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La feligresa Jackline Abdel Shahid contó a la AFP: “Estaba saliendo de la iglesia cuando oí una enorme explosión. Había mucho humo y la gente empezó a correr y a gritar. Las ambulancias empezaron a llegar y sacaban trozos de cuerpos. El suelo estaba cubierto de sangre”. La bomba, que contenía 12 kilos de dinamita, fue dispuesta, al parecer, sin ningún obstáculo: las puertas de la iglesia no están custodiadas y cualquiera puede entrar. El papa Tawadros II, monarca de la Iglesia copta, tiene su hogar en el templo vecino.
El atentado contra los cristianos no es una sorpresa: desde el régimen de Hosni Mubarak, esta minoría religiosa ha sido atacada y discriminada de manera sistemática. En 1981, cuando Mubarak subió al poder, un grupo de coptos fue asesinado por una turba musulmana. En noviembre de ese año, por negarse a convertirse al islam, el reverendo Maximose Guirguis fue secuestrado y su garganta cortada. En los años noventa, los casos se multiplicaron: Badr Abdullah Massoud, hijo de un granjero, fue asesinado porque no pagó el “impuesto” que le exigía un grupo islámico en Manshiet Nasser; mientras daba su clase, una profesora cristiana fue asesinada en 1992 (el mismo día que les dispararon a otros 18 cristianos); hordas de musulmanes violentos atacaron a colectivos de cristianos indefensos; el Gobierno les negaba el permiso para construir iglesias.
En la primera década de este siglo nada cambió. Entonces vino la caída de Mubarak, en febrero de 2011: Mohamed Mursi, uno de los líderes de los Hermanos Musulmanes (una organización política, considerada terrorista por algunos países), tomó su lugar. Líderes coptos dijeron que el ascenso de Mursi había producido una división aún más aguda entre ellos y los musulmanes. Las extorsiones y los secuestros pervivieron. Entonces, en agosto de 2013, un mes después de que Mursi fuera expulsado del poder por un golpe de Estado, 80 lugares de culto cristiano fueron atacados por militantes de los Hermanos Musulmanes y civiles sin filiación político pero sí religiosa. Para ellos, los coptos habían ayudado a la caída de Mursi y eran enemigos.
La fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, que monitorea las amenazas a la libertad religiosa en el mundo (sobre todo de los cristianos y católicos), aseguró en su informe de este año que la situación ha tenido una mejoría bajo la presidencia del general (r) Abdel Fattah al Sisi, quien reemplazó a Mursi tras el golpe. Al Sisi ha asistido en varias ocasiones a las celebraciones religiosas de los coptos y en sus mensajes públicos alienta a la unión entre ambas religiones. De hecho, de cara al atentado de este domingo, dijo que “se dirige contra la nación con sus cristianos y sus musulmanes. Egipto saldrá de él más unido”.
En 2013, Al Sisi estuvo presente en los servicios religiosos durante la Navidad cristiana y ha mostrado su apoyo a esa comunidad, por ejemplo, con el bombardeo que ejecutó contra el Daesh en febrero de 2015, cuando ese grupo extremista asesinó a 21 coptos y difundió su muerte a través de un video. Por ese entonces, las Fuerzas Armadas, bajo su mando, declararon: “La venganza por la sangre egipcia es un derecho absoluto y lo vamos a ejercer”. La nueva Constitución, redactada en 2014 y aprobada a través de referendo, defiende la libertad religiosa, aunque acepta de entrada que la religión estatal es el islam y que las leyes naciones se rigen por la sharia.
Pese a los buenos tiempos, la discriminación y los ataques contra los coptos son un asunto civil, no sólo estatal. En gran parte de los casos, los crímenes quedan impunes. El reclamo común es justo ese: que las fuerzas de seguridad, a pesar de que saben que están amenazados, no protegen a los coptos como se debería (cuando asesinaron a aquel grupo de 1981, el Gobierno aceptó que había sido una “falla de seguridad”). Un testigo del atentado de este domingo se preguntó: “¿Cómo es posible que esto ocurra? ¿Dónde estaban las fuerzas de seguridad? Ahora ocupan toda la calle, pero ya es demasiado tarde”.
A esto se suma la carencia de leyes que protejan, de manera práctica, a esa comunidad. Las comunidades rurales carecen de seguridad en el Alto y el Bajo Egipto, donde pueblos enteros son atacados por grupos extremistas. Tanto el Daesh como los Hermanos Musulmanes los ven como enemigos. Siguen en pie las “diez normas” (estatutos legales) que les dificultan la construcción de templos o conventos: en Minia, la comunidad copta levantó en 2009 una iglesia de madera mientras el Gobierno autorizaba la construcción definitiva. En mayo de 2016, la iglesia ardió. Aún no se sabe si fue un cortocircuito o el ataque incendiario de un grupo de extremistas islámicos.