El ajuste de cuentas que pone a temblar a los expresidentes mexicanos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atiende una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México.

Foto: EFE - Agencia EFE

México dio dos gritos de independencia el martes. El primero fue para conmemorar, como se hace cada 15 de septiembre, el día en el que el cura Miguel Hidalgo anunció hace 210 años el inicio de la guerra de independencia mexicana del Imperio español. El segundo grito vino cerca de la medianoche, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), anunciaron que habían recogido las firmas suficientes para llevar al Senado una solicitud para hacer una consulta nacional sobre enjuiciar a los últimos cinco mandatarios por delitos de corrupción, fraude, traición y nexos con el narcotráfico.

“Podrá decirse que México está a un paso de iniciar la batalla por una nueva independencia al hacer un ajuste de cuentas con su turbio pasado. La posibilidad de un nuevo comienzo”, escribió la periodista mexicana Anabel Hernández en la Deutsche Welle.

AMLO ha estado empeñado en llevar a sus antecesores al banquillo para que respondan por las últimas tres décadas de corrupción en el país a como dé lugar. Desde 2018, el presidente, quien abandera la lucha contra la corrupción, ha propuesto que Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) sean juzgados por los grandes escándalos en los que estuvieron implicados sus gobiernos.

Para cumplir con su objetivo, el mandatario necesitaba inicialmente recolectar más de 1 millón 600 mil firmas para convocar a un referéndum en el que el pueblo decidirá si los expresidentes deben ser procesados. No fue una misión sencilla. El cierre de la convocatoria era este miércoles y para el lunes se había informado que solo se habían recogido 800.000 firmas, la mitad de las necesarias. Sin embargo, el martes, en plena celebración de la independencia, Morena informó que se habían recogido dos millones y medio de firmas que inmediatamente fueron entregadas al Senado.

“Hace 15 años milito por la justicia y jamás imaginé que mientras el presidente del pueblo, López Obrador, daría el grito de Independencia, la ciudadanía estaría entregando 2.5 millones de firmas para enjuiciar a expresidentes. ¡Viva México y su pueblo!”, declaró la senadora de Morena Citlalli Hernández.

Pero López Obrador, que quiere sí a sí juzgar a sus antecesores, no estaba confiado del resultado, por lo que a última hora del martes le presentó al Senado una solicitud formal para que realice la consulta popular sobre el enjuiciamiento a los expresidentes el 6 de junio de 2021, como se lo permite la Constitución.

Morena todavía está analizando cuál será la pregunta que vaya en el referéndum y si incluirá el nombre de los expresidentes señalados por AMLO. Sin embargo, en el documento presentado por el presidente se puede ver el contenido del planteamiento que él busca.

“¿Está de acuerdo o no con que a las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresientes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes durante y después de sus respectivas gestiones?”, dice un apartado del documento presentado por AMLO al Senado que deja claro cuáles son las motivaciones de esta iniciativa: justicia.

El Senado remitió el documento de AMLO a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tendrá 20 días a partir de este miércoles para evaluar su contenido y definir si es constitucional o no el referéndum que busca el gobierno. El máximo tribunal deberá decidir si la pregunta no es tendenciosa, si es neutra y si resulta comprensible. En su debido caso podría modificarse. Ahora, si se considera que no es constitucional, la ley volverá al Senado y será archivada.

Si la Corte aprueba la pregunta, el documento regresará al Senado donde será votada y enviada a la Cámara de Diputados, donde también será discutida. No hay dificultades en este camino, considerando que Morena controla ambas cámaras. Finalmente, el país irá a las urnas el próximo año, donde se necesitará una participación del 40% de los mexicanos inscritos para votar: aproximadamente 45 millones de personas.

El plan de López Obrador ha despertado tantos aplausos como reprobaciones. Aunque tiene a Morena de su lado, senadores de partidos como el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano (MC), han manifestado su oposición a la consulta y han señalado que es una “distracción” para no hablar de la crisis económica del país.

Pero quienes más han manifestado su rechazo al referéndum son precisamente los expresidentes que están acusados de corrupción. Felipe Calderón (2006-2012), cuyo secretario de Estado, Genaro García Luna, fue señalado de tener nexos con el Cartel de SInaloa, asegura que esta consulta viola “las garantías elementales del Debido Proceso Legal, Justicia por Tribunal Independiente, la Investigación exclusiva del Ministerio Público, la protección de vida, el derecho a la Honra y a la Dignidad”.

Pero ¿qué es exactamente de lo que acusa López Obrador a sus antecesores?

Aunque la ley permite castigar los actos de corrupción, algunas de las denuncias más grandes de AMLO a los últimos expresidentes tienen que ver con sus ciertas políticas, como la privatización de empresas gubernamentales, a las que equipara con prácticas corruptas. Y no está claro en la ley si el presidente puede investigar a sus antecesores por decisiones de gobierno con las que no está de acuerdo.

Algunos expertos han criticado la iniciativa de López Obrador argumentando que debería ser la Fiscalía la que decida si alguien violó la ley y hay pruebas para sentar a esa persona en el banquillo. Otras figuras, como Anabel Hernández, han aplaudido el plan, considerando las investigaciones que recaen sobre los expresidentes. Esto es de lo que se le acusa a cada uno.

Enrique Peña Nieto

La administración de Peña Nieto habría recibido sobornos para la aprobación de la Reforma Energética. También se realizó la compra de la planta Agro Nitrogenados a un sobreprecio de US$200 millones. Pero la denuncia más grave es la que ha hecho el exdirector de Petróleos Mexicanos Emiliano Lozoya, quien asegura que la campaña electoral del expresidente recibió sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

“El presidente que fue cómplice de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A su nombre Tomás Zerón y el propio Procurador General de la República Jesús Murillo Karam torturaron o mandaron torturar a decenas de personas incriminadas de un delito que no cometieron”, recoge Anabel Hernández, autora de un libro sobre Peña Nieto.

"(También) ordenó proteger al Ejército, a la Policía Federal y a todos los funcionarios federales y avaló la falsa “verdad histórica”. Y fue él quien según Emilio Lozoya, miembro de su gabinete, entregó la paraestatal Petróleos Mexicanos a la iniciativa privada a cambio de dinero ilícito para su campaña presidencial y para domesticar al Congreso mexicano con el modus operandi del crimen organizado", concluyó.

Felipe Calderón Hinojosa

AMLO asegura que Calderón “embargó al país en una estrategia militar supuestamente orientada a combatir el narcotráfico, que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas de territorio nacional bajo control de las bandas delictivas pese a las innumerables y conocidas advertencias de que tal política habría de resultar contraproducente y terriblemente costosa para México”. Pero lo que es más grave es que aunque le señalaron que su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice del narcotráfico, Calderón no hizo nada.

“La actitud de Calderón sólo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada”, señala López Obrador.

Vicente Fox

Según el presidente, Fox intervino de manera ilegal en el proceso electoral de 2006 para impedir que la oposición, precisamente la de López Obrador, triunfara en los comicios. Por esta razón han acusado a AMLO de buscar venganza, pero él se defiende asegurando que se trata de un acto de “democracia participativa”.

Ernesto Zedillo Ponce de León

AMLO acusa a Ponce de León de llevar a cabo políticas privatizadoras con bienes nacionales como los ferrocarriles y darle a los mexicanos una deuda gigantesca con el rescate bancario de 1998. En marzo de 1998, el entonces presidente mexicano envió un paquete de cuatro iniciativa para rescatar al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) luego de que este simulara quiebras que el gobierno terminó pagando con recursos públicos.

Carlos Salinas de Gortari

Al igual que Ponce de León, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien señalan de hacer fraude en las elecciones de 1988, está acusado de conducir políticas de privatización que exacerbaron las diferencias entre ricos y pobres. Además, existen pruebas de que funcionarios de su administración, como su secretario privado Justo Ceja y su hermano Raúl Salinas de Gortari eran el puente directo con el Cartel de Juárez.

El plebiscito, en primera instancia, le permitirá al pueblo mexicano expresar “su frustración, enojo y resentimiento, lo cual es muy real”, como explica Carlos Bravo Regidor, analista político en la Ciudad de México.

Pero también será la oportunidad para que el país reflexione sobre los problemas de su sistema político para realizar cambios oportunos para no permitir que situaciones como las que denuncia López Obrador vuelvan a ocurrir.

“Debido al sistema político piramidal que existe en México es de ese poder excesivo en las manos de una sola persona de donde emana una buena parte de la problemática de la histórica corrupción en México. No importa el partido político, credo o sexo. Aunque en el papel los tres poderes deber hacerse contrapeso, la propia dinámica de poder que emana de la figura presidencial pervierte esa relación. Si la consulta definitiva se lleva a cabo en agosto de 2021, tenemos tiempo de reflexionar cómo realmente hacer que esa consulta trascienda, y plantear un nuevo sistema político para México”, concluye Hernández.