El Esequibo: el territorio que se disputan Venezuela y Guyana desde hace más de un siglo

La disputa territorial entre Guyana y Venezuela se remonta al siglo XIX. /EFE

Quienes estén familiarizados con el mapa territorial de Venezuela habrán notado que en el este del país, en la frontera con Guyana, hay una zona que está dibujada con unas rayas diagonales, acompañada con la leyenda de “zona en reclamación”.

Se trata de la Guayana Esequiba, un extenso territorio, de 159.542 kilómetros cuadrados, rico en minerales y bosques, incluyendo una zona marítima con recursos petroleros, cuya soberanía reclaman tanto Guyana como Venezuela desde hace décadas.

En todos los mapas venezolanos, la región aparece como una parte más del país bolivariano, aunque en ocasiones se muestra rayado como territorio en reclamación. Lo mismo sucede en los planos geográficos que se estudian en las escuelas guyanesas, pero a la inversa: en Guyana, no dudan. El Esequibo es suyo, sin distinción de ningún tipo.

La histórica disputa territorial entre ambos países volvió a los titulares de prensa en los últimos días, luego de que el pleito llegara a los tribunales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el pasado 30 de junio.

En la audiencia, Guyana argumenta que su reclamo por el control de esta zona quedó claro en 1899 con el Laudo arbitral de París, que falló a favor de la Guayana Británica, entonces colonia del Reino Unido en Sudamérica.

Pero Venezuela boicoteó el martes la sesión, pues de acuerdo con Caracas esta disputa no puede ser examinada por el alto tribunal de la ONU.

“Respetuosamente le informamos que puesto que Venezuela no aceptó la jurisdicción de la Corte (...) La República Bolivariana de Venezuela no participará” en la audiencia, comunicó el presidente Nicolás Maduro.

Caracas reclama casi dos tercios del territorio de Guyana como “propios”. Es quizás el único aspecto en el que están de acuerdo el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.

Un poco de historia

En la resolución del Laudo Arbitral de París de 1899 participaron dos jueces británicos, dos estadounidenses y uno ruso y se decidió que la Guayana Esequiba, que formaba parte de la provincia española dependiente de la Capitanía General de Venezuela, debía pertenecer al Imperio Británico.

Pero 63 años después del fallo de París, Venezuela desconoció la frontera establecida entre su país y la entonces Guayana Británica aduciendo que la sentencia era “nula e inválida”.

En 1962, cuando Guyana se preparaba para su independencia, Caracas escribió una carta a Naciones Unidas en la que se refirió al asunto de la frontera como “una larga controversia”, alegando que el laudo fue resuelto de manera fraudulenta, ya que supuestamente hubo complicidad entre los delegados británicos y el juez ruso que determinó el fallo.

Finalmente, en 1966, el Reino Unido y Venezuela firmaron el Acuerdo de Ginebra para resolver la controversia. Allí, quedó establecido que el diferendo quedaba sometido a un procedimiento de negociación directa, con una cláusula según la cual, a falta de acuerdo, el Secretario General de Naciones Unidas decidiría el procedimiento de solución pacífica.

La República de Guyana, que se independizó meses después, heredó esa resolución.

Pero con este acuerdo, nace la principal disputa. Para Venezuela, el de Ginebra anula el laudo de París, mientras que para Guyana es apenas un marco en el que llegar a un acuerdo, ‘un acuerdo para llegar a un acuerdo’. En todo caso, se mantiene el ‘statu quo’ previo.

Las dos partes decidieron dos décadas después acudir a la ONU, que en 1989 aceptó intermediar manteniendo el Acuerdo de Ginebra como marco para la resolución del conflicto.

La ONU se harta

Después de que en 2015 la petrolera estadounidense Exxon Mobil hallara un importante yacimiento en la parte marítima del territorio reclamado, la disputa entre ambos países se reavivó, se generó un revuelo diplomático y finalmente se decidió resolver el conflicto a través de los mecanismos de buenos oficios de las Naciones Unidas.

Sin embargo, el 30 de enero de 2018, la ONU consideró agotada su gestión y su secretario general, Antonio Guterres, propuso llevar el caso a la CIJ, donde se encuentra ahora.

Tras esa decisión, Guyana manifestó su disposición de someterse a la Corte, no así Venezuela que notificó a las Naciones Unidas que su país no participaría en el proceso, pues no reconoce a la CIJ una jurisdicción para dirimir el caso.

Esto, sin embargo, puede ser peligroso para los intereses de Venezuela, de acuerdo con Julio Londoño Paredes, decano de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y U rbanos de la Universidad del Rosario y exministro de Relaciones Exteriores de Colombia.

“Ante la ausencia de Venezuela, Guyana podrá pedir a la Corte que falle a su favor. Eso podría conducir a que el alto tribunal resuelva, que el territorio que Venezuela denomina “en reclamación” -las dos terceras partes de Guyana- que por muchos años ha sido una causa nacional, es de Guyana”, explica Paredes en una columna de opinión en la Revista Semana.

El recurso al que nombra Paredes no es otro que el artículo 53 de la CIJ, el cual establece que ‘cuando una de las partes no comparezca ante la corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la corte que decida a su favor’.

“Maduro podría tener una compleja derrota internacional, en un asunto de alta sensibilidad en ese país”, argumenta Paredes.

Audiencia sin Venezuela

El 30 de junio, el tribunal con sede en La Haya vivió una sesión en la que buena parte de las intervenciones se sucedieron a través de videoconferencias, una medida excepcional tomada en el marco de la pandemia de coronavirus.

Los abogados de Guyana hicieron un recorrido histórico de la controversia y se centraron en su interpretación de dos documentos que han definido las relaciones entre Caracas y Georgetown: el Laudo Arbitral de París de 1899 y el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Según el abogado de Guyana Paul Reichler, este último acuerdo le daba a la ONU la potestad de “enviar la disputa a la CIJ”, algo que sucedió en enero de 2018, cuando el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres recomendó llevar el caso al tribunal con sede en La Haya.

“Guyana tiene la esperanza de que la CIJ asuma lo indicado por el Secretario General de la ONU”, dijo otro de los letrados de Guyana, Philippe Sands.

Tras la presentación de sus argumentos, los representantes de Guyana confían en que el alto tribunal pueda dirimir el desacuerdo entre los dos países latinoamericanos. Los jueces, tras deliberar, comunicarán en las próximas semanas o meses si se declaran competentes para juzgar el caso.

Sin embargo, Venezuela, a través de su canciller Jorge Arreaza, manifestó que, sea cual sea la decisión, no será acatada.

”La CIJ carece de jurisdicción para considerar la absurda solicitud unilateral presentada por Guyana sobre la validez del laudo arbitral de 1899″, ha dicho en Twitter, recalcando que “el Acuerdo de Ginebra es el único marco jurídico válido para procurar un arreglo mutuamente satisfactorio para ambas partes”.