abstenerse y con ello nació una tradición de cercanía y amistad con ambos pueblos. Alfonso López Pumarejo, emisario en ese entonces en Naciones Unidas, hizo un llamado a no tomar una decisión que pudiera alterar el equilibrio de la zona.
El país no tiene razones históricas para enfrentarse con los palestinos ni con los israelíes. Con los primeros sería injustificado, pues las migraciones árabes a lo largo del siglo XX fueron condicionando la demografía del norte colombiano y, sin lugar a dudas, han enriquecido con sus costumbres nuestra cultura. Con los israelíes tampoco existe razón alguna para pensar en hostilidades, y menos cuando el país ha sido solidario y en las últimas décadas, a propósito del tema de defensa, se estrecharon los vínculos.
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En los años 90, el conflicto cambió de árabe-israelí a palestino-israelí, pues la mayoría de países árabe-musulmanes, que por años se habían enfrentado a Israel, fueron poniendo fin a las hostilidades militares. Ello precipitó el surgimiento del levantamiento palestino o primera Intifada a finales de los 80. Para ponerle freno a la espiral de violencia, europeos y estadounidenses lanzaron los Acuerdos de Oslo, el intento más serio hasta nuestros días de hallar una solución duradera que contemple dos Estados.
En los 90, Colombia no solo mostró su apoyo al proceso de paz entre palestinos e israelíes, sino que afianzó su relación con Palestina. El entonces presidente Ernesto Samper se reunió con el máximo líder Yasser Arafat en la emblemática Cumbre de los No Alineados de Cartagena, en 1995. Años más tarde, Samper fue el primer presidente que oficialmente visitó Ramala, la ciudad asediada donde Arafat pasó sus últimos días (antes de morir en París), y símbolo de la ocupación ilegal israelí.
En el mismo viaje, se reunió con Benjamín Netanyahu, en ese entonces primer ministro, tal como sucede actualmente.
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La puesta en marcha de la política de seguridad democrática llevó a giros inesperados en la política exterior, como el apoyo inoportuno de la guerra global contra el terrorismo que lideró George W. Bush, que se justificó en que el país no podía apartarse de los esfuerzos internacionales contra ese flagelo. Desde que asumió Juan Manuel Santos y durante buena parte de su mandato, quiso darle continuidad a la idea de que Colombia no podía permitirse nada que afectara la alianza con Estados Unidos.
En consonancia, en todas las solicitudes formales para reconocer a Palestina como Estado en el seno de Naciones Unidas, Colombia se abstuvo. En 2011 el presidente de la Autoridad Nacional Palestina llevó al Consejo de Seguridad el pedido de reconocimiento de Estado, que necesitaba nueve votos y de ningún veto de los cinco miembros permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia) de tal órgano. Colombia como miembro no permanente decidió abstenerse.
Un año más tarde, en la Asamblea General, Palestina pidió el reconocimiento como Estado observador y de nuevo Colombia se abstuvo; es decir, votó negativamente con un argumento que se volvió consigna en el caso palestino durante los ocho años del gobierno Santos: cualquier reconocimiento de ese Estado debía provenir de una negociación directa con Israel. Una condición imposible de cumplir, pues Netanyahu se caracteriza por su intransigencia y belicosidad.
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Recientemente, cuando esa Asamblea votó una resolución en la que expresaba su preocupación por decisiones unilaterales que modificaban el estatus de Jerusalén (sin mencionar a Washington, pero aludiendo a la decisión de trasladar la sede diplomática de Tel Aviv a Jerusalén), el gobierno colombiano decidió abstenerse de nuevo, temiendo una represalia (anunciada) de la administración de Donald Trump.
Por ende, en el último tiempo se pensó que cualquier reconocimiento a Palestina resultaba incompatible con la amistad con Israel, a pesar de que en el escenario internacional abundan los casos de países que reconociéndolo como Estado mantienen buenas relaciones con Tel Aviv, muchos de ellos latinoamericanos como Argentina y Brasil.
Este reconocimiento, que el nuevo Gobierno colombiano está revisando, salda una deuda histórica hacia un pueblo sometido a la ocupación, con agravantes como las intervenciones militares de los últimos años desplegadas en Gaza, el sistemático impedimento para la movilidad entre esa Franja y Cisjordania, las violaciones a los derechos humanos de los palestinos más vulnerables y la unilateralidad para resolver el estatus de Jerusalén. Nada más cercano al derecho internacional y a la tradición diplomática colombiana que reconocer a Palestina como Estado y que empiece una negociación entre iguales para una paz duradera.
* Profesor U. del Rosario