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¿Qué pasó?
El mandatario de Paraguay, Mario Abdo Benítez, sufre su mayor desgaste político desde que accedió a la Presidencia, hace un año, a consecuencia de un acuerdo energético con Brasil que la oposición ha denunciado por su presunto carácter secreto y como una entrega de la soberanía nacional.
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El acta bilateral firmada en mayo fue conocida por la opinión pública solo hasta la tarde del miércoles y de forma abrupta, ya que su divulgación se dio junto a la renuncia de Pedro Ferreira, presidente de la compañía de Administración Nacional de Electricidad (Ande), quien se negó a firmar esa acta junto con Fabián Cáceres, gerente técnico de la Ande, que también presentó su renuncia.
Cáceres declaró a los medios locales que los técnicos de la Ande fueron apartados de esa negociación con la brasileña Electrobas y sustituidos por representantes de la Cancillería, y añadió que el acuerdo tendrá un sobrecosto para Paraguay de unos 250 millones de dólares.
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El asunto de la hidroeléctrica de Itaipú es sensible para los ciudadanos ya que su construcción requirió de la anegación de gran parte del lado paraguayo y la mayor parte de energía producida va a Brasil.
Además, nuevas publicaciones de la prensa este miércoles acerca del posible involucramiento del vicepresidente, Hugo Velázquez, en las negociaciones que habrían desfavorecido a Paraguay atizaron el debate y las amenazas de juicio político.
Tras el escándalo, la oposición ha acusado al mandatario, Abdo Benítez, de entreguismo con el gobierno de su homólogo, Jair Bolsonaro, y de firmar un acuerdo “extorsivo” e” indignante” para los derechos de los paraguayos.
La hidroeléctrica Itaipú, construida sobre el caudaloso río limítrofe Paraná, 360 km al noreste de la capital paraguaya, produce 14.000 megavatios y es considerada la segunda más grande del mundo después de la Tres Gargantas de China.
Brasil consume el 93% de la energía. Paraguay, que consume 7% de Itaipú, vende su excedente a su socio y vecino.
Después de 50 años, en 2023, ambos países deben revisar el tratado firmado en 1973 por los dictadores Alfredo Stroessner y Ernesto Geisel. Pero, un nuevo tratado implica la revisión del precio de la energía, que siempre se ha percibido en Paraguay como desfavorable para sus intereses.
Además, parece que el vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, habría influenciado a los negociadores paraguayos para que del acuerdo se excluyera un punto que permitiría comerciar energía en Brasil a la Administración de Electricidad de Paraguay (ANDE), y con ello dejar el campo abierto a firmas brasileñas en ese negociado.
El acuerdo pactado estipulaba nuevos términos para la contratación anual de la potencia energética de la hidroeléctrica. Sin embargo, lo polémico del asunto es que, pese a que el acuerdo fue firmado el pasado 24 de mayo, apenas se hizo público la semana pasada.
Aunque en un principio las negociaciones eran entre técnicos del Estado, el acuerdo fue finalmente gestionado por canales diplomáticos. Entre los puntos a los que se llegaron (y que generaron ruido en Paraguay al enterarse del pacto), está la exigencia de la parte brasileña de establecer un cronograma para la compra de energía a la hidroeléctrica hasta 2022, algo que no se había hecho en todos los años de acuerdo binacional.
Además, los montos de potencia media anual de la hidroeléctrica se incrementan en ese periodo de los 1.370 megavatios, en 2019, a 1924 en 2022, lo que conlleva a su vez un mayor desembolso. Por eso, tras el escándalo, el Gobierno dio marcha atrás el domingo con el anuncio de que el acuerdo quedaba sin efecto.
Un día después, el lunes, la crisis se evidenció con las dimisiones de Castiglioni y del embajador de Paraguay en Brasil, Hugo Saguier, quien encabezó las negociaciones en Brasilia. Ese día también presentaron su dimisión el director del lado paraguayo de la hidroeléctrica de Itapú, José Alberto Alderete, y Alcides Jiménez, que llevaba unos días como sustituto de Ferreira al frente de la ANDE; y este miércoles fue la dimisión de María Epifania González como titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El Partido Liberal, el mayor de la oposición, anunció este miércoles que impulsará un juicio político contra el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y contra el vicepresidente, Hugo Velázquez, ante la crisis que sufre el Gobierno.
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Los liberales vienen denunciando desde hace una semana ese acuerdo con Brasil como "entreguista", al considerar que se hizo en secreto y es lesivo para los intereses de Paraguay. Además, otros opositores llamaron la atención sobre que Abdo Benitez no hiciera ninguna mención a ese acuerdo el pasado 1 de julio, cuando compareció ante el Congreso para rendir el primer informe de Gobierno.
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Por esto, también se esperan movilizaciones para este viernes por parte de partidos y organizaciones sociales para lograr un escenario que transite hacía nuevas elecciones.
*Con información de EFE y AFP