Cuatro colombianos condenados a cadena perpetua en Catar serán repatriados

El defensor del pueblo, Carlos Negret, junto a los colombianos detenidos en Qatar. / Cortesía

Desde hace ocho años cuatro colombianos se encuentran en Catar condenados a cadena perpetua por diferentes cargos. Se trata de Juan Pablo Iragorri, Francisco Javier Vergara, Yesid Mejía Herrera y Martha Yanira Castellanos, quienes conocieron hoy la noticia de que, gracias a una intervención del Defensor del Pueblo colombiano, Carlos Negret, serán repatriados a Colombia. 

La gestión para que el gobierno catarí aceptara se llevó a cabo durante cerca de cuatro meses de la mano del presidente del Comité de DDHH de Catar. El desenlace pone fin a una situación que había sido calificada en diferentes momentos por los detenidos como un infierno, en el que se presume que hubo diferentes maltratos y excesos de fuerza. 

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Probablemente la historia más conocida es la de Juan Pablo Iragorri, quien en 2011 fue detenido en Doha (Catar) y obligado a firmar un documento en árabe que no entendía. Luego, según su versión, se enteraría de que ese papel era una confesión de declararse culpable por narcotráfico y falsedad de documentos. El hecho habría conducido a una serie de irregularidades judiciales que le impidieron tener un juicio justo. 

Los múltiples tratos crueles, inhumanos y degradantes que se habrían dado en el caso de la detención de Iragorri están consignados en un pronunciamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del 14 de febrero de 2014, dirigido al gobierno de Catar.

Ese documento indica, en términos generales, que Iragorri había sido contratado para trabajar con el Ministerio del Interior catarí desde 2005 como instructor de paracaídas y que en 2010 fue invitado por el mismo Ministerio para trabajar en Catar en la unidad de búsqueda y rescate.

No obstante, el 30 de junio de 2011, hacia la 1: 00 am., Iragorri fue detenido por policías armados y vestidos de civil, cuando llegaba a su casa en un barrio al oeste de Doha. Los oficiales no mostraron identificación y no presentaron orden de arresto o allanamiento. Tampoco precisaron las razones de la detención. Aunque buscaron en el auto del detenido, no encontraron evidencias de drogas o bienes ilícitos, según confirmaron los agentes de policía en posteriores declaraciones.

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Desde entonces, según la ONU, el colombiano habría sido sometido a condiciones de reclusión que no cumplirían los estándares internacionales: fue mantenido durante un tiempo en aislamiento en una celda sin ventanas, ducha ni sanitario, e infestada de hormigas. El reporte también indica que Iragorri fue golpeado y torturado por agentes de las autoridades, quienes lo amenazaban con que, si no cooperaba, sería ejecutado. Hasta el 30 de junio de 2011 Iragorri no pudo tener contacto con su familia. 

Además de estas violaciones a los derechos humanos, el informe de la ONU indica una serie de inconsistencias en el proceso jurídico contra Iragorri. Empezando por la falta de un intérprete para dar sus testimonios, teniendo en cuenta que el colombiano no habla ni escribe en árabe, así como cambios deliberadamente realizados al contenido de sus declaraciones.