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Una de las mayores filtraciones de documentos de 19 jurisdicciones offshore, consideradas en algunos países como paraísos fiscales por sus beneficios tributarios y el secretismo de las operaciones, salió a la luz pública la semana pasada. Los 13,4 millones de registros, obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, provienen en su mayoría de la firma de abogados Appleby y la compañía de servicios offshore Asiaciti Trust, con sede principal en Singapur. (Lea aquÍ: Siete artículos para entender la mención de Colombia en Paradise Papers)
De esta última compañía se dieron a conocer 566,157 documentos y sus oficinas se extienden a otros sitios, desde Samoa, en el Pacífico Sur, hasta Nevis, en el Caribe. La empresa familiar se vende a sí misma como especialista en ayudar a los clientes a acumular y "preservar la riqueza de los estragos de litigios", trastornos políticos y rupturas familiares. Ha atraído a millonarios chinos, familiares de un funcionario kazajo condenado por corrupción y una amplia franja de estadounidenses, incluidos médicos, jugadores de póquer y un cultivador de alfalfa en Colorado.
Los archivos filtrados de Asiaciti revelan cómo la firma estableció fideicomisos en las Islas Cook para Kevin Trudeau, un líder infomercial estadounidense que vendió millones de copias de libros de autoayuda como "The Weight-Loss Cure ‘They’ Don‘t Want You to Know About". En 2014, un juez de Chicago condenó a Trudeau a 10 años de prisión federal por desacato criminal, calificándolo de desvergonzado defraudador que llegó a utilizar el número de seguridad social de su madre en una de sus estafas.
“Asiaciti Trust cumple en todo momento con todas las leyes y regulaciones aplicables. Estamos regulados por autoridades altamente competentes en las jurisdicciones en las que operamos y estamos comprometidos a alcanzar los estándares requeridos. Absolutamente negamos cualquier implicación de hacer mal”, indicó la empresa en un comunicado de prensa.
En el caso colombiano, donde no es delito tener cuentas o negocios en jurisdicciones offshore pero sí lo es no declararlos ante las autoridades tributarias, se encuentra la mención del empresario colombo italiano Arturo Frieri Gallo. Él posee un fideicomiso en Islas Cook, calificada por Colombia como paraíso fiscal por ser poco transparente. Aunque sus dos hijos figuran como beneficiarios, su hermano Salvador Frieri Gallo, y los socios de éste son los que tienen control sobre las inversiones y cuentas de aquel fideicomiso. Salvador Frieri ha sido acusado de lavado de activos y estafa en nuestro país. (Lea aquí: Los secretos del empresario Arturo Frieri Gallo en Islas Cook)
Durante la última década o más, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales han presionado a los paraísos offshore para que reformen sus leyes y han exigido que los intermediarios offshore seleccionen más cuidadosamente a sus clientes. El progreso ha sido lento, dicen los expertos, tanto por los desafíos que suponen las prácticas cambiantes en una red mundial de jurisdicciones, como por el hecho de que personas poderosas y grandes compañías se benefician del sistema offshore.
Lo hacen a expensas de muchos, trasladando la carga impositiva a los contribuyentes de ingresos medios y otorgando a las corporaciones multinacionales una ventaja sobre los competidores más pequeños. Donde más duele es en las naciones que luchan por proveer bienes básicos a sus poblaciones.
Ayudar a los ricos a enriquecerse mediante maniobras offshore no es un "beneficio benigno", dijo Harrington, profesor de Copenhagen Business School. "Cuando los ricos se vuelven más ricos, los pobres se vuelven más pobres, porque las personas adineradas no pagan su parte justa de los impuestos".
*Esta nota fue escrita con información del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y la traducción al español realizada por Univision Noticias para el resto de socios de ICIJ.