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¿En qué consiste?
El proyecto de ley de reconciliación nacional que podría ser aprobado mañana en la Asamblea Legislativa de El Salvador es uno de los caminos más importantes que tiene el país centroamericano para pasar página al conflicto armado que vivió décadas atrás. El documento, cuya validez fue puesta en duda, sí cumple con la sentencia emitida por la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras la anulación en 2016 de la amnistía de 1993, afirmó el diputado Mario Ponce en una entrevista con Efe.
La Sala de lo Constitucional ha dado tres prórrogas a los diputados de la Comisión Política del Congreso, encargada del estudio y análisis de la ley, para crear el instrumento que debe de garantizar que se obtenga información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, la reparación de las víctimas y la provisión de los recursos necesarios para responder a las necesidades de la verdad y la justicia. Y es que la guerra interna en El Salvador enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
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El presidente del Parlamento del país centroamericano explicó que el proyecto de ley, que contiene 74 artículos, presentado el lunes a diputados de la Comisión Política fue elaborado por su equipo técnico con el apoyo de su asesor personal, un exprocurador de derechos humanos cuyo nombre no fue revelado, y un equipo de juristas especializados.
De acuerdo con Ponce, diputado de Partido de Concertación Nacional (PCN, centro derecha), el documento tiene como base la propuesta presentada por las víctimas de la guerra y organizaciones no gubernamentales que les apoyan. "Para elaborar esta propuesta se tomó la propuesta de las víctimas, que tenía 84 artículos, y el documento que elaboraron diputados de una subcomisión de la Asamblea (Legislativa) que contenía 40 artículos", dijo el parlamentario.
Señaló que "hicimos una función de los dos documentos, vimos las coincidencias, marcamos bien las diferencias y sobre eso se empezó a trabajar" y apuntó que de la propuesta de las víctimas "se tomó con base en un 90 %".
"Pedí a la Comisión Política que me dieran la oportunidad a mi equipo técnico de construir un solo documento, de los dos documentos que existían más los insumos, la comisión tomó a bien a que se construyera uno solo", señaló.
Ley sí cumple con sentencia de supremo
Ponce afirmó que el proyecto de ley "cumple con todos los aspectos de la sentencia de la Sala (de lo constitucional) para que los crímenes de guerra y lesa humanidad se investiguen y para que las víctimas tengan la protección debida".
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"Las leyes no son perfectas, se perfeccionan en el camino, y puedo asegurar que esta ley desarrolla de forma amplia la verdad, la justicia y la reparación", recalcó.
El líder del Congreso indicó que la normativa, apenas presentada ayer martes a las víctimas y a las organizaciones no gubernamentales, ya fue socializada con el cuerpo diplomático acreditado en el país y con otros sectores de la sociedad, que han aportado observaciones y recomendaciones. Subrayó que "estamos tratando de afinar detalles y estoy abierto a escuchar recomendaciones y observaciones, no estoy cerrado a ello, siempre y cuando no se trate de tijerear (despedazar) toda la ley".
"El compromiso de este servidor es darle al país una ley de reconciliación de justicia transicional que funcione, no hacer una ley que burle a la población y por eso tome como base el documento de las víctimas", sostuvo.
Ponce aseguró que el proyecto de ley será votado entre el jueves o el viernes, último día establecido por la Sala de lo Constitucional para la aprobación de la normativa, y señaló que no pedirá una prorroga más al Supremo.
El Congreso tiene hasta el 28 de febrero para aprobar la ley, según un último plazo dado por la Sala de lo Constitucional, entidad que en 2016 anuló una ley de amnistía de 1993 que impedía juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armando y ordenó al Legislativo crear una normativa que garantice el acceso a la Justicia de las víctimas.
La sesión para su aprobación se llevará a cabo en medio de denuncias de las víctimas y las organizaciones sociales, quienes aseguran que dicha ley es una "amnistía disfrazada" y que "protege solo a los victimarios". Las víctimas también han pedido al presidente Nayib Bukele que vete dicha normativa en caso que sea aprobada.
Polémica por condenas para victimarios
Una de las criticas realizadas por las víctimas y las entidades no gubernamentales al proyecto de ley presentado por Ponce es el establecimiento de penas para los involucrados crímenes de guerra.
Según el capitulo V artículo 66 de la ley, "el juez podrá reducir a la quinta parte la totalidad de las penas a imponer, previo a haber escuchado a las víctimas y si la persona procesada cumple con cualquiera de las siguientes condiciones: reconozca expresamente su grado de participación, pida perdón y colabore con el esclarecimiento de los hechos".
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Según el presidente del Congreso, la ley "es bien clara" y si "el victimario confiesa tendrá el derecho a la reducción de la pena, de lo contrario seguirá un proceso normal".
"Este esfuerzo lo estamos haciendo pensando en que se debe encontrar la verdad porque los familiares de la víctimas quieres ¿a dónde están sus familiares? y quieren saber ¿qué pasó?", agregó.