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Cinco días después de que la Casa Real española anunciara la decisión del rey emérito, Juan Carlos I, de trasladarse a vivir fuera de España se mantiene el misterio sobre cuál es su nuevo destino, que según las especulaciones comenzó siendo Portugal, después República Dominicana, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) e incluso algún medio de comunicación apuntaba hoy a que podría estar en Nueva Zelanda.
La novedad este sábado en las portadas de la mayoría de los digitales españoles es una fotografía, publicada por el portal "Nius", en que se ve a Juan Carlos de Borbón, con mascarilla, descendiendo por la escalerilla de un avión supuestamente en el aeropuerto de Abu Dabi, lo que confirmaría la presencia del exjefe del Estado español en tierras emiratíes.
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La imagen también corroboraría la información publicada este jueves por el diario ABC, que situaba al rey emérito español, de 82 años, en esa ciudad árabe, ubicada a 5.600 kilómetros de Madrid, donde tiene numerosos amigos, aunque de momento ninguna autoridad local lo ha confirmado.
Según ABC, Juan Carlos I tomó un avión privado el pasado lunes por la mañana en el aeropuerto de la ciudad de Vigo (Pontevedra, noroeste de España) y llegó por la tarde a Abu Dabi, donde permanece alojado en el hotel Emirates Palace, un lujoso complejo en el que había estado en otras ocasiones.
El mismo periódico había asegurado días antes que el padre de Felipe VI, el actual monarca español, se había cobijado en la República Dominicana, en un complejo turístico en la localidad de La Romana, y otro medio, el diario digital El Confidencial, lo ubicó luego en Portugal.
Ninguna de estas versiones ha sido confirmada por la Casa Real, que se mantiene en silencio, como también lo está el Gobierno español, después de que el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, afirmara el pasado martes en una comparecencia ante los medios no saber dónde se encontraba el rey emérito a pesar de haber sido informado de su decisión de abandonar España.
Juan Carlos I comunicó el pasado lunes a su hijo el rey Felipe VI su decisión de vivir fuera de España ante las informaciones publicadas en las últimas semanas sobre sus presuntos negocios ocultos en Suiza, que amenazaban con deteriorar la imagen de la monarquía en el país.
Familia real de vacaciones
Mientras tanto, la atención mediática se centra ahora en el inicio de las vacaciones estivales de los reyes Felipe VI y Letizia, que junto a sus dos hijas, la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía, llegaron ayer viernes a la isla mediterránea de Mallorca.
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La incógnita sobre el paradero de Juan Carlos de Borbón ha motivado que periodistas e informadores gráficos, en un número mucho mayor que en años anteriores, se hayan congregado a las puertas del Palacio de Marivent, la residencia de verano desde hace años de la Familia Real española, para dar cuenta de su llegada.
Allí los reyes se han encontrado con la reina emérita Sofía, que llevaba varios días en la isla junto a su hija, la infanta Elena, y su hermana Irene de Grecia.
No habrá encuentro con la prensa, cancelado este año por la pandemia de coronavirus, por lo que se desvanece la posibilidad para la prensa de intentar arrancar algún detalle sobre dónde está el rey Juan Carlos.
Efectos colaterales
La polémica por los presuntos negocios ocultos de Juan Carlos I y su marcha de España ha generado como efecto colateral que algunos municipios españoles hayan retirado el nombre del rey emérito de su callejero y de algunos símbolos, mientras que en otros se han hecho peticiones para tomar medidas similares.
Frente a la corriente desatada en algunos consistorios, gobernados por partidos de izquierda o nacionalistas, otros han optado por frenar cualquier intento de borrar la huella del anterior jefe del Estado por respeto a su presunción de inocencia.
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En España, el nombre de Juan Carlos I está en al menos 637 vías públicas, entre calles, plazas o avenidas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Frente a los propósitos revisionistas, el Gobierno español prefiere no terciar al considerar que es un asunto que compete a las administraciones locales, como argumentó esta semana la vicepresidenta del Ejecutivo, la socialista Carmen Calvo.