El Espectador le explica: el conflicto que desangra a Papúa Nueva Guinea, ¿en qué consiste?

Un brutal ataque en un pequeño poblado de Papúa Nueva Guinea (Oceanía) dejó el pasado lunes más de 18 personas desmembradas, unos de los peores crímenes en la historia del país. La masacre podría deberse a una guerra interna entre tribus locales que se vive en el territorio desde hace siglos, en parte por el abandono estatal.

Los cuerpos de las víctimas fueron cubiertos de anjeos y subidos al monte mientras pasaba el peligro. AFP

En los últimos días la isla de Papúa Nueva Guinea, vecina de Australia, vive una de las peores tragedias de su historia. Todo empezó el pasado sábado cuando, según autoridades locales, seis personas fueron asesinadas mientras regresaban de participar en una ceremonia tradicional en la localidad de Peta, ubicada en la provincia de Hela. Los familiares de las víctimas, quienes pertenecían a otra tribu, habrían hecho lo mismo con 18 personas cercanas a los responsables, entre las que había mujeres y niños, según dijo el jefe de Policía de Hela, Teddy Augwi. El crimen solo refleja el profundo conflicto social que vive el país. 

Si ya los asesinatos de los niños y mujeres -entre ellas dos embarazadas- es terrible, el método en que lo hicieron es aún peor. Philip Pimua, el oficial encargado de Karida, una pequeña población de apenas 800 personas al que pertenecían las víctimas, relató la escabrosa escena: "Me levanté por la mañana, fui a hacer fuego en mi cocina, y en ese momento escuché el sonido de las armas, luego vi que algunas de las casas se estaban quemando, así que supe que los enemigos ya están dentro de la aldea. Simplemente me escapé y me escondí en el monte. Luego, más o menos a las 9 o 10 de la mañana, volví y vi cuerpos cortados en pedazos y casas quemadas".

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A pesar de que esa era su gente, y por lo tanto la conocía bien, fue difícil identificar a todas las víctimas, según aseguró Pimua: “Fueron cortados en pedazos. Algunos tenían partes del cuerpo que no pudimos reconocer. Únicamente podemos reconocer las caras, pero las piernas, las manos son imposibles". Tras el brutal ataque, lo único que pudo hacer el oficial junto con el resto de la población fue recubrir los cuerpos en anjeos y subirlos al monte mientras se aseguraban que no había peligro en la aldea. El día de hoy siguen esperando a la Policía para que los escolte y así poder quemar los restos de sus víctimas. 

La escalada de violencia fue recibida con dolor por parte del primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, quien no solo lamentó los hechos sino que además soltó amenazas directas contra los responsables: "Es uno de los días más tristes de mi vida. (...) En memoria de los inocentes que continúan muriendo en manos de criminales armados. A todos los que tienen armas, matan y se esconden detrás de la máscara de la comunidad, aprenda de lo que haré con los criminales que mataron a personas inocentes ... Voy por ustedes". 

El mandatario aseguró que desde hace un tiempo lleva pidiendo refuerzos policiales en la zona, pero que nadie ha acatado las órdenes. “¿Cómo puede una provincia con 400.000 personas funcionar con menos de 60 policías?”, escribió en su cuenta de Facebook. Sin embargo, el mensaje no encontró apoyo en sectores de la población, la cual asegura que esa no es la solución del conflicto. 

Por su parte, Ahmad Hallak, jefe de la misión de la Cruz Roja en Papúa Nueva Guinea, afirmó: "Estamos muy preocupados por los informes de que mujeres y niños han sido asesinados. (...) Estamos monitoreando la situación de cerca y estamos en contacto con nuestras fuentes en el área. Una vez que podamos confirmar que la situación se ha estabilizado, un equipo de la Cruz Roja visitará la zona para evaluar las consecuencias humanitarias de los combates antes de decidir sobre una posible respuesta ".

¿Qué está ocurriendo?

Si bien todavía hay confusión sobre la identidad de los perpetradores del crimen, todo apunta a que habría sido parte de un conflicto tribal. El tema no es de poca monta, teniendo en cuenta que las tribus de la región de las Altas Tierras del país, el cual es rico en recursos naturales, libran una batalla desde hace siglos. Los enfrentamientos, además, se han vuelto más mortíferos con la llegada de armas automáticas. 

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) es una de las entidades que ha intervenido en el área en 2017 para buscar espacios de reconciliación entre las tribus. Durante dos días se realizaron talleres en los que participaron profesionales jurídicos, de la policía, coordinadores de desastres y administradores de distrito involucrados en la mediación de conflictos y el logro de la paz.

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Los núcleos de violencia, sin embargo, son varios. Desde el año pasado Aministía Internacional (AI) advirtió sobre la situación y señaló que, además de los conflictos internos, preocupa la violencia contra las personas que solicitan asilo en Australia que, por una ley interna de ese país, deben esperar en otro país hasta que se defina su proceso. Los resultados de la medida han sido fuertemente cuestionados por organizaciones como AI o Médicos sin Fronteras. 

Al menos en Papúa Nueva Guinea se han denunciado abusos a esta población por parte de las autoridades locales. “Más de 800 refugiados y solicitantes de asilo seguían atrapados entre 2017 y 2018 en Papúa Nueva Guinea,  a donde las autoridades australianas los habían enviado por la fuerza. La muerte de dos refugiados con problemas mentales graves suscitó preocupación por la calidad de la atención médica”, aseguró AI.

La violencia de género también es un problema importante. De hecho, la organización denunció el año pasado dos casos puntuales que mostraban la dimensión de la denuncia. El primero se refería a la muerte de la periodista Rosalyn Albaniel Evara el 14 de octubre de 2017. “Sus familiares y amistades cercanas afirmaron que había sido víctima de violencia intrafamiliar. Al final del año no se habían presentado cargos”.

El otro ocurrió en noviembre del 2018, cuando una niña de seis años sufrió, según AI, “cortes y quemaduras como consecuencia de de brujería en Enga. Su madre, Kepari Leniata, había muerto quemada en público en la ciudad de Mount Hagen en 2013, hechos por los que nadie había respondido ante la justicia”. Según la organización, las autoridades no investigan adecuadamente ni emprenden acciones judiciales en los casos de violencia tras acusaciones de brujería debido a que las creencias tradicionales están “profundamente arraigadas entre los agentes de policía y en la comunidad”.

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2019-07-31T15:50:18-05:00

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Nicolás Marín Navas

El Mundo

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