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Bolivia elegirá un nuevo presidente el domingo en medio de su crisis económica más profunda en casi 40 años, con una contracción prevista del PIB de 6,2% en 2020, la peor caída desde la década de 1980 cuando vivió la hiperinflación.
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La pandemia de coronavirus, que deja 137.000 contagiados y 8.100 muertos en este país de 11 millones de habitantes, acentuó los problemas de la economía boliviana, que cayó 7,93% hasta julio sobre igual período de 2019.
La tasa de desempleo urbano se disparó del 6,6% al 10,5% entre enero y agosto, según datos oficiales. “Estamos muy cerca de una crisis económica seria”, resumió en diálogo con la AFP el economista Roberto Laserna, presidente del centro de estudios Fundación Milenio.
Esto es consecuencia “de una mala política aplicada en los últimos 14 años, que no se preocupó de la capacidad productiva y se limitó a inflar y a engordar el Estado con inversiones que no eran productivas”, agregó en alusión al gobierno del izquierdista Evo Morales (2006-2019).
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La crisis sanitaria expuso las debilidades estructurales de la economía boliviana, luego de seis años de desaceleración con reducción gradual del crecimiento y de aumento del déficit fiscal, cinco de desbalance comercial, pérdida constante de reservas internacionales y creciente endeudamiento.
Este deterioro, unido a la persistente incertidumbre política, llevaron a Moody’s a rebajar recientemente la calificación crediticia boliviana desde ‘B1’ a ‘B2’.
En este contexto, los bolivianos elegirán a su nuevo presidente en una contienda que se definirá entre el izquierdista Luis Arce y el centrista Carlos Mesa, según los sondeos.
Crisis del modelo
Durante la gestión de Morales (2006-2019) Bolivia impulsó un modelo económico que priorizó la explotación de los recursos naturales del país, sin diversificar su aparato productivo y aumentando su dependencia del sector primario, señalaron los expertos.
“Se impulsó un modelo orientado a promover el consumo. Un modelo compatible con un ‘superciclo’ de materias primas, donde el gobierno recibe más ingresos, aumenta el gasto fiscal, la gente consume y la economía crece”, explica a la AFP Javier Aliaga, investigador del Centro de Estudios Económicos Inesad.
Esto generó entre los bolivianos una sensación de prosperidad, que se expresó en transferencias en efectivo entregadas a distintos segmentos de la sociedad, la compra de un satélite o la instalación de un servicio de teleférico en La Paz que le proporcionó a la ciudad un perfil de modernidad.
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El crecimiento del PIB registró su pico en 2013 con 6,8%. La bonanza redujo la pobreza del 60% al 37,2% y la pobreza extrema de 38,2% a 12,9%, según datos oficiales. “Antes había trabajo, vendía más, tenía más ingresos. Hoy vivo al día”, dijo a la AFP Felipa Cuaquira, comerciante en el mercado de una zona residencial en La Paz.
Pero cuando ese “superciclo” se desaceleró, para mantener el modelo, el gobierno de Morales siguió inyectando recursos a la economía utilizando las reservas internacionales y aumentando el endeudamiento.
Además congeló el tipo de cambio para anclar las expectativas de inflación. Y los bolivianos pasaron a vender, comprar y ahorrar en moneda local. “El congelamiento del dólar mantuvo un tipo de cambio apreciado, que disminuye la posibilidad de los exportadores de poder competir, afectando a la balanza comercial y con un costo en las reservas internacionales” para sostener la paridad, explica Aliaga.
Así, Bolivia llega a las elecciones del domingo con un crecimiento en caída gradual desde 2014. En 2019 la expansión del PIB fue de 2,2%, pero para 2020, por la pandemia, se producirá una caída de 6,2% según el Banco Central boliviano y el FMI.
Retos
El próximo Ejecutivo que asumirá el primero de enero, deberá enfrentar los retos inmediatos de la pandemia, y además fortalecer la capacidad productiva y mejorar las oportunidades para la inversión privada, señala Laserna.
“Las tareas para el próximo gobierno son titánicas”, estima Aliaga, quien apunta a una mejora de las cuentas públicas y de la calidad del endeudamiento, inyección de liquidez para dinamizar la cadena de pagos, una mejora del marco legal para inversiones, reformas laborales y el retorno a un tipo de cambio flotante.