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El caso se archivó en 2016. A pesar de que el entonces presidente, Ollanta Humala, declaró “asunto de interés nacional” los casos de esterilización forzada que se realizaron entre 1996 y el 2000, la fiscal Marcelita Gutiérrez determinó que no se le debía prestar más atención al asunto que tenía entre sus principales responsables al exmandatario Alberto Fujimori y a varios funcionarios de su gabinete.
A la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la organización feminista Demus no les bastó con protestar. También denunciaron que Alejandro Aguinaga, excongresista y exministro de Salud de Fujimori, había visitado al fiscal general durante fechas claves del proceso.
También anticiparon que la fiscal Gutiérrez archivaría el caso, una decisión polémica si se tiene en cuenta que, según información recogida por el Comité Latinoamericano del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), sólo el 10 % de las mujeres que fueron esterilizadas por el Programa Nacional de Planificación Familiar dieron su consentimiento para recibir una ligadura de trompas.
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Según la Comisión del Congreso peruano que investigó los hechos, 314.605 mujeres fueron esterilizadas por cuenta de la iniciativa gubernamental. La muerte de cinco de ellas, por complicaciones provocadas por la intervención, es el argumento por el que esta semana el fiscal Luis Landa ordenó que el caso se vuelva a abrir, con lo que lo puso en la mira de las autoridades.
“La resolución del fiscal Landa señala que está convencido de que existen suficientes elementos para que se denuncie al expresidente Fujimori, a sus ministros Marino Costa, Eduardo Yong y Alejandro Aguinaga y otros funcionarios”, le dijo a la AFP Milton Campos, abogado de las víctimas y quien recibió notificación de que Fujimori y sus funcionarios serán juzgados como “autores mediatos de los casos de esterilizaciones forzadas”.
A la fuerza
En 1996, Victoria Vigo vivía en Piura, noroeste de Perú. Tenía 32 semanas de embarazo cuando el malestar la llevó al hospital, donde los médicos decidieron hacer una cesárea de emergencia. Su hijo, que todavía no tenía los pulmones lo suficientemente desarrollados para respirar, murió.En entrevista con la BBC, Vigo recuerda que “había un médico tratando de consolarme diciendo: ‘No te preocupes, todavía eres joven, puedes tener otro bebé”. En seguida, Vigo escuchó que otro de los médicos contestaba: “No, no puede tener más hijos, la hemos esterilizado”.
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El caso de Vigo es excepcional. En 2003, la justicia peruana reconoció que debía ser indemnizada y recibió una cifra que rondaba los US$2.500. También se sale de lo común porque Vigo es de clase media, tiene estudios y habla español, algo que no les ocurrió a cientos de mujeres esterilizadas que tenían escasos recursos, eran analfabetas y de comunidades donde el idioma predominante es el quechua, un detalle importante, ya que muchas veces los médicos las hacían firmar un consentimiento que no podían leer y que, para colmo de males, estaba escrito en español.
Los métodos que se utilizaban en el programa que buscaba reducir la pobreza fueron documentados por el Congreso peruano y organizaciones como Amnistía Internacional, que establecieron que no sólo existieron “metas numéricas” para las esterilizaciones. En ocasiones también se realizó el pago de “incentivos” económicos a los cónyuges de las mujeres esterilizadas, se las llevó a la fuerza a los centros de salud o, en el caso de estar embarazadas, se las amenazó con practicarles un aborto o no inscribir a sus hijos en el registro civil si no accedían a ser esterilizadas.
El fiscal Landa
“La verdad está en nuestros cuerpos y nadie puede negar el daño que nos hicieron. Nadie puede negarnos que violaron nuestros derechos, que Fujimori y sus exministros de salud son culpables”, dijo Nidia Guerrero, quien es miembro de la Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba y que celebró la reapertura del caso, otro revés para Fujimori, que no la ha tenido fácil desde que en diciembre del año pasado recibió un indulto del ahora expresidente Pedro Pablo Kuczynski.El perdón presidencial hizo que Fujimori saliera de la cárcel, con lo que dejó atrás la condena de 25 años que pagaba por delitos de lesa humanidad. Por desgracia para el exmandatario, ese no es el único pecado por el que tiene que vérselas con la justicia peruana, y para recordárselo está el fiscal Luis Landa, quien antes de revivir las acusaciones por esterilizaciones forzadas, ya le había provocado dolores de cabeza al expresidente de 79 años.
El fiscal Landa es el mismo que ha pedido que se condene a Fujimori a otros 25 años de prisión por el caso Pativilca, en el que el grupo paramilitar Colina, que tenía vínculos directos con el gabinete presidencial, asesinó a seis campesinos en hechos muy similares a los que tenían a Fujimori en la cárcel cuando el expresidente Kuczynski optó por perdonarlo.
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Landa también es el responsable de que, desde el 20 de abril, la Sala Penal Nacional de Perú evalúe una petición para que Fujimori tenga que pedir permiso cada vez que salga de su casa y se vea obligado a presentarse cada treinta días en la Oficina de Registro de Control Biométrico, todo esto después de que el exmandatario empezara a tramitar su pasaporte, un gesto sutil que activó las sospechas de que podría salir de Perú sin responder en los procesos judiciales en los que está involucrado.
La solicitud de Landa está a cargo del Colegiado B de la Sala Penal Nacional, otra mala noticia para Fujimori, que en febrero vio cómo ese mismo organismo rechazaba su petición para que el perdón que le fue concedido por Kuczynski se extendiera a todos los procesos judiciales en su contra, una petición por la que recibió un rotundo no.