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El Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, destituyó este viernes al director del estatal Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por su sigla en portugués), órgano responsable por monitorear y divulgar los datos sobre deforestación en el país suramericano.
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La noticia fue confirmada por el propio director del INPE, Ricardo Magnus Osorio Galvao, quien estuvo reunido este viernes durante más de dos horas con el ministro de Ciencia y Tecnología, el astronauta Marcos Pontes, quien le comunicó la decisión de Bolsonaro de retirarlo del cargo.
En su perfil de la red social Twitter, Pontes escribió después de la reunión: "Agradezco por la dedicación y empeño de Ricardo Galvao al frente del INPE. Estoy seguro de que su dedicación deja un gran legado para la institución y para el país".
Pese a contar con el apoyo de Pontes, quien se comprometió a inyectar más recursos y respetar las líneas de trabajo trazadas en el INPE, la situación frente a Bolsonaro hacía "insostenible" su permanencia al frente del organismo, como el propio director admitió.
Bolsonaro había alertado el jueves sobre la divulgación "irresponsable" de falsos datos sobre la deforestación de la Amazonía, "al parecer de mala fe" por funcionarios públicos con "intereses políticos", con la intención de "perjudicar la imagen" tanto de Brasil como su Gobierno.
"Si se quiebra la confianza va a ser dimitido sumariamente y si perdió la confianza, a mi entender, eso es un pecado capital", afirmó Bolsonaro ya dando indicios de la salida de Osorio Galvao.
Según el INPE, la devastación de la mayor selva tropical del mundo aumentó en un 88,4 % en junio, impulsada, de acuerdo con organizaciones ecologistas internacionales, por una política ambiental de Bolsonaro poco preocupada con su conservación.
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El saliente director del INPE, un ingeniero de 71 años con doctorado en el MIT estadounidense, es profesor de la pública Universidad de Sao Paulo (USP), miembro de la Academia Brasileña de Ciencias, presidió la Sociedad Brasileña de Física e integró el Consejo Científico de la Sociedad Europea de Física.
Sin citar nombres, Osorio Galvao dijo que le indicó a Pontes cinco científicos como probables candidatos para sustituirlo en el cargo, que será asumido de manera interina por el investigador del INPE Petronio Noronha de Souza hasta el ministro designar al nuevo titular.
Frente las escandalosas cifras reveladas, el jefe de Estado advirtió que además de los intereses políticos de "grupos" que quieren llegar al poder en 2023 existe una "guerra económica en juego" en la que otros países "usan" el discurso ambiental para frenar el "enorme potencial" de Brasil para producir alimentos.
Por su parte, en una rueda de prensa, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, divulgó un estudio según el cual las últimas informaciones sobre deforestación en la Amazonía anunciadas por el INPE contienen graves errores de medición.
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"La afirmación de que en junio creció un 88 % no es verdadera y tan solo buscaba generar sensacionalismo. No queremos negar números ni justificar cosas que fueron hechas de forma ilegal, pero sí queremos que haya responsabilidad en la divulgación de las informaciones", afirmó Salles.
El ministro agregó que, para mejorar los métodos de medición del INPE, el Ministerio lanzará en breve una licitación para contratar otras imágenes de satélite da mayor resolución que permitan detectar y medir la deforestación en tiempo real.
"Bolsonaro sabe que su gobierno es el principal responsable del actual escenario de destrucción de la Amazonía. La destitución del director del INPE no es más que un acto de venganza contra quien muestra la verdad", afirmó Márcio Astrini, coordinador de Políticas Públicas de Greenpeace.
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Asimismo, en Brasil, la cuestión ambiental está íntimamente vinculada a los territorios indígenas (que Bolsonaro quiere que dejen de ser santuarios para poder integrar a sus habitantes a "las maravillas de la vida moderna", como dijo el mes pasado).
En ese campo, el jefe de Estado sufrió un revés el jueves, cuando la corte suprema anuló una ordenanza que transfería la demarcación de tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio (Funai) al Ministerio de Agricultura, considerado como un baluarte de los intereses del agronegocio.