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El derrocamiento del presidente de Sudán cayó como un balde de agua fría para muchos. Por eso Estados Unidos y los países europeos pidieron este jueves que el Consejo de Seguridad de la ONU analice mañana de urgencia la situación del país, teniendo en cuenta que el hecho puede desatar conflictos internos.
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Junto a Estados Unidos, la petición ha sido hecha por los cinco miembros de la Unión Europea (UE) que se sientan en el Consejo de Seguridad: el Reino Unido, Bélgica, Francia, Alemania y Polonia, según fuentes diplomáticas.
El movimiento llega después de que el Ejército sudanés derrocara este jueves a Al Bashir, poniendo fin a un Gobierno de 30 años que desde hace meses se enfrentaba a fuertes protestas en las calles.
Las Fuerzas Armadas sudanesas decidieron en la madrugada del pasado domingo que la represión de los cuerpos de seguridad había llegado ya demasiado lejos y se pusieron del lado de los manifestantes, que dos días antes habían acampado en los alrededores del principal complejo militar de Jartum para pedir su apoyo.
El ministro de Defensa de Sudán, el general Awad Ibn Auf, anunció hoy viernes que Al Bashir está detenido "en un lugar seguro" y que las Fuerzas Armadas han decidido comenzar un Gobierno transitorio de dos años.
A la espera de conocer los términos de esa junta militar, denominada Consejo Militar Transitorio, el ministro anunció la suspensión de la Constitución de 2005 y la disolución de la Presidencia, el Parlamento, el Consejo de Ministros y los gobiernos regionales.
En esos dos años "se preparará el ambiente para la transición pacífica de la autoridad", dijo Auf, quien afirmó que eso incluye el establecimiento de partidos políticos, la organización de "elecciones honestas" y la redacción de una "Constitución permanente".
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Asimismo, se ha ordenado la liberación "inmediata" de todos los presos políticos, el estado de emergencia durante tres meses y un toque de queda que se extenderá un mes y que estará en vigor desde horas de la noche hasta la madrugada.
Al Bashir está acusado por la Corte Penal Internacional (CPI) de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad en el conflicto de Darfur, donde murieron más de 300.000 personas y desde 2009 tiene una orden de arresto en su contra.