Coronavirus y migración: ¿respuestas desiguales?

Cerca del 84 % de las personas que han migrado se encuentran en países del sur del mundo. / Gustavo Torrijos

Una de las poblaciones más afectadas a escala global por la pandemia son las personas migrantes y desplazadas internas, en particular, aquellas que han tenido que hacerlo forzosamente debido a situaciones de conflicto armado, inestabilidad política y económica, o porque son discriminadas por su raza, género, religión u orientación sexual. De acuerdo con el Acnur, hay más de setenta millones de personas desplazadas forzadamente en el mundo y 29 millones de ellas han sido forzadas a migrar a otros países. Cerca del 84 % de quienes han tenido que migrar se encuentran en países del sur global con altos índices de pobreza y desempleo, así como con retos institucionales y económicos. Esto explica, en parte, el hecho de que antes de la pandemia la población migrante ya enfrentaba serias dificultades para acceder a derechos fundamentales, como documentación, empleo, vivienda, alimentación y salud.

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Por ejemplo en Colombia y Perú, los principales países receptores de población proveniente de Venezuela, hay grandes limitaciones para regularizar la situación migratoria, hay acceso limitado a servicios de salud y abastecimiento de alimentos. La mayoría de las personas migrantes derivan sus ingresos del trabajo informal (71 % en el Perú y del 71 al 88 % en Colombia) y se enfrentan a situaciones de explotación laboral.

La pandemia ha agravado esta situación, empujando a muchos migrantes a ser desalojados de sus viviendas, pasar hambre y, en consecuencia, estar más expuestos al contagio. Ante la incertidumbre generada por el cierre de fronteras y el impacto económico de las medidas de prevención, muchos no han tenido otra alternativa que regresar a sus lugares de origen. Esta movilidad, nuevamente forzada, no solo los pone en riesgo frente al virus sino también a las comunidades a las cuales retornan.

En la India, por ejemplo, donde cuarenta millones de personas trabajan en ciudades diferentes a su lugar de origen y gran parte de ellas viven del sustento diario, el primer ministro, Narendra Modi, impuso el confinamiento con solo cuatro horas de previo aviso. Las imágenes de las horas y días que siguieron son impactantes, pues muestran el aglutinamiento en las estaciones de buses y de trenes de miles de personas tratando de regresar a sus ciudades de origen. Otras muestran a las autoridades rociándolos con desinfectante, actuación fuertemente criticada y que motivó la apertura de una investigación. Estos ejemplos evidencian la dificultad de los gobiernos para lidiar con la pandemia y adoptar medidas que protejan también a las personas migrantes y desplazadas forzadamente.

Con el fin de ocultar su incompetencia para manejar la crisis, algunos gobiernos oportunistas han optado por instrumentalizar el virus para promover su propio programa populista xenófobo en contra de la población migrante. Cuando la pandemia recién llegaba a Europa, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, declaró que existía “una relación entre el coronavirus y los migrantes ilegales” y adoptó medidas que afectan de manera desproporcionada a esta población. El 1° de marzo Orbán anunció el cierre indefinido de los campamentos de tránsito fronterizo, los únicos lugares del país donde es posible presentar una solicitud de refugio, violando así este derecho fundamental a miles de personas que esperaban interponer esta solicitud mucho antes del brote del COVID-19.

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Del otro lado del Atlántico, Donald Trump ha aprovechado la crisis para exponer su xenofobia y reforzar su argumento antiinmigración con declaraciones como “la política demócrata de las fronteras abiertas es una amenaza directa a la salud y el bienestar de los americanos. Ahora lo están viendo con el coronavirus”, reforzadas con argumentos a favor de la construcción del muro en la frontera con México. Más grave aún, el Servicio de Inmigración y Aduanas se ha negado a liberar a las casi 40.000 personas detenidas en más de 200 centros en todo el país. Sin embargo, en los últimos días el presidente de EE. UU. se ha encontrado en la necesidad de dar un paso atrás y reconocer la importancia de los trabajadores migrantes para la economía de su país. La amenaza imaginaria, parte del repertorio de los gobiernos populistas, pierde su vigencia y revela su incapacidad para lidiar con una amenaza real.

En contraste, otros Estados —haciendo honor a sus obligaciones nacionales e internacionales de protección de las personas migrantes y desplazadas internas— han tomado medidas positivas para la inclusión de esta población en la respuesta a la emergencia sanitaria. En Perú, la Defensoría del Pueblo ha incidido para que las alcaldías con apoyo de la cooperación internacional faciliten refugio a los migrantes sin techo. En Portugal, el gobierno otorgó residencia temporal a todas las personas que tenían trámites migratorios o solicitudes de refugio pendientes. Así podrán acceder a servicios de salud y algunos programas sociales.

También se han tomado medidas para promover que las personas migrantes puedan poner sus conocimientos y experiencia al servicio de la comunidad para atender la pandemia. En Chile, Argentina, Francia y Alemania se permitió la contratación temporal de profesionales de la salud titulados en el extranjero cuyos títulos están en trámite de convalidación, medida que fortalece la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y les permite a estas personas contar con ingresos para sostenerse.

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La pandemia ha hecho más evidentes que nunca las grandes desigualdades que existen en nuestras sociedades, donde las personas más vulnerables, entre las cuales se encuentra la población migrante y desplazada, serán quienes asuman los mayores costos sociales y estén más expuestas a sufrir el virus. Por esta razón es indispensable que los Estados promuevan políticas para esta población en dos niveles. En el corto plazo, deben promover su inclusión en la respuesta sanitaria a través de la garantía de acceso al territorio, a un refugio, alimentación, atención médica y la liberación inmediata de las personas que se encuentran en centros de detención migratorios. En el mediano plazo, se deben promover políticas migratorias con enfoque de derechos humanos, flexibles y de largo alcance, que faciliten los procesos de regularización, la inclusión local y, en últimas, el acceso a derechos. Solo políticas migratorias de largo alcance permitirán reducir las desigualdades a las que se enfrenta esta población.

*Investigadoras del área internacional de Dejusticia.