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El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, instaló este martes una comisión gubernamental para luchar contra la corrupción estatal. Uno de los primeros interrogantes que hay sobre esta es si jugará un papel tan protagónico como la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (Cicig), ente fundado en 2007 y conformado por personal extranjero para combatir la corrupción estatal que el año pasado fue expulsado del país por el expresidnte Jimmy Morales.
La Comisión Presidencial Contra la Corrupción, prometida por Giammattei durante su investidura hace una semana, fue establecida con el acuerdo gubernativo 28-2020 y publicada este martes en el diario oficial. "El organismo tiene por objeto apoyar las acciones de los ministerios e instituciones del Organismo Ejecutivo, para coordinar la Política Pública de Prevención y Lucha Contra la Corrupción", ordena el decreto.
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De acuerdo con el relgamento del nuevo organismo, Giammattei será el presidente de la comisión, integrada además por el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Finanzas Públicas, el procurador general de la Nación, el secretario de la Presidencia, el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia y dos directores ejecutivos.
La Cicig, bajo la dirección del abogado colombiano Iván Velásquez, ejecutó entre 2015 y 2019 una cruzada contra la corrupción que ha imputado a más de 150 personas entre diputados, ministros, empresarios y funcionarios públicos, incluida la exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) y los expresidentes Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) y Otto Pérez Molina (2012-2015).
Morales Cabrera cerró la Cicig aduciendo "injerencia" extranjera en el país. El expresidente fue acusado por financiamiento electoral ilícito por la misma Cicig, que también imputó a uno de sus hijos y a su hermano en un caso de fraude, al igual que a varios funcionarios de su Administración.
La nueva comisión presidencial de Giammattei buscará "evitar que los casos de corrupción detectados no se repitan", además de buscar "la recuperación de la confianza y credibilidad en las instituciones del Estado mediante el planteamiento de acciones legales que permitan la recuperación de los fondos públicos defraudados", según el decreto de su creación.
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Guatemala es, según datos de la entidad Transparencia Internacional, uno de los cuatro países más corruptos del continente, solamente por detrás de Haití, Venezuela y Nicaragua. De acuerdo a la misma fuente, 93 de cada 100 guatemaltecos ven corrupción en el Organismo Ejecutivo y creen que los gobernantes solo obedecen a intereses personales.
La exvicepresidenta Roxana Baldetti, en prisión por corrupción y con una orden de extradición de Estados Unidos por narcotráfico, creó una comisión gubernamental similar en 2012, al inicio del Gobierno de Otto Pérez Molina, denominada Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret), que finalmente fue disuelta sin resultados.