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Organismos de derechos humanos calculan que entre 50.000 y 80.000 personas huyeron de Nicaragua bajo amenazas, persecución y desempleo, en el contexto de las protestas antigubernamentales iniciadas el 18 de abril de 2018.
La represión a las manifestaciones por el gobierno del presidente Daniel Ortega hundió al país en una grave crisis política y económica que persiste un año después. Más de 325 personas murieron.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estimó en 62.000 las personas que huyeron a países vecinos, más de 55.000 ingresaron en Costa Rica.
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La gente cruzó las fronteras por sectores no controlados "para evitar ser detectados, muchas veces caminando durante horas por terrenos difíciles, expuestos al calor, la humedad y los riesgos de malaria", indicó la ACNUR en un comunicado.
"Estudiantes, exfuncionarios públicos, figuras de la oposición, periodistas, doctores, defensores de los derechos humanos, campesinos" han solicitado asilo en Costa Rica, añade la agencia.
La semana pasada el gobierno inició un diálogo con la oposición que de momento no ha dado resultados.
El plan de retorno asistido
El gobierno de Nicaragua, por su parte, anunció un polémico plan con apoyo internacional para el "retorno voluntario asistido" de personas que salieron del país en el ùltio año.La Presidencia indicó en un comunicado que instituciones públicas "garantizarán las condiciones del retorno voluntario (...) y plenas garantías y seguridad" a quienes se acojan a la repatriación.
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Según el gobierno, el plan de retorno contará con la asistencia técnica de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En medio de la polémica que suscitó el anuncio oficial, la OIM publicó en su sitio web que hubo una solicitud del gobierno y que aceptó analizarla una vez que conozca el programa a detalle.
La propuesta del gobierno de Daniel Ortega ya había sido rechazada por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), en la negociación con las autoridades para superar la crisis. De acuerdo con la oposición, hay mucha desconfianza por la falta de garantías para quienes acepten regresar al país después de sufrir persecución.
Engañoso
La alianza emitió un comunicado donde consideró "infructuoso que el gobierno continúe con campañas estériles y engañosas". También demandó que se muestre "verdadera voluntad" liberando a todos los presos políticos, restableciendo los derechos y garantías para avanzar en la mesa de negociación en los temas de justicia y adelantar las elecciones de 2021.Ver más: Así fueron los primeros cien días de una crisis, que ya alcanza el año
El exvicecanciller José Pallais, miembro de la ACJD, explicó a la AFP que la iniciativa oficial había sido descartada porque "ellos quieren que (los exiliados) regresen sin ningún mecanismo de protección".
"Esta es una publicidad engañosa que no resuelve el problema de fondo de los exiliados, como es su seguridad. Solo les dicen regresen y aquí van a estar felices", manifestó.
Igualmente, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos sostuvo en un comunicado que para un retorno seguro de los exiliados se requiere "establecer un proceso de transición, desarmar a los paramilitares, liberar a todos los presos políticos y el restablecimiento pleno de las garantías y derechos de todos los nicaragüenses".
La oposición estima que unas 800 personas han sido detenidas en el marco de las protestas, mientras que el gobierno cifra las detenciones en 350.