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Amnistía Internacional (AI) presentó en Managua, Nicaragua, los resultados de una investigación que concluye que un alto número de las muertes de manifestantes; fueron intencionales por parte del Estado y con conocimiento del presidente, Daniel Ortega.
AI responsabiliza a grupos parapoliciales, a la Policía Nacional y a las fuerzas antimotines, de las muertes ocurridas durante los 42 días de protestas en el país centroamericano.
Asimismo, la organización internacional considera que hay “ejecuciones extrajudiciales” y una grave violación de los derechos humanos "que es también un crimen de derecho internacional", agrega en el informe.
"Dado el contexto en que sucedieron estas muertes y tomando en cuenta la arquitectura institucional que organiza a las fuerzas de seguridad del país, la organización considera que existen razones para pensar que dichas muertes habrían ocurrido con conocimiento de las más altas autoridades del Estado nicaragüense, entre ellas el presidente de la república", se lee además en el punto "Disparar a matar: estrategias de represión de la protesta en Nicaragua".
Hasta el momento, el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre el informe, aunque el presidente Ortega ha negado que la policía tuviera órdenes de disparar a matar.
Sin embargo, autoridades nicaraguenses sí se han responsabilizado por la violencia generada en contra de "grupos delincuenciales", y se han comprometido a permitir la conformación de un grupo de investigación internacional sobre lo ocurrido, aunque no se han dado pasos concretos con respecto a esto.
La cantidad de muertos con motivo de las protestas en el país centroamericano ya alcanza la cifra de al menos 81, desde el 19 de abril, según AI.
Asimismo, el informe indica que en los ocho casos analizados en los que la muerte se produjo por arma de fuego, los muertos "presentaban orificio de entrada del proyectil en una zona de alta letalidad" como la cabeza, el cuello o la región toráxica superior.
"Por otro lado, en al menos cuatro de los casos documentados, existen indicios de que la trayectoria de la bala tuvo una inclinación significativa, de arriba hacia abajo, lo cual sugiere la posibilidad de que una persona, con una posición privilegiada de altura, pudo haber apuntado y disparado", se lee en el punto "Disparar a matar".
El patrón es muy similar al que le describió a BBC Mundo uno de los cirujanos que, durante los primeros días, atendieron de forma voluntaria a numerosos heridos en otro de los hospitales de la capital, el Vivian Pellas.
"Era como estar en una zona de guerra", dijo el cirujano, quien pidió no ser identificado.
Ejecuciones extrajudiciales en Colombia
En todo caso, Nicaragua no es el único país latinoamericano donde AI ha identificado este hecho, catalogado como una grave violación a los derechos humanos. En Colombia, donde las ejecuciones extrajudiciales han sido llamadas "falsos positivos", también ha sido identificado.En este país, durante los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), los militares secuestraban a personas que no eran guerrilleros y los llevaban lejos de su residencia, para vestirlos como tales, matarlos y colocarlos en el campo de batalla, para luego identificarlos como guerrilleros muertos, indica un informe de AI.
De acuerdo con Amnistía Internacional, durante esos años, hubo más de 4.000 asesinatos y 70% de ellos están impunes, mientras que para la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la ONG Humans Right Watch, fueron 3.000.
Por lo tanto, madres y familiares, en ambos países latinoamericanos, continúan pidiendo justicia para las víctimas.