Cómo salir impune de asesinato, o al menos corrupción, en Brasil

Se necesita mucho para ser expulsado del Congreso brasileño. Flagrantes actos de soborno, violencia e incluso homicidios han demostrado ser insuficientes para que los legisladores brasileños despojen a sus colegas del escaño.

Dilma Rousseff fue juzgada por un Congreso, cuya mayoría de miembros, era investigado por variedad de delitos. AFP

En el último ejemplo, los senadores protestaron enérgicamente la semana pasada después de que la Corte Suprema ordenó la expulsión de uno de ellos: Aécio Neves, excandidato presidencial acusado de corrupción. Se espera que voten a favor de rechazar el fallo del tribunal este martes.

Mientras docenas de políticos han sido investigados desde el inicio de la extensa investigación de soborno conocida como operación Lava Jato hace tres años, los partidos brasileños no han hecho prácticamente nada para reconocer errores o castigar a los involucrados. Su aparente falta de redención ha profundizado el desprecio de los ciudadanos por los políticos, allanando el camino para que recién llegados se destaquen en las encuestas antes de las elecciones del próximo año.

No menos del 40 por ciento de los 594 legisladores brasileños enfrentan investigaciones formales ante la Corte Suprema, según cifras del tribunal. Cuarenta y siete diputados y ocho senadores están actualmente acusados ​​en juicios penales. Solo dos han perdido sus puestos por cargos de corrupción. (Le puede interesar: ¿Hay agún político sin acusaciones en Brasil?)

Diputado preso

Sin duda, el ejemplo más llamativo de la negativa del Congreso a censurar a los suyos es el caso de Celso Jacob, legislador del partido gobernante PMDB sentenciado a más de siete años de prisión por falsificar documentos e infringir leyes sobre licitaciones públicas mientras era alcalde. Aunque pasa sus noches en la cárcel, continúa desempeñándose como diputado durante el día.

Uno de los dos únicos legisladores expulsados ​​del Congreso por actos de corrupción y lavado de dinero descubiertos por la operación Lava Jato es Eduardo Cunha, el exjefe de la cámara baja y protagonista clave en el juicio del año pasado contra Dilma Rousseff. Aunque Cunha cumple 15 años de prisión en la sureña ciudad de Curitiba, sigue siendo miembro del partido del presidente Michel Temer.

Desde el inicio de la investigación en 2014, al menos 60 diputados y alrededor de 30 senadores han estado bajo investigación. Y, sin embargo, los comités de ética del Congreso han actuado sobre pocas solicitudes de disciplinar a sus pares.

El diputado de PSOL Chico Alençar, uno de los legisladores del comité de ética de la cámara baja que despojó a Cunha de su mandato, dijo a Bloomberg que su partido estaba cansado de presentar casos dada la tendencia de la legislatura a enterrar los cargos.

"Tengo que admitir que estamos un poco cansados", dijo. "La ética y la transparencia deben ser valores en la política, pero en el parlamento no aparecen. Cualquier investigación está muerta apenas llega”.

Los escándalos impunes en la política brasileña no son un fenómeno nuevo. Tal vez el ejemplo más espectacular es el caso del senador Arnon de Mello, padre del expresidente Fernando Collor de Mello, que disparó y mató a un hombre en el piso de la Cámara Alta en 1963. Fue absuelto de todos los cargos y no enfrentó sanciones de sus colegas.

El Congreso ha tomado algunas medidas para mejorar su posición ante el público. En 2010, después de que el escándalo de dinero por votos conocido como “mensalao” provocó un amplio escándalo electoral, los legisladores aprobaron una ley que prohíbe a cualquier persona cuya prisión es confirmada en apelación presentarse a cargos políticos durante ocho años.

Es esta ley la que impedirá al diputado Jacob presentarse de nuevo para legislador cuando su mandato expire. También podría impedir a Luiz Inácio Lula da Silva postularse para la presidencia el próximo año.

 

 

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