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El Gobierno de Estados Unidos tiene, desde la llegada a la presidencia de Donald Trump, una profunda disputa con la Corte Penal Internacional (CPI), fundada en 1998 con sede en La Haya (Países Bajos) por las investigaciones que lleva a cabo en contra de militares y tropas de ese país que participaron en la guerra de Afganistán desde el año 2001. Las anteriores administraciones, si bien no reconocían la legitimidad de la corte, se habían limitado a ignorar sus procesos, pero Trump dio un giro en su política y decidió no solo arremeter contra sus funcionarios, sino imponerle ayer mismo sanciones a la fiscal del organismo, Fatou Bensouda.
“Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma que creó esa corte y no toleraremos ilegítimos intentos de someter a estadounidenses a su jurisdicción”, manifestó en una rueda de prensa el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo. Además, anunció sanciones contra el jefe de la División de Jurisdicción, Complementación y Cooperación de la Oficina del Fiscal de la CPI, Phakiso Mochochoko, por haber trabajado con Bensouda en las pesquisas sobre soldados estadounidenses.
“Atacar a la CPI de esta manera equivale a menospreciar las contribuciones de Estados Unidos al legado de laTribunales Militares Internacionales de Nuremberg y Tokio. La política abusiva de la administración Trump contra los defensores de la justicia internacional rompe la promesa global de ‘nunca más’ “, dijo el Director Ejecutivo Interino de Movimiento Federalista Mundial, Keith Best.
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¿En qué consiste las sanciones?
Tanto Bensouda como Mochochoko fueron incluidos en una lista del Departamento del Tesoro llamada “Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés)” y que Washington usa para sancionar a terroristas y narcotraficantes, y no a funcionarios que trabajan en un organismo de derechos humanos.
Bajo las nuevas sanciones, quedan bloqueados los bienes que Bensouda, originaria de Gambia, y Mochochoko, nacido en Lesoto, puedan tener bajo control estadounidense y a partir de ahora no podrán hacer transacciones con ciudadanos de esa nación. En abril de 2019, el Departamento de Estado anunció que había revocado el visado a Bensouda para que no pudiera ingresar en el país; y en junio el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autorizaba sanciones contra los funcionarios de la CPI que investigasen a tropas estadounidenses o de sus aliados.
Además, el secretario de Estado usó el mismo tono que ha empleado con enemigos de Washington para lanzar una dura advertencia contra quienes respalden a Bensouda y Mochochoko: “Los individuos y entidades que continúen dando apoyo material a esos individuos se arriesgan también a ser sancionados”, avisó. Y especificó que el Departamento de Estado restringió la emisión de visados para quienes están implicados en las investigaciones de la CPI sobre el conflicto afgano.
Bensouda ha estado como fiscal del tribunal desde 2012, sucediendo así a Luis Moreno Ocampo. Cuando el año pasado le revocaron la visa de ingreso a Estados Unidos numerosos expertos en derechos humanos calificaron el hecho como una “interferencia impropia” para el tribunal.
¿Por qué se pudo abrir la investigación?
El desencadenante de las sanciones es una investigación sobre la guerra de Afganistán (2001-presente) que pudo ser abierta porque el país asiático sí acepta la jurisdicción de la CPI, a diferencia de EE.UU. En marzo de este año, los jueces autorizaron una investigación que Bensouda les había solicitado en 2017 por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad atribuidos al ejército estadounidense, a grupos talibanes y autoridades afganas.
Estados Unidos nunca ha aceptado la jurisdicción de la CPI, con sede en La Haya (Holanda) y fundada en 1998. Sin embargo, hasta ahora Washington se había limitado a ignorarla y nunca antes una Administración había adoptado una actitud tan beligerante.
Desde su llegada a la Casa Blanca, en enero de 2017, Trump ha arremetido contra la CPI por sus decisiones contra Washington y sus aliados, como Israel, en lo que considera un intento del tribunal por socavar la soberanía estadounidense.
Para el medio Just Security, sin embargo, la decisión es del todo inadecuada. “Estas medidas claramente han sido diseñadas para impedir, intimidar o influenciar a los funcionarios de la CPI involucrados en las investigaciones de Afganistán y Palestina con el fin de impedirles que cumplan con sus funciones o tomar represalias en su contra en caso de que las cumplan”.
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Reacción de la Corte Penal Internacional
Las medidas coercitivas de Washington “solo sirven para debilitar nuestro esfuerzo común de luchar contra la impunidad de las atrocidades en masa”, dijo en un comunicado el presidente de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, O-Gon Kwon.
“Respaldamos tanto a la corte como a su personal, así como a quienes cooperan con ella en la implementación de su mandato judicial”, añadió el alto funcionario.
Recordó que el tribunal con sede en La Haya “es complementario a las jurisdicciones nacionales”, es decir, que no intervendría si Estados Unidos investigase los supuestos crímenes de guerra cometidos por sus tropas en Afganistán.
O-Gon Kwon hizo un llamamiento para que los 123 países que forman parte de la corte “reiteren su compromiso” con la institución judicial para que ésta “preserve su integridad sin que se vea intimidada por cualquier medida o amenaza contra la corte y sus funcionarios, su personal y sus familias”.
Asimismo, anunció que la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, el órgano legislativo de la CPI, se reunirá próximamente para analizar las sanciones anunciadas por Washington.
La comunidad internacional rechaza la decisión
Se espera que la decisión de Washington provoque una fuerte reacción de la comunidad internacional, que ya expresó preocupación en junio, cuando Trump autorizó sanciones contra miembros de la CPI.
Entonces, la Unión Europea (UE) urgió a Washington a dar marcha atrás y, además, 67 de los 123 estados del tribunal emitieron un comunicado conjunto en el que mostraban su “apoyo inquebrantable” al organismo frente a las agresiones de Trump. “Estamos del lado de la CPI y no nos sentimos felices de ver pasos que van en contra de las actividades de ese tribunal”, dijo a la prensa en Bruselas el vocero de la UE para asuntos exteriores, Peter Stano.
De acuerdo con el portavoz, la UE “se opone firmemente a todas las tentativas de socavar el sistema internacional de justicia penal, obstaculizando la acción de sus principales instituciones”. Añadió, además, “que en todo el mundo se registran crímenes contra la humanidad, que siguen siendo cometidos. Es absolutamente necesario que se haga justicia a nivel internacional (...) La CPI es un actor clave para luchar contra la impunidad”.
Este miércoles, poco después del anuncio, Amnistía Internacional (AI) pidió en Twitter a los 123 estados que forman parte del tribunal que usen su “poder colectivo” para hacer frente a las “vergonzosas” sanciones de EE.UU. contra Bensouda. “Una respuesta firme y unificada debe incluir medidas prácticas urgentes para anular los efectos de las sanciones en el personal y las operaciones de la corte”, subrayó AI.
Entretanto, Human Rights Watch (HRW) pidió a la CPI que haga todo lo posible para garantizar que “nadie está por encima de la ley”, en palabras de Balkees Jarrah, una de las encargadas de justicia internacional en la ONG.