El colombiano que logró detener su deportación de Estados Unidos

Juan, su esposa Yahaira y su hijo de 14 meses. / Archivo particular

En la vida de un indocumentado sólo hay dos miedos más grandes que la muerte. Uno, el fallecimiento de un ser querido al cual no se puede volver a la tierra para enterrar, y el segundo, verse enfrentado a la realidad de tener que dejar su nueva vida por culpa de una deportación.

Para Juan Vivares, un paisa de 29 años, en seis años de indocumentado en los Estados Unidos le tocó enfrentar esos dos viacrucis.

El pasado 20 de marzo su vida se vino al piso cuando se presentó ante una corte en la ciudad de Nueva York, en medio de un largo caso que lleva para obtener asilo político. Fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Todo fue como en cámara lenta, cuando vi que los agentes de la migra me estaban deteniendo, sentí como si todo se acabara. Mi respiración paró. Fue aterrador, no se lo deseo a nadie. En lo único en que podía pensar era en mi hijo de 14 meses y mi esposa”, me dice Juan.

Para el colombiano, todo comenzó en 2011, cuando por razones de seguridad se vio obligado a huir de su natal Medellín. Cuando era estudiante de salud ocupacional se involucró con trabajos sociales que provocaron amenazas de muerte en su contra.

“O me iba o me mataban. Las amenazas de muerte en Medellín no se toman en broma”, añade Juan, quien decidió irse a Estados Unidos. Viajó a México y posteriormente cruzó la frontera por Texas, pero al poco tiempo de haberlo hecho fue detenido.

Pidió asilo. Luego de una entrevista con agentes migratorios, a quienes les contó de las amenazas de muerte en su contra, le permitieron su ingreso temporal a suelo estadounidense hasta que su caso fuera estudiado por un juez de migración.

“Sentimientos encontrados. Por un lado la felicidad de dejar ese pasado de violencia en Colombia y por el otro empezar una nueva vida. El problema es que no sabía el idioma. No tenía nada”.

Juan llegó a Nueva York, donde tenía conocidos y donde al poco tiempo comenzó a trabajar como indocumentado en lo que le saliera. A pesar de que tenía pendiente su caso de asilo político, la falta de papeles lo hizo vivir en las sombras.

En 2013, luego de aprender el idioma y de echar para adelante —a punta de empuje paisa, como confiesa— su caso de asilo político fue denegado. Entonces, sin dinero para pagar un abogado, acudió a una clínica de ayuda jurídica para indocumentados, con el fin apelar. Pasaron meses hasta que pudo recolectar los papeles para volver a presentar el caso. De esos días quedó una historia de amor, lo que, asegura, lo salvó recientemente de ser deportado. A su esposa Yahaira, ciudadana estadounidense, la conoció en una lavandería mientras trabajaba.

De esa historia de amor quedó un lindo matrimonio y un bebé en el camino. Para entonces ya habían pasado dos años más. Era el otoño de 2016 y a escasos días de las elecciones presidenciales, su asilo político fue negado nuevamente. “Tuve mucho miedo cuando supe que Donald Trump había ganado la Presidencia. Me corrió un frío por el cuerpo, sabía que mi probabilidad de ser deportado era mayor que nunca”, dice Juan.

Su abogada, Rebecca Press, del Central American Legal Assistance, con sede en Nueva York, presentó de inmediato una solicitud para detener la deportación en nombre de Vivares, la cual fue negada el pasado 20 de marzo.

“Desde la llegada de Trump al poder, las peticiones de asilo político son cada vez más difíciles de conseguir. La política en contra de los indocumentados termina en más y más casos de familias separadas”, explica la abogada.

Se logró lo imposible

Luego de su arresto, Juan estuvo más de dos semanas y media tras la rejas. Primero fue trasladado a Nueva Jersey y posteriormente a Texas, donde estuvo recluido un uno de los controvertidos centros de detención privados para indocumentados.

“Había mucha gente en mi condición. La diferencia es que yo estaba bendecido por tener un abogado y gente que estaba luchando por mi liberación en Nueva York”.

Yahaira, oriunda de República Dominicana y quien trabaja de celadora, se movilizó junto con su abogada y el sindicato BJ-32, al que pertenece, para iniciar una campaña en busca de la liberación de Juan.

“Desde que Trump comenzó con las deportaciones hemos visto algunos casos exitosos donde la presión de la comunidad ha logrado detener la deportación de algunos detenidos. Yo rogaba que se me hiciera el milagro”, explica Yahaira.

“Esta es una política racista. Tenemos a unas personas que le están dando asesoramiento a este presidente que no quieren a las minorías en esta nación”, afirmó la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, quien lideró, junto con cinco concejales de la ciudad, la defensora del pueblo Letitia James y el contralor municipal Scott Stringer, las labores para lograr la liberación de Vivares.

“Así fue como hicimos miles de llamadas a migración, contactamos a los congresistas y representantes por Nueva York, quienes se unieron a la causa. Cuando la comunidad exige, los oficiales escuchan”, explica la abogada de Juan. “La presión funciona”.

En general, explica la abogada, cuando un ciudadano pide la residencia para un esposo indocumentado, si esta es aprobada, el beneficiario puede solicitar un perdón provisional para volver a hacer el trámite consular y recibir el beneficio de la residencia permanente. “Eso fue lo que logramos: que nos dieran la posibilidad de presentar ese recurso para detener su deportación”.

Por el momento, Juan está de nuevo en su casa en el Bronx, junto a su esposa y su hijo, Christopher. Sin embargo, tiene un grillete electrónico que no le permite dejar el estado de Nueva York. De igual forma, cada mes tendrá que volver a reportarse con las autoridades migratorias hasta que se decida la suerte de su caso.

No obstante, los últimos anuncios del fiscal general, Jeff Sessions, detallando la cacería que se viene contra todo tipo de persona que haya cometido la mas mínima contravención de las leyes migratorias en Estados Unidos, hace pensar que la tormenta para Juan no ha pasado.

“La fiesta se acabó para los indocumentados en este país”, dijo el fiscal general esta semana, prometiendo, luego de pedir la bendición de Dios, que su departamento procesará hasta al último de los individuos que hayan incurrido en una falta, así esto signifique separar a miles de familias en todo el país.

“No somos delincuentes, ni asesinos. Somos padres de familia, gente buena. No es lo que se dice en la noticias. La mayoría de nosotros somos gente de bien. Lo triste es que ahora quieren sacarnos a como dé lugar”, añade Juan.

De los 430 detenidos en el último mes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), menos de la mitad tenían delitos graves. Gran parte de los que están siendo deportados son personas con visas vencidas, infracciones de tráfico y delitos menores.

Según su abogada, el proceso de Juan tomará meses hasta que se estudie la solicitud de perdón a través de la visa por matrimonio. De ser así, finalmente podrán solicitar la residencia permanente en los Estados Unidos.

“No sé lo que va a pasar, mi destino todavía no está escrito. Por el momento voy a aprovechar cada momento que tengo lleno de amor con mi hijo y mi esposa. Colombia es mi país, pero mi corazón está aquí con mi familia. Ojalá esta no sea destruida para siempre”.