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El temperamento de Donald Trump y las decisiones que ha tomado en sus 17 meses como presidente de Estados Unidos han dejado en evidencia su capacidad para burlar cualquier restricción de su cargo. El mandatario suele atacar a la mayoría de instituciones que actúan como controles de su poder.
Excepto una: la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, una institución que se ha ganado el lugar de gran transformadora de la sociedad estadounidense con sus sentencias, pero que en la era Trump enfrenta cambios trascendentales. La jubilación el próximo 31 de julio del juez Anthony Kennedy, considerado del centro o el “voto péndulo” del tribunal, anuncia nuevos (¿malos?) tiempos.
En el último siglo, el máximo tribunal ha tomado decisiones con gran repercusión nacional, en especial en la defensa de las libertades civiles, como justicia igualitaria, derechos de minorías y mujeres. Derechos que hace muchos años eran inexistentes.
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Uno de los casos más recordados que definió el tribunal es el de Plessy vs. Feguson, en el que Homer Plessy, un afrodescendiente, rehusó en 1894 cambiarse al lado del ferrocarril que decía “Sólo para negros”. Plessy no sólo fue arrestado por su acción, sino que, además, la Corte Suprema decretó que la Constitución garantizaba la igualdad legal, pero no social, por lo que la segregación era constitucional. Tuvieron que pasar más de sesenta años para que la Corte volviera a debatir sobre este tema.
En 1954, la Corte falló a favor de una niña negra de tercer grado que debía caminar diariamente más de una milla para asistir a su escuela primaria, pese a que a siete cuadras de su casa había otra escuela a la que no podía ingresar porque era para niños blancos. Este caso, conocido como Brown vs. Junta Escolar, estableció, a través de una decisión unánime, que la segregación en las escuelas y en cualquier sitio público era inconstitucional.
Gracias a esto, los movimientos de derechos civiles se motivaron para iniciar un camino hacia la reintegración de Estados Unidos.
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La Corte Suprema de Estados Unidos se estableció con la Constitución hace 255 años. Aunque el número de jueces concretado inicialmente fue de 11, con el acto judicial de 1869 se decretó oficialmente que debían ser nueve, manteniendo un número impar para que nunca hubiera empates en las decisiones. Desde entonces no ha habido ninguna enmienda constitucional que quiera cambiar el número de miembros. El cargo de juez es vitalicio y es decisión de los jueces mismos escoger la fecha de retiro en caso de que lo deseen.
Con los años, algunos presidentes han corrido con la “suerte” de que, durante su mandato, haya quedado alguna vacante disponible en la Corte. Esto les da la oportunidad de nombrar a alguien que represente sus intereses y los de su partido en el máximo tribunal. Sin embargo, la balanza entre demócratas y republicanos siempre ha estado equilibrada.
Ronald Reagan nombró a Anthony Kennedy, del Partido Republicano, quien sirvió a la Corte durante 30 años y se retira el próximo 31 de julio. Mandatarios como George Bush (padre) y George W. Bush (hijo) nombraron jueces republicanos, como John Roberts, actual presidente del tribunal. Durante su presidencia, Bill Clinton nombró a la actual jueza Ruth Bader Gingsburg, con lo que reafirmó su carácter liberal y buscó hacer contrapeso a la mayoría conservadora que tenía la institución.
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Bader Gingsburg se ha destacado por luchar por la igualdad de género y los derechos de todos los grupos sociales. Obama, en su mandato, nombró en el 2009 a Sonia Sotomayor, la tercera mujer que ocupó un cargo en la Corte y la primera en la historia de origen hispano.
Con una corte balanceada se han alcanzado grandes logros en el reconocimiento de derechos de ciudadanos históricamente excluidos. Otro de estos casos es el de Obergefell vs. Hodges (2015), el eslabón final tras el largo proceso de evolución en materia de derechos con relación a la comunidad LGBTI. Se reconoció constitucionalmente el derecho al matrimonio homosexual y la Corte afirmó que “estas nuevas perspectivas han fortalecido, no debilitado, la institución del matrimonio (…) concepciones cambiantes de matrimonio son características de una nación donde nuevas dimensiones de la libertad llegan a ser evidentes”.
La decisión de este caso se tomó tras un reñido debate, en el que el voto decisivo fue dado por el juez Kennedy, un conservador que se caracterizó por reconocer la importancia de las libertades civiles y quien argumentó que las parejas homosexuales “respetan el matrimonio, tan profundamente que quieren concretarlo ellos mismos. Su deseo es que no sean condenados a vivir en soledad. Piden una igualdad digna ante los ojos de la ley. La Constitución les garantiza este derecho”.
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No obstante, los alcances logrados por los estadounidenses en los últimos años peligran tras la salida del juez Kennedy y con los intentos por parte del gobierno Trump de retroceder en materia de derechos. Recién asumió su cargo como presidente de Estados Unidos, y tras la muerte de Antonin Gregory Scalia (2016), Trump postuló en la Corte Suprema a Neil Gorsuch, un conservador reconocido por su fuerte postura religiosa, cuyas decisiones se han empezado a notar.
El polémico veto migratorio de Trump a los países de mayoría musulmana, que impide que ciudadanos de Libia, Irán, Somalia, Siria y Yemen ingresen a EE. UU., recibió el respaldo de la Corte. El voto decisivo fue el del recién nombrado Gorsuch.
Como si fuera poco, parece que el mandatario quisiera demostrar que ninguna conquista social es irreversible. Pues, aunque EE.UU. se había mostrado en años anteriores como el país benefactor, solidario, en el que todos los que llegaban podían tener una vida mejor, su esfuerzo hoy en día se centra en cerrar puertas y fronteras y expulsar a quienes con su trabajo han mantenido la nación norteamericana por años. Devolver “Estados Unidos para los estadounidenses”.
Desde septiembre del 2017, el Departamento de Justicia de Trump lidera un proyecto a través del cual se busca que los empleadores puedan despedir a cualquier persona por su orientación sexual, argumentando que la Ley de los Derechos Civiles (título VII) protegía a los trabajadores de la discriminación por sexo, religión, nacionalidad y raza, pero no por su orientación sexual. ¿Qué pasaría si proyectos como este encuentran vía libre en las cortes?
Por primera vez en 10 años, los republicanos no sólo tienen al mandatario de la Casa Blanca, sino que además controlan el Congreso. Además, con la salida del “voto central” de la Corte, Trump tendría vía libre para hacer un tribunal a su medida. Por eso las elecciones de medio término, el próximo mes de noviembre, serán definitivas.