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Con el cabello recogido y sin rasgos de satisfacción, Cristina Fernández apareció en el Congreso diez minutos antes de las 5 de la tarde, dos horas menos en Colombia. Rodeada por su núcleo duro, la expresidenta de la nación se defendió. Es que ayer el país amaneció con una noticia fuerte, la viuda de Néstor Kirchner fue procesada por traición a la patria y encubrimiento agravado del atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelí en Argentina). Se trató del más grave atentado que sufrió este país, el 18 de julio de 1994, con 85 muertes y 300 heridos. Y para el juez Claudio Bonadío, la senadora recientemente electa dio órdenes secretas para beneficiar a los terroristas. Esa era la pista detrás de la que estaba el fiscal Alberto Nisman, fallecido el 18 de enero de 2015 en circunstancias poco claras que todavía se investigan.
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Bonadío pidió, además, el desafuero de Cristina, quien tenía que asumir su banca de senadora el 10 de diciembre. Por ahora no alcanzan los votos. La expresidenta habló de “cortina de humo” y “persecución política”. Responsabilizó al presidente Mauricio Macri. Habló frente a los periodistas, en una conferencia de prensa y no dejó de mirar los apuntes que tenía sobre una larga mesa. “Desde el punto de vista jurídico, esto es un despropósito, violan el Estado de Derecho y buscan dañar a los opositores; esto no tiene que ver con la democracia. No hay delito. Se juzgó y no hay causa. Bonadío lo sabe, el gobierno lo sabe, Mauricio Macri, también. En este auto de procesamiento sostiene que los atentados terroristas son actos de guerra, porque es la única manera que encontró en su particular mundo jurídico para traer de los pelos la figura de traición a la patria”, manifestó la mujer que estuvo doce años al frente de la Casa Rosada.
Para Bonadío, Cristina “impartió órdenes personalmente” con el objetivo de que los iraníes obtengan “la impunidad” necesaria y así lograran que “Argentina no lo señale como un Estado terrorista que promueve y financia organizaciones terroristas”. Así reza parte de la resolución, que consta con 365 páginas y a la que accedieron los medios nacionales e internacionales.
El magistrado asegura que, durante la investigación, se demostró “la responsabilidad penal de los funcionarios y ciudadanos argentinos que negociaron, participaron, acordaron y coadyuvaron a lograr los objetivos de una potencia extranjera, que está demostrado judicialmente que ordenó, organizó, financió e instigó dos actos de guerra en el territorio nacional, contra ciudadanos argentinos desarmados e inocentes, y que han sido declarados delitos de lesa humanidad”.
Bonadío llegó a esta conclusión después de la ronda de indagatorias que comenzó el 17 de octubre, casualmente Día de la Lealtad peronista, cuando declaró el excanciller Héctor Timerman, y terminó el 26 de ese mismo mes con la comparecencia de Cristina. Entre uno y otro, pasaron por el despacho del juez federal el espía Ramón Allan Bogado, el exsecretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y otros exfuncionarios del riñón K.
De acuerdo con la investigación del fiscal Gerardo Pollicita, hubo un plan criminal destinado a dotar de impunidad a los acusados iraníes, en desmedro de las víctimas. En ese sentido, ya habían sido detenidos en la madrugada y por la mañana el exsecretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; el expiquetero Luis D'Elía y el dirigente de origen libanés Yussuf Khalil. El exlíder de Quebracho Fernando Esteche se entregó cerca del mediodía. Bonadío también procesó al excanciller Timerman.
Cristina afronta su cuarto procesamiento en la justicia federal. Ya estaba acusada por asociación ilícita, lavado de dinero, negociaciones incompatibles y defraudación al Estado. Muy a pesar de esta coyuntura, había sacado 3’500.000 votos en la provincia de Buenos Aires con Unidad Ciudadana, el nombre que pergeñó para su partido en la búsqueda de despegarse del Frente para la Victoria, el partido ligado al kirchnerismo.
“Siguen adelante estas maniobras de persecución inédita en un ámbito democrático. Degradan a la justicia y señalan a Macri como el máximo responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición, para aquellos que no comulgan con sus ideas”, dijo Cristina. Y aceptó el ida y vuelta de preguntas y respuestas con los cronistas de la televisión. Siempre acompañada, claro, por referentes de su espacio político. Entre ellos, Daniel Filmus, Daniel Scioli, Gabriela Cerruti, Gabriel Mariotto, Julián Domínguez y los más radicales miembros de La Cámpora, la agrupación de jóvenes militantes que adoran a la Jefa, tales son los casos de Andrés Larroque y Wado De Pedro, entre otros presentes.
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La mejor noticia que tuvo la exmandataria el pasado jueves fue la pronunciación de Miguel Angel Pichetto, jefe del interbloque Argentina Federal. "En esta instancia procesal no hay ningún impedimento para que la justicia avance. La gran mayoría considera que no procede el desafuero", sostuvo Pichetto. Su mirada y la de los senadores es determinante porque los 25 miembros de ese espacio pueden desarticular cualquier votación de un pedido de desafuero en el recinto del Senado. No será fácil dejar sin poderes a Cristina porque ella, además, controla otros ocho senadores. Y una potencial detención agitaría aún más el clima caldeado que se vive por estos tiempos.
La muerte de Santiago Maldonado, que tuvo al país en vilo durante tres meses; el submarino ARA San Juan, que se perdió en las profundidades del mar argentino con 44 tripulantes; los cruces de la Gendarmería con los Mapuches en Mascardi, una localidad ubicada a 35 kilómetros de Bariloche… Situaciones que generaron una convulsión social. Sumados a la reforma laboral y previsional que acapara críticas, los piquetes que hacen un caos del tránsito de la ciudad y los tarifazos, el Gobierno intenta hacer equilibrio.
La expresidenta acusó a Macri, justamente, de montar esta “persecución política” para tapar un escenario complicado a dos años de cumplirse su asunción en la Casa Rosada. Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, comentó: “Si la llevan a Cristina presa, qué quilombo se va a armar”. Sonó amenazante. En contrapunto, Graciela Ocaña, diputada nacional por Cambiemos, pidió que “el Senado no sea un aguantadero de corrupción. Es urgente el tratamiento del Congreso para que se le quiten los fueros a Cristina Fernández de Kirchner”. Por ahora, parece difícil. Tanto como que se calmen las aguas que bajan turbias por estas latitudes en el último mes del año. Argentina está colapsada políticamente.